Disentir contra gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, puede ser motivo para ser acusado de un delito no cometido. Las encarcelaciones por motivos políticos son frecuentes en el país, donde más de 300 personas permanecen tras las rejas.
Desde el año 2014, al menos 15.810 personas han sido detenidas de forma arbitraria y más de 9 mil tienen procesos judiciales abiertos, según datos de la organización Foro Penal, que defiende los derechos de los presos políticos.
El más reciente detenido por razones políticas es el presidente del comité ejecutivo de la organización Súmate, Roberto Abdul-Hadi, a quien arrestaron la noche del 6 de diciembre como parte de las órdenes de aprehensión emitidas ese mismo día por la Fiscalía.
Tarek William Saab, titular del Ministerio Público (MP) designado por la extinta Constituyente en 2017, anunció órdenes de detención contra 13 dirigentes opositores, tres de ellos son parte del equipo de María Corina Machado, candidata de la Plataforma Unitaria de la oposición, elegida el 22 de octubre en las elecciones primarias.
Las órdenes de detención fueron emitidas contra el coordinador nacional de organización partido Vente Venezuela, Henry Álviarez; el politólogo Pedro Urruchurtu, coordinador de relaciones internacionales, y la periodista y coordinadora nacional de comunicaciones de esta organización política, Claudia Macero.
Saab también solicitó medidas de este tipo contra los opositores Yon Goicoechea, Juan Guaidó, Lester Toledo, Leopoldo López, Carlos Vecchio, Julio Borges, David Smolansky, todos en el exilio; y dos chavistas disidentes: Andrés Izarra y Rafael Ramírez, quienes ocuparon cargos ministeriales en gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
A Abdul y a quienes se persigue están acusados de “conspiración, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir”, delitos comunes en las personas que están bajo arresto por razones políticas en el país.
Organismos internacionales ignorados
Ante la política represiva contra disidentes en el país, los organismos que han repudiado las detenciones por motivos políticos en Venezuela.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó el 20 de septiembre una actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU presentó su cuarto informe sobre las violaciones de los derechos humanos en el país y advirtió que el espacio cívico y democrático en Venezuela enfrenta serios ataques del gobierno de Maduro.
En ese momento, el funcionario de Naciones Unidas alertó por la continuación de detenciones arbitrarias, violaciones del derecho a la protesta, a la libertad sindical, violencia contra campesinos e indígenas, restricciones del espacio cívico a la libertad de expresión y el tema de las inhabilitaciones políticas contra los candidatos a las elecciones primarias.
En el informe la Misión mostró su preocupación sobre la reducción del espacio cívico en el país y afirmaron que los ataques gubernamentales están dirigidos a personas específicas, especialmente a líderes sociales o a los que ocupan un rol en la defensa de los derechos humanos.
Señalaron que ahora los ataques gubernamentales están dirigidos a personas específicas, especialmente a los líderes sociales, a los que ocupan un rol en la defensa de derechos humanos y a quienes disientan del gobierno madurista.
En la actualización del informe de la Misión determinó que, entre enero de 2020 y agosto de 2023, al menos 58 personas fueron detenidas arbitrariamente en Venezuela.
El Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU ha hecho múltiples peticiones al gobierno chavista para exigir la liberación de algunos detenidos por motivos políticos, pero generalmente estos llamados de atención no han sido escuchados por quienes mantienen tras las rejas a los disidentes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) también ha condenado las restricciones al derecho a la participación política y a la libertad de asociación de las personas candidatas opositoras y de aquellas que protestan para exigir derechos en Venezuela.
La organización señaló, en julio de este año, que el Estado debe garantizar el pluralismo en la dirección de los asuntos públicos, ya sea directamente o a través de representantes libremente elegidos, así como permitir el ejercicio de la protesta pacífica.
En julio, la Cidh señaló que en lo que va del año, más de 20 personas trabajadoras fueron detenidas en protestas y sometidas a regímenes de presentación periódica ante tribunales y en algunos casos imputados por delitos como “instigación al odio”.
“Las inhabilitaciones administrativas de personas candidatas opositoras y la detención arbitraria de sindicalistas no son hechos aislados, resultan de una política de Estado que busca cerrar el espacio cívico en el país. La Comisión Interamericana recuerda que el ejercicio de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos”, dijo el organismo.
Debido a las torturas y presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país tras las detenciones arbitrarias, el pasado 27 de junio, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional aprobó que continúe la investigación contra Venezuela por la presunta comisión de estos crímenes.
Al menos 8.900 víctimas de violaciones de DDHH pidieron a la Corte que la investigación fuera reanudada, a pesar de los recursos hechos por el gobierno para frenar el desarrollo de la investigación llevada a cabo por la justicia internacional.
Modus operandis
La organización Amnistía Internacional, que también ha sido parte de las voces que denuncian las detenciones arbitrarias en Venezuela, ha establecido los patrones que ocurren con frecuencia cada vez que una persona es detenida por razones políticas en el país.
Una de las primeras en identificar fueron las detenciones sin órdenes judiciales. La organización señala que las autoridades del gobierno de Maduro justicia las detenciones por supuestamente ser atrapados en flagrancia.
Amnistía precisa que en el país muchos de los prisioneros políticos son sometidos a periodos cortos de desaparición forzada para luego ser arrestados.
Otro de los patrones que se identifican en las detenciones arbitrarias en el país son las imputaciones de delitos con amplio margen de discrecionalidad; las limitaciones al acceso al derecho a la defensa; uso de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Los presos por motivos políticos en Venezuela además de enfrentar la prisión, son sometidos a dilaciones indebidas de periodos de investigación, y en casos de excarcelaciones, son sujeciones a procesos penales que no avanzan y que mantienen las restricciones a la libertad de la persona a través de medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
La organización señala que los funcionarios del gobierno chavista utilizan la retaliación como objetivo de la detención y también el uso de tribunales especiales con competencia en terrorismo para enjuiciar a los detenidos.
Por último, Amnistía Internacional señala la frecuencia de la imputación de delitos, la asociación para delinquir, con un bajo estándar de evidencia y la aplicación de penas severas que alcanzan el máximo legal del ordenamiento jurídico.
Sin defensa privada y desaparición forzada
El Foro Penal denunció que en el caso de Roberto Abdul lo mantuvieron en desaparición forzada al no informar a sus familiares y abogados su sitio de reclusión, pero además la audiencia de presentación se hizo “a escondidas”.
Mientras que los abogados defensores esperaron el viernes 8 de diciembre que se realizara el proceso en el Palacio de Justicia de Caracas, el tribunal cuarto de control con competencia en terrorismo se trasladó a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Naciona (Sebin), en El Helicoide, donde lo imputaron ante un defensor público.
Una semana después de su detención ni su esposa ni sus abogados habían podido conversar con él. Además, su esposa, María Eugenia Abad, se enteró de que lo habían imputado por una llamada que hizo el defensor público 110, a quien designaron para la defensa de Abdul.
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Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
Publicado el: 2023-12-14 21:10:43
En la sección: Política – Efecto Cocuyo