La proximidad de procesos electorales en Venezuela es sinónimo de radicalización en las filas del chavismo; más si está en juego el ejercicio del poder desde Miraflores, de acuerdo con la opinión de analistas políticos. También ocurre posterior a los comicios, si estos son ganados por los adversarios.
Que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declare en desacato al Parlamento tras haberlo ganado la oposición en 2015; que el máximo juzgado anule elecciones en el estado Barinas porque el chavismo perdió; que haya nombrado protectores en regiones gobernadas por los adversarios; designado a un Poder Electoral con Elvis Amoroso como presidente y repetir la fórmula del TSJ contra las primarias en las que ganó una candidata, que, según sondeos, es capaz de derrotar a Nicolás Maduro en 2024, son también una muestra de ello.
«No esperemos que se conviertan en ovejas mansas para el 2024 que está previsto sean las elecciones presidenciales. Si ellos ven que la oposición toma más espacios y se sienten amenazados de perder el poder, serán una manada de lobos salvajes y hambrientos. Siempre he dicho que esta gente del gobierno no son políticos y como tal no respetarán acuerdos y leyes», señaló recientemente Carlos Hurtado, excoordinador de Clase Media Socialista, a Efecto Cocuyo.
A continuación un repaso de las victorias electorales opositoras que radicalizaron al chavismo y qué se perfila para 2024:
Arrase opositor de 2015
Para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, la oposición consolidó una importante unidad bajo la coordinación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y una sola tarjeta electoral, la “de la manito”, con la que logró 112 curules en la Asamblea Nacional (AN) frente a 55 del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
La nueva mayoría podía designar o remover autoridades, como los magistrados del TSJ y del Consejo Nacional Electoral (CNE), o promulgar leyes orgánicas. Entonces, el chavismo entendió que los adversarios podían ganar elecciones tras la desaparición física de su líder en 2013, puesto que la sumatoria nacional de votos de los adversarios alcanzó 56,21 % frente a 40,92 %, con una participación de 74,17 %.
Desde entonces, vía sentencias del TSJ, se aplicaron medidas dirigidas a despojar de sus competencias a la AN, que incluyeron la instalación de una Constituyente de 2017 que sustituyó en la práctica al Parlamento y la invalidación de organizaciones políticas para impedirles postular candidatos ante el CNE.
En enero de 2016, la Sala Electoral del TSJ declaró el desacato luego de que la directiva del Parlamento, encabezada por Henry Ramos Allup, juramentara a tres diputados opositores de Amazonas, pese a la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los cargos electos en dicho estado que había ordenado el máximo tribunal.
A partir de allí, el máximo juzgado declaró nulos todos los actos del Parlamento desde su instalación y los futuros, mientras persistiera la incorporación de los diputados indígenas.
En 2017, el TSJ dio un zarpazo a la AN con las sentencias 155 y 156. En la última se declaró que «mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la AN, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho».
Dichas decisiones fueron revertidas luego de que se denunciara ruptura del orden constitucional, incluso por parte de la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz, en medio de masivas protestas ciudadanas en todo el país contra el gobierno de Maduro. Sin embargo, en la práctica, la AN siguió atada de manos debido al desacato hasta su último día de gestión (2015-2020) y la elección del Parlamento con mayoría del chavismo en 2020.
Protectorados para 2017
En las elecciones regionales de 2017, el antichavismo ganó las gobernaciones de Anzoátegui, Táchira, Zulia, Mérida, Nueva Esparta.
En el Zulia, al gobernador electo Juan Pablo Guanipa no se le permitió asumir el cargo al no aceptar juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente por considerarla ilegítima, tras lo cual se repitieron los comicios en dicha entidad y Omar Prieto, del Psuv, resultó ganador. Para ello, el Consejo Legislativo del Zulia, con mayoría del chavismo, declaró la falta absoluta.
Al resto de los mandatarios opositores no les fue mejor: desde Miraflores se designaron «protectores» en dichos estados. Una suerte de gobernadores «paralelos» a los que el Ejecutivo destinaba recursos para que ejecutaran obras. Así, Jehyson Guzmán fue nombrado «protector» de Mérida; Carlos Mata Figueroa de Nueva Esparta; Aristóbulo Istúriz de Anzoátegui y Freddy Bernal del Táchira.
Razzia contra partidos políticos
Para 2018, con partidos como La Causa R, Gente Emergente, Proyecto Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, Bandera Roja, Primero Justicia (PJ), Puente y Voluntad Popular (VP) no estaban habilitados ante el CNE para inscribir candidatura presidencial.
De 67 organizaciones políticas que existían hasta diciembre de 2015, quedaban solo 17 (12 progobierno y 5 de oposición) para febrero de 2018, tres meses antes de las elecciones presidenciales en las que Maduro se reeligió. Esto, producto de sentencias del TSJ que les ordenó procesos de validación (recolección de firmas) con obstáculos como la falta de tiempo.
Candidatos con alguna posibilidad de derrotarlo como Henrique Capriles fueron inhabilitados. En el caso del exgobernador de Miranda, por 15 años desde 2017. También Leopoldo López desde 2008 y Manuel Rosales por 7 años desde 2015, entre otros.
La oposición decidió no participar en dichos comicios por falta de garantías democráticas. Se inscribió en solitario el exgobernador de Lara, Henri Falcón, quien obtuvo
1.927.958 frente a 6.248.864 que el CNE adjudicó a Maduro. Ni la MUD ni buena parte de la comunidad internacional reconocieron la reelección, lo que dio paso a la profundización de sanciones internacionales y la conformación de una presidencia encargada que recayó en Juan Guaidó, por decisión de la AN de 2015.
La fórmula contra los partidos se repitió previo a las parlamentarias de 2020, con las que el chavismo recuperó el control del Parlamento. Por sentencia de la Sala Constitucional fueron intervenidos los partidos Acción Democrática, PJ, VP, Bandera Roja, Patria Para Todos (PPT) y Tupamaro.
¿Qué pasó cuando la oposición ganó Barinas?
Un recurso de amparo interpuesto por el exdiputado de la AN, Adolfo Superlano, el 26 de noviembre de 2021, dio pie al TSJ para anular los resultados electorales en Barinas, tras los comicios regionales del 21 de noviembre, que dieron como ganador por escaso margen al candidato opositor, Freddy Superlano, de VP.
La Sala Electoral del TSJ reconoció la victoria de Superlano ( 37,60 % sobre el candidato del chavismo Argenis Chávez), pero alegó una supuesta inhabilitación política del también diputado de 2015 que no impidió antes su inscripción como candidato ante el CNE.
También ordenó repetir las elecciones el 9 de enero de 2022 en las que igual ganó el opositor Sergio Garrido, no sin antes inhabilitarse a Aurora Silva de Superlano y al exdiputado Julio César Reyes para que no se pudieran inscribir como candidatos.
¿Qué se espera para 2024?
Ante la proximidad de las elecciones presidenciales de 2024, el chavismo-madurismo ya ha dado fuertes señales de no estar dispuesto a un cambio de gobierno. Primero, se decide cambiar al CNE nombrado en 2021 por acuerdo político, apenas con dos años de gestión, pese a que la Constitución indica que son 7 años.
La mayoría del chavismo en la AN de 2020 con 156 diputados más 20 de la Alianza Democrática nombró a los nuevos rectores: Elvis Amoroso, Carlos Quintero, Rosalba Gil (progobierno) y Aimé Nogal y Juan Carlos Delpino (oposición) como rectores principales. Posteriormente, entre los rectores se dicidió por la mayoría progobierno, que Amoroso sería el presidente y Quintero el vicepresidente.
Politólogos como Alexander Campos y Christian Rivas señalaron a Efecto Cocuyo que la medida buscaba desestimular el voto para las primarias. Consumada la elección del 22 de octubre, con una participación cercana a los dos millones y medio de personas y el triunfo de María Corina Machado con 92 % de la votación, el poder político volvió a la carga y cantó fraude.
A continuación, el Ministerio Público inició una investigación contra tres miembros de la Comisión de Primaria, entre ellos su presidente Jesús María Casal y el también director de Súmate, Roberto Abdul. El TSJ remató con una sentencia para invalidar los resultados electorales, ordenar a la Comisión entregar los cuadernos de votación y ratificar la inhabilitación política contra Machado, Capriles y Superlano.
La apuesta es de nuevo, de acuerdo con analistas, es desestimular el voto para 2024.
Sin embargo, se apuesta a que las negociaciones con Estados Unidos y la Plataforma Unitaria Democrática, de las que pretende levantamiento de sanciones internacionales, conduzcan a que el «desenfreno» se limite y no se produzcan encarcelamientos, además de que se permitan garantías mínimas para los comicios presidenciales.
Un punto de honor para Miraflores es que no se permita la habilitación de Machado, quien, según encuestadoras como Meganálisis, derrotaría a Maduro en unas presidenciales 50,1 % frente a 12,1 %.
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Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
Publicado el: 2023-11-04 17:30:00
En la sección: Política – Efecto Cocuyo