En 10 años Maduro contribuyó a convertir el sistema de justicia en una máquina de impunidad

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) señaló que en los últimos 10 años “(Nicolás) Maduro contribuyó a convertir el sistema de justicia en una máquina para perpetuar la impunidad”.

“Cientos de trabajadores que luchan por salarios y contratos colectivos están en la mira de la represión”, cuestionan.

En una serie de tuits, la organización defensora de derechos humanos hizo referencia a lo que han significado 10 años de Maduro en el poder.

De acuerdo con datos documentados por Provea, 250 trabajadores y dirigentes sindicales han sido detenidos y/o judicializados durante el mandato de Maduro.

Violación de derechos humanos

“En diez años de gestión de Maduro, las abusivas prácticas policiales y militares –alentadas por la narrativa oficial y la impunidad estructural –, cruzaron una frontera que hasta hace unos años parecía impensable, y en la actualidad pudieran constituir crímenes de lesa humanidad”, advierte la ONG.

El próximo 20 de abril vence el plazo para que las autoridades venezolanas ejerzan su derecho a réplica ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI), luego de que el fiscal de este tribunal, Karim Khan, solicitara autorización para continuar la investigación

Provea contabilizó 40.351 violaciones al derecho a la integridad personal entre 2013 y 2023.

“En apenas diez años, Maduro se convirtió en una catástrofe para los derechos humanos. Policías y militares –de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana – asesinaron a cientos de personas, envalentonados por el discurso de la «mano dura» que dio pie a la masacre por goteo.

Desde el 2013 hasta el 2023, 9.465 personas fueron asesinadas por policías y militares, según el registro de la organización.

También hacen referencia a la explotación minera que ocurre en el Arco Minero del Orinoco: “Maduro no responde a los relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas (ONU) quienes han enviado trece preguntas sobre la situación de la población migrante, en particular de aquella que se ha dirigido hacia el Arco Minero del Orinoco (AMO)”.

“Los relatores de la ONU están preocupados por los asesinatos, los secuestros, los tratos crueles, las torturas, la esclavitud, la trata, la violencia sexual y de género, el derecho a la salud y más”, advierte Provea.