Las vías para dejar sin efecto las inhabilitaciones, según abogados

Por vía de la Contraloría

El constitucionalista Juan Manuel Raffalli explica a Efecto Cocuyo que, por razones de legalidad o conveniencia, la administración pública puede echar para atrás una decisión, a través del mecanismo de autotutela de sus actos, siempre que no le cause perjuicio a un administrado.

En consecuencia, “la propia Contraloría debería revisar sus actos y dejar sin efecto cualquiera relacionado con las inhabilitaciones”.

Raffalli subraya que María Corina Machado, por ejemplo, no ha sido enjuiciada y no se le notificó ninguna resolución. “Tiene que haber una sentencia, un acto administrativo notificado a ella y eso no existe, lo que hay es una opinión que dio un funcionario de la Contraloría a un diputado”, cuestiona.

Este es uno de los vicios que denunció el constitucionalista Allan R. Brewer-Carías. El abogado expuso, en un artículo, que la supuesta inhabilitación de Machado se fundamenta en una “ilegal certificación de mera relación” que no califica como decisión, providencia o acto administrativo.

Además, señaló que fue emitida por un funcionario subalterno, lo que viola el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría que reserva la facultad de imponer esas sanciones en forma “exclusiva y excluyente” al Contralor General de la República.

Adicionalmente, recuerda que la atribución del Contralor General es contraria al artículo 42 de la Constitución que establece que el ejercicio de los derechos políticos, como el derecho a ser electo, “solo puede ser suspendido por sentencia judicial en los casos que determine la ley”.

Por vía del Tribunal Supremo de Justicia

La agencia internacional de noticias Reuters informó que el gobierno venezolano podría permitir que las apelaciones contra las inhabilitaciones que pesan sobre políticos de oposición avancen en los tribunales, como una forma de cumplir parcialmente con el acuerdo político firmado en Barbados.

Sobre esto, Raffalli se pregunta: “¿Cómo vas a recurrir un acto que no existe porque no se ha notificado?”.

La directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, opina que una de las vías es que María Corina Machado presente ante el TSJ una demanda contra la inhabilitación o solicite directamente al Contralor que deseche o deje sin efecto el acto.

Sin embargo, advierte que exigir un recurso ante el TSJ, como paso previo para iniciar un proceso de habilitación en el marco de la negociación, “le pone la carga” a Machado cuando la medida que pesa en su contra es contraria a derecho.

Por otro lado, subraya que en el caso hipotético de que el máximo tribunal admita una demanda contra la inhabilitación de Machado, eso no se traduce automáticamente en la restitución de sus derechos políticos. “La admisión de la demanda sería el principio de un juicio nada más”, aclara.

“La lectura que hay que darle a esto es política, esto no tiene ningún basamento jurídico, tienes inhabilitados que no fueron notificados, por ejemplo”, señala la constitucionalista María Verónica Torres.

“El gobierno quiere mantener el tema de las inhabilitaciones en el ámbito jurídico porque sabemos que el Poder Judicial está cooptado por el gobierno, si hubiera una intención real de agilizar se plantearía otra figura más expedita como un indulto”, argumenta.

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