Ley de Derechos Socioeconómicos contempla mecanismo “acordado” de fijación de precios a consumidores
La Asamblea Nacional (AN) dio el visto bueno, en primera discusión, a otros dos instrumentos legales propuestos por la presidencia encargada: la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos y a la Ley Orgánica para la Aceleración y Optimización de los Trámites y Procedimientos Administrativos de la Administración Pública.
Al igual que sucedió con la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el grupo parlamentario Libertad (UNT, Unión y Cambio y Lápiz) salvó el voto para ambos instrumentos legales que sí fueron avalados por la Alianza Democrática y Vamos Vamos Venezuela integrada por diputados de Fuerza Vecinal.
El diputado Ramón Lobo (Psuv) fue el encargado de presentar el instrumento legal sobre la Protección de los Derechos Socioeconómicos que sustituye el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos del año 2015. El integrante de la Comisión de Finanzas dijo que las circunstancias de entonces no son las mismas que las actuales.
La nueva ley, de 96 artículos distribuidos en cinco capítulos, de acuerdo con Lobo, viene a prometer el acceso a bienes y servicios de calidad para la población venezolana en el momento oportuno, a precios adecuados y la defensa de los salarios. Sostuvo que es el área en la que más se ha afectado a los ciudadanos en un contexto de “ataques a la economía” venezolana.
“Este instrumento tiene como elemento central defender el salario, el sueldo de los venezolanos. Si hay un mayor consumo se estimula la producción”, dijo.
Sistema Nacional de Observación de Precios
La normativa entregada por Delcy Rodríguez a la AN también contempla la creación de la Superintendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos – la cual se entiende que desplaza a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) – y del “Sistema Nacional de Observación de Precios”.
“Es un punto de encuentro entre el Estado y los agentes económicos fijar los precios de mutuo acuerdo, a fin de garantizar el acceso a la población pero también la sostenibilidad del hecho productivo. En ningún momento el Estado busca que alguien produzca o venda por debajo de los costos de producción. Tenemos que garantizar la rentabilidad razonable porque eso también me garantiza mercancía en los anaqueles”, expuso Lobo.
El mecanismo se complementa, explicó el diputado, con la conformación de Comités de Consumidores y Usuarios que deberán trabajar de manera coordinada con organizaciones de base del llamado poder popular. Advirtió que habrá un esquema sancionatorio, que si bien es punitivo, acoto, se “adapta” a las circunstancias de búsqueda de acuerdos.
“Ante posibles ataques que se pudieran dar, esta nueva ley nos va a permitir blindar el punto de encuentro entre productores, consumidores y el Estado para garantizar productos de calidad y en el tiempo adecuado y a los precios que todos aspiramos y de esa manera garantizar que el salario real de la población vaya en incremento como así va a hacer”, agregó el diputado del Psuv.
El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, agregó en defensa de la nueva normativa, que se despenalizan conductas tipificadas en la Ley de Precios Justos que pasan a ser sancionadas como “infracciones administrativas” y se reduce la discrecionalidad de los funcionarios para decidir medidas como ocupación o cierre temporal de los establecimientos, por cuanto la máxima autoridad de la Superintendencia es la que debe decidir al respecto.
Riesgo de “matar la oferta”
La diputada (UNT) Nora Bracho insistió en la necesidad de trabajar en una Ley de Emergencia Económica para mejorar el ingreso de los trabajadores y las pensiones que permanecen congelados en 130 bolívares mensuales desde 2022, por lo que la Ley de Derechos Socioeconómicos resulta insuficiente.
“Una ley no es buena por lo que dice que va a lograr sino por lo que realmente permite que suceda en la calle, en el mercado, en las mesas de nuestras familias”, advirtió.
La parlamentaria alertó sobre aspectos contenidos en la ley como la “fragilidad de la libertad de elección”, por cuanto se habla de precios de bienes y servicios priorizados bajo circunstancias extraordinarias. Al respecto advirtió que si el Estado se excede en su capacidad de fijar precios terminará “matando la oferta”.
“No hay protección al consumidor si el resultado final es el anaquel vacío. La verdadera protección es la abundancia, la competencia, no el control asfixiante. Se está pasando de una ley de protección al consumidor a una ley de control de producción y control al consumidor”, dijo.
Pese a que la fracción Vamos Vamos Venezuela (nuevo grupo parlamentario) votó a favor del proyecto de ley, el diputado David Uzcátegui de Fuerza Vecinal, coincide en que volver a hablar de fijación de precios sin atender los problemas estructurales de la economía “causa ruido”. Aseguró que los precios van a disminuir si por ejemplo, se atrae mayor inversión extranjera.
Ley para la aceleración de trámites
Durante la sesión ordinaria de este 22 de enero, la plenaria igualmente dio luz verde en primera discusión a la Ley Orgánica para la Aceleración y Optimización de los Trámites y Procedimientos Administrativos de la Administración Pública.
La diputada Maria Alejandra Vega (Psuv) expresó que el objetivo central es hacer más simples y expeditos los trámites que realizan los ciudadanos con distintos fines, mediante la eliminación de mecanismos que burocratizan los procedimientos y retardan los resultados. Admitió que el actual decreto sobre la materia no ha sido suficiente, por lo que ahora se procede con la aprobación de una nueva legislación en el Parlamento.
Aseguró que la medida permitirá tomar “medidas urgentes” sobre la materia desde el Ejecutivo para agilizar todas las diligencias administrativas en beneficio de los ciudadanos, lo cual incluye derogaciones de normas, eliminación de procedimientos y digitalizaciones. Indicó que una comisión presidencial evaluará el conjunto de disposiciones que se tengan que tomar lo antes posible para llegar al objetivo de la normativa.
El diputado de la Alianza Democrática, Alfonso Campos, recordó que la aprobación y derogatoria de leyes, más si son orgánicas, corresponden al Poder Legislativo de acuerdo con la Constitución y no al Ejecutivo, por lo que la nueva ley se estaría excediendo en las atribuciones que se da a la Presidencia encargada para tomar decisiones en la materia.
El diputado Ezio Angelini del grupo parlamentario Libertad coincidió con Campos y dejó constancia del voto salvado.
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
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