La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 está a punto de cerrar su investigación sobre presuntas irregularidades en la empresa colombo venezolana Monómeros, a través de un informe final.
Los diputados, encabezados por el presidente de la instancia Macario González, insistirán en la reestructuración de la directiva de la filial de Pequiven – si al momento de la presentación de las conclusiones no se ha producido – y recomendarán a la Comisión Delegada Legislativa declarar responsabilidad política de algunos señalados.
A falta de jurisdicción, los parlamentarios esperan que la justicia colombiana actúe y castigue a los supuestos responsables de los ilícitos detectados en la administración de Monómeros, tras las investigaciones la Comisión de Contraloría y de una comisión especial que viajó a Barranquilla, Colombia, donde está ubicada la sede de la empresa de fertilizantes.
El tema Monómeros ha dado mucha tela para cortar. Desde la intervención de la Superintendencia de Sociedades (SuperSociedades) colombiana hasta el triunfo del izquierdista Gustavo Petro, quien reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y parece dispuesto a «devolverle» el segundo activo más importante de la República en el exterior, aún no se conoce qué ocurrirá con la empresa después del 7 de agosto.
A continuación un recuento del caso, plagado de señalamientos y enfrentamientos, no solo entre el chavismo y la oposición, sino entre los mismos integrantes de la Delegada y de los diputados con las directivas de Pequiven y Monómeros.
El control del Gobierno interino
A partir de la juramentación del diputado (2015) de Voluntad Popular (VP) Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en enero de 2019 y la aprobación del Estatuto que rige la Transición hacia la Democracia, el Gobierno interino asumió el control de activos de la República en el extranjero, ayudado por el reconocimiento de países como Estados Unidos y Colombia. Entre tales activos están las filiales de Pdvsa y Pequiven, Citgo y Monómeros respectivamente.
El Estatuto de Transición faculta al presidente encargado para designar juntas ad hoc de activos en el extranjero y otros organismos del Estado como la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y el Banco Central de Venezuela (BCV).
En agosto de 2019 el Parlamento designó la a junta directiva ad hoc de Monómeros Colombo-Venezolanos, presidida por Carmen Elisa Hernández, junto a Jorge Yáñez, como gerente general; Javier Linares, Ramon Crespo, Guillermo Pérez, Nelson Della Rocca y Luis Hurtado.
Monómeros es considerado el segundo activo venezolano más importante en el exterior después de Citgo, con sede en EEUU. La empresa produce 50% de los fertilizantes que requiere el agro colombiano y representa 88% del mercado de abonos y fertilizantes en el Atlántico, según medios colombianos. De allí que su operatividad es muy importante para la economía del vecino país.
El mismo año, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de EEUU (OFAC) le otorgó a Monómeros su primera licencia que le permitió operar en los mercados internacionales sin ser afectada por las sanciones contra Pdvsa y sus filiales.
El medio La República reseñó en septiembre de 2021 que la compañía que provee productos químicos básicos e intermedios para el sector agropecuario, logró 1 billón de dólares en ingresos en 2020.
Intervención de SuperSociedades
El exrepresentante diplomático del gobierno interino en Colombia, Humberto Calderón Berti, fue el primero en denunciar, en 2019, la injerencia partidista en la junta directiva y administradora de la empresa.
Berti se refirió concretamente al fundador de Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales. Pero su denuncia no fue investigada ni por la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional electa en 2015, ni por el Centro de Gobierno. Berti salió del cargo a finales de 2019.
En septiembre de 2021 se da la intervención de SuperSociedades, mediante la resolución 2021-01-515418, la cual revela que la gerencia de Monómeros incumplió algunas de las obligaciones que guardan relación con el Sistema de Autogestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrlaft). Tampoco, se señaló, siguió instrucciones relacionadas con la adopción del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PEE).
El organismo técnico, encargado de la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles en Colombia, también argumentó que el flujo de caja de la compañía se proyectaba negativo a partir de agosto de 2021, que no tendría liquidez para seguir desarrollando su operación normal y que era probable que incumpliera con los pagos de sus obligaciones.
La deuda de Monómeros con los proveedores en el exterior ascendía a $129.649.177.602.
Supuestas irregularidades
A raíz de la medida de SuperSociedades, Carmen Elisa Hernández renunció al cargo por estar en desacuerdo con la intervención. Desde la Comisión Delegada se expresó que, pese a no compartir la acción del organismo, eran respetuosos de las leyes colombianas y se empezó a hablar de reestructuración de la directiva.
Asimismo, se comenzó a poner en entredicho la gestión de Guillermo Rodríguez Laprea como gerente general, nombrado desde el 26 de enero de 2021 por la Delegada. Su designación es atribuida a la influencia de la fracción de Acción Democrática (AD), así como la de la presidenta ad hoc de Pequiven, Diana Bracho.
La dirigencia del partido blanco ha hecho mutis con relación al tema, salvo para votar contra el primer acuerdo para la reestructuración de Monómeros junto a otros partidos como Primero Justicia (PJ) y UNT.
En 2021, trabajadores de Monómeros, en un comunicado público, denunciaron que la Gerencia General suscribió un contrato con una empresa panameña de nombre LionStreet Corp S.A en el que cedía el 60% de las ganancias a este socio.
El diputado de la fracción 16 de julio, José Luis Pirela, también alertó sobre el contrato, firmado el 30 de abril de 2021. Alertó que la compañía panameña era de “dudosa” reputación, debido que no tenía actividades registradas en la Cámara de Comercio de Panamá. Incluso aseveró que los representantes de LionStreet Corp S.A formaban parte de una «trama de corrupción».
El 28 de junio de ese mismo año, los firmantes dejaron sin efecto el contrato tras las denuncias ventiladas.
Bloqueo a la reestructuración
Ante las denuncias, la Comisión de Contraloría inició una investigación que luego fue desplazada -bajo protesta de sus integrantes – (octubre de 2021) por el nombramiento de una comisión investigadora integrada por los diputados Bibiana Lucas (PJ), Marco Aurelio Quiñones (VP), José Hernández (UNT), Yorman Barillas y Pirela. El grupo viajó a Colombia para reunirse con trabajadores y directivos de Monómeros, además de funcionarios del Gobierno neogranadino.
Contraloría ya había realizado una serie de interpelaciones que incluyó a Hernández y Rodríguez Laprea, entre otros funcionarios de Monómeros designados por el interinato.
El 5 de octubre de 2021, Guaidó presentó una primera propuesta de decreto de reestructuración de la junta directiva Monómeros que fue bloqueada por PJ tras alegar que no fue consultado. A finales de mes y luego de algunos retrasos, la diputada Lucas presentó en solitario un informe del trabajo de la comisión investigadora y sus hallazgos: conspiración para tomar Monómeros, corrupción y politización.
De acuerdo con Lucas, en el informe se solicita a la AN declarar la responsabilidad política del antiguo asesor y contratista de Monómeros Jorge Pacheco; del exgerente financiero William Otero, de nacionalidad colombiana y de Carmen Elisa Hernández, vinculados a la supuesta conspiración para tomar Monómeros a través de los acreedores. Diputados de la comisión como Pirela, objetaron el informe por considerar que evadía responsabilidades entre ellas las de Rodríguez Laprea y su gestión.
El 21 de noviembre de 2021, en un segundo intento de votación, se frenó indefinidamente el decreto 38 sobre la reestructuración de Monómeros de Guaidó. Esto con los votos de las fracciones políticas mayoritarias (AD, UNT, PJ y parte de VP) de la AN de 2015, que entre otras medidas, ordenaba la remoción de Rodríguez Laprea.
Retoma Contraloría
Ante la «inacción» sobre Monómeros y la necesidad de la extensión de la licencia de la Ofac, que supuestamente estaba sujeta al cambio de directiva, la Comisión de Contraloría retomó el caso Monómeros en mayo de este año.
Los diputados de 2015 insistieron en la reestructuración, pidieron explicaciones a Guaidó y realizaron una nueva ronda de interpelaciones y entrevistas que culminaron el 4 de junio con la intervención del asesor del Gobierno interino, Yon Goicochea.
En medio de la acción de Contraloría se produjeron varios hechos que vale la pena destacar. El diputado Pirela acudió el 25 de mayo a la Fiscalía General de Colombia, para denunciar a la actual directiva de Monómeros, por supuestamente incurrir en actos de corrupción. El parlamentario consignó 315 folios con denuncias y pruebas de diez supuestos delitos, a fin de que se realice una investigación.
La empresa respondió con una demanda penal en contra de Pirela por considerar que incurre en la generación de «pánico financiero» que afecta a Monómeros. Hasta el momento se desconoce el estatus de ambas acciones legales en el vecino país.
Directiva de Monómeros se defiende
También salió a la luz por un documento de la Cámara de Comercio de Barranquilla que reveló el nombramiento, sin consultar al Gobierno interino, de Nelson Rafael Della Roca y Hernando Celedón en sustitución de Carmen Elisa Hernández y Luis Hurtado, directores de Monómeros que renunciaron en 2021.
Durante su interpelación en Contraloría, la presidenta ad hoc de Pequiven, Diana Bracho, argumentó que las designaciones fueron una orden de SuperSociedades y admitió que no hubo comunicación de la medida a Guaidó ni a la Delegada.
Previamente el gerente general de Monómeros, Rodríguez Laprea, ofreció la misma explicación que Bracho y aclaró que los nombramientos eran provisionales, a la espera de que la AN haga la designación definitiva. Negó señalamientos de corrupción y aseguró que no se opone a la reestructuración del activo venezolano si se considera que «es lo mejor».
También declaró a Efecto Cocuyo que habían consignado los requerimientos necesarios para la renovación por parte de la Ofac de la licencia, a través de la embajada de EEUU para Venezuela, situada en Bogotá. Recalcó que no había motivos financieros ni administrativos para no extender la licencia.
Las quejas de Guaidó
Finalmente entre críticas, reproches de Guaidó y el voto salvado de Causa R, 16 de Julio, Proyecto Venezuela y Encuentro Ciudadano, las fracciones mayoritarias en la AN de 2015 aprobaron un «Acuerdo en relación al seguimiento, protección y defensa de los activos de la República en el extranjero recuperados por el Gobierno Encargado de Venezuela».
Esta decisión incluye la reestructuración de las juntas ad hoc de los activos en el exterior, entre ellos Monómeros.
Guaidó aprovechó la sesión de la Delegada del 14 de junio, para quejarse de un «sobre control parlamentario» sobre el Gobierno interino «que ha hecho imposible la reestructuración» de Monómeros hasta ahora.
Posteriormente y aunque la reestructuración no se había concretado, la Ofac extendió (28 de junio) la licencia a Monómeros hasta junio de 2023, con la salvedad de que podría estar sujeta a cambios si las condiciones en torno a la empresa variaban.
Aquí se hicieron evidentes las reservas por el triunfo de Petro en las elecciones presidenciales de Colombia que también comparten los diputados de 2015 y el procurador especial nombrado por Guaidó, Enrique Sánchez Falcón.
Provecho político
El gobierno de Nicolás Maduro y la AN de 2020 con mayoría del chavismo han aprovechado políticamente la situación de Monómeros. Tras señalar a Guaidó y el gobierno de Iván Duque de «robarse» la empresa de fertilizantes, incorporaron el caso a las investigaciones de una comisión especial sobre supuestos ilícitos durante la gestión del Parlamento de 2015.
El 3 de marzo de 2022, el presidente de la comisión, el disidente de PJ, José Brito, presentó un informe en el que también señala a Rosales como «responsable directo» de la «quiebra inducida» de Monómeros. Fue aprobado por la plenaria con la mayoría del chavismo.
Incertidumbre
El presidente de la Comisión de Contraloría, Macario González, dice desconocer si ahora la reestructuración de Monómeros esperará y dependerá de la decisión que tome el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro sobre la empresa.
Por ahora, advierte que factores políticos siguen obstaculizando un cambio de directiva, mientras Rodríguez Laprea se pone a la orden de la nueva administración del vecino país.
¿Qué ha dicho Petro sobre Monómeros? Durante la campaña electoral en Colombia, la fórmula para la vicepresidencia, Francia Márquez, denunció «quiebre de la empresa» que producía 50% de insumos agrícolas para Colombia y generaba 2.000 empleos directos, por parte de «politiqueros que se la entregaron a Guaidó».
Este 6 de julio, la prensa internacional reseñó una conversación entre Petro y Maduro en la que el primero expresó su disposición a devolver la administración de la empresa a Maduro para rebajar los precios de los fertilizantes en Colombia.
¿Qué es lo que más conviene a la economía de Colombia y a Petro? El diputado González señala que el nuevo mandatario del vecino país debe evaluar las consecuencias de cualquier medida sobre Monómeros, puesto que EEUU podría revocar la licencia de la Ofac si es devuelta a Maduro.
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
Publicado el: 2022-07-12 20:25:45
En la sección: Política – Efecto Cocuyo