Gobierno venezolano tiene hasta el 20 de abril para responder al fiscal: qué sigue en la CPI

El 20 de abril vence el plazo para que el gobierno de Nicolás Maduro ejerza su derecho a réplica ante el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, luego de que el funcionario desestimara las razones del Ejecutivo para que el organismo internacional no investigue sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado venezolano.

El 1 de noviembre, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorización para continuar con la investigación. Posteriormente, el 1 de marzo de 2023 recibió observaciones de Caracas en la que pidió más tiempo para responder al fiscal a lo que este respondió el 31 de marzo que las «razones» del gobierno venezolano no aportaban nueva información.

La desestimación de Khan provocó una respuesta airada de Miraflores que le recriminó parcialidad política, lo que llevó a la Sala de la CPI a dar un nuevo plazo para que Venezuela responda mediante una réplica que no exceda 10 páginas.

Prórroga para el Estado

 El consultor de la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Simón Gómez Guaimara explicó a Efecto Cocuyo, que Venezuela solo puede responder hasta el 20 de abril lo relativo al elemento de competencia de la CPI para conocer los sucedido en Venezuela durante 2017.

«El Gobierno de forma lamentable niega violaciones de derechos humanos, considera que no son crímenes de lesa humanidad y que los hechos por los que se le señala no tienen la gravedad suficiente para ser conocidos por la CPI. Ante ello, el fiscal respondió que no es algo que puede objetar en este momento del proceso sino sobre los juicios y la investigación en atención al principio de complementariedad».

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El abogado, experto en Derecho Internacional, destacó que una nueva réplica no estaba prevista en el proceso pero que la Sala, de manera excepcional, le dio una nueva oportunidad al Estado venezolano. Admitió que hay una estrategia de Miraflores de retrasar el proceso a través de tácticas como las réplicas.

Destacó que en sus actuaciones en el caso Venezuela, el fiscal Khan podría estar jugando en dos niveles, el del proceso en la CPI y el de asistencia interna a Venezuela para lograr que haya juicios por violaciones de derechos humanos, aunque recordó que la oficina técnica de la Fiscalía de la Corte, anunciada hace un año, aún no funciona.

Prórroga para las víctimas

La ONG Provea alertó el 13 de marzo, que más de 2.000 formularios y videos de víctimas de violaciones de derechos humanos fueron enviados a la CPI para la consulta sobre reanudar o no la investigación por crímenes de lesa humanidad, caso Venezuela I.

Dado el volumen de la información, la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó a la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones (VPRS por sus siglas en inglés) una prórroga hasta el 20 de abril 2023, para analizar y transmitir los formularios y videos ya recibidos hasta el 7 de marzo, junto al informe final consolidado que usará la Sala para decidir si autoriza o no la continución de la investigación.

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Vale recordar que la investigación formal contra el Estado venezolano fue anunciada por Khan tras una reunión con Maduro en Miraflores, el 3 de noviembre de 2021, tras había concluido que «existían motivos razonables» para creer que los diversos crímenes cometidos en Venezuela al menos desde el 2017, incluyendo tortura, persecución, detenciones arbitrarias y violencia sexual, eran parte de un ataque generalizado o sistemático cometido por autoridades nacionales y particulares (colectivos).

Luego de una apelación del Estado venezolano, Khan pidió seguir con el proceso en noviembre de 2022.

¿Cuál será la respuesta de la Sala?

Vencido el plazo, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI deberá responder a la solicitud del fiscal de continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad. No hay plazos estimados pero Gómez hizo referencias a los procesos en Filipinas (caso guerra contra las drogas) y Afganistán (conflicto armado) en los que la Sala tomó la decisión en seis semanas sin que hubiera prórrogas como las otorgadas al Estado venezolano.

«No sabemos cuál será la respuesta de la Sala pero es importante el hecho de que los argumentos de Venezuela no resultaron suficientes para el fiscal, no lo convencieron, por lo que la Sala debería decidir a favor de su solicitud de continuar la investigación. Las expectativas son altas, a favor de las ansias de justicia de las víctimas y que no encuentran en Venezuela», resaltó.

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El gobierno de Maduro, vía Asamblea Nacional de 2020, inició una serie de reformas de leyes relacionadas con el sistema de justicia en el país para garantizar, según se aseguró, el respeto a los derechos humanos. Al respecto, Gómez acotó que no resultan suficientes y que el Estado perdió la oportunidad de iniciar juicios contra presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad para demostrar a la CPI que sí estaba actuando. La consecuencia, recalcó, es que no podrá incidir a su favor en la decisión de la Sala.

Una vez que la Sala decida, seguramente la Fiscalía General apelará por el Estado venezolano.

¿Habrá órdenes de captura?

Sobre las expectativas de órdenes de captura contra presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela por parte de la CPI, Gómez aclaró que no se producen al culminar la investigación sino durante y que en caso de presentarse el señalado, el fiscal tendría que probar más allá de toda duda razonable que es responsable.

En el caso de la Guerra contra Ucrania, el abogado señaló que las órdenes de captura contra el presidente ruso, Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova, comisaria para los Derechos de la Infancia de la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, se han producido con rapidez y se esperan más, pero en el caso de la investigación en Georgia (conflicto armado con Rusia) se demoraron 5 años.

Se considera que dichas órdenes son de difícil cumplimiento por cuanto no hay una ley de cooperación en Venezuela que delimite cada una de esas actuaciones y la Corte no cuenta con órgano policial. Para la culminación de la investigación, acotó el abogado, «no hay una regla de tiempo».