El Consejo Legislativo del estado Nueva Esparta (Clebne) improbó la memoria y cuenta del gobernador Morel Rodríguez hace un mes y remitió el informe con la decisión a la Contraloría regional, que actualmente investiga para determinar si hubo irregularidades administrativas durante el período 2022.
De siete legisladores, cuatro de ellos, incluida la presidenta del Clebne, Mairym Bruzual del partido Copei (de la Alianza Democrática) junto a tres diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), votaron a favor de no aprobar el informe de gestión del Ejecutivo estadal en la sesión del 18 de mayo de 2023 por «incongruencias» en la información contenida.
Tres diputados de Avanzada Progresista (AP), Fuerza Vecinal y Acción Democrática (AD-Bernabé Gutiérrez) se abstuvieron de votar y uno de ellos, Johan Yánez de AP, aseguró que se trató de un pase de factura político para perjudicar la imagen de Morel Rodríguez de cara a las elecciones de 2025.
¿Por qué se reprueba el informe de gestión del gobernador?
La presidenta del Clebne indicó a Efecto Cocuyo que se detectaron «incongruencias» en el informe político y administrativo de la gestión del gobernador neoespartano. Indicó que el legislativo regional aprobó el año pasado 18 créditos adicionales, mientras que el informe del gobernador reflejó 17 créditos y un documento consignado por el director de Finanzas dio cuenta de 16 créditos.
Además, prosiguió Bruzual, la Gobernación no entregó al Consejo Legislativo los dozavos correspondientes a 2022, razón por la cual no hubo recursos para gastos de funcionamiento del legislativo estadal, los cuales ascienden a 917.000 bolívares distribuidos en dozavos de 38.000 bolívares.
«Si la Gobernación no entregó los recursos al Consejo Legislativo debió devolverlos a la Tesorería, de lo contrario ejecutó de manera irregular los recursos. Esta situación es suficiente para improbar la memoria y cuenta. No es que no reconocemos la labor social de la gestión del gobernador, pero se deben seguir los procedimientos administrativos», subrayó la diputada.
Establecida la sanción política por parte del Legislativo estadal contra el Ejecutivo regional e informada la Contraloría estadal sobre la medida más el informe de improbación, le corresponderá al ente del Poder Ciudadano determinar, previa investigación, sanciones administrativas como la inhabilitación política contra el gobernador que se haría efectivo al culminar su mandato en 2025 o solicitar acciones penales al Ministerio Público en caso de determinarse daños al patrimonio público.
Actualmente la Contraloría regional investiga y la Gobernación entrega la información requerida para tratar de subsanar los errores del informe de gestión.
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«No hay ilícitos administrativos»
En su momento, Morel Rodríguez se pronunció para afirmar que no hay irregularidades administrativas y que el Legislativo estadal se «precipitó» con la decisión. Aseguró que si se hubieran citado a los funcionarios de su despacho se hubieran aclarado las dudas de la memoria y cuenta.
Bruzual respondió que una cosa no excluye a la otra. Señaló que el gobernador pidió dos prórrogas para la presentación de su informe de gestión que le fueron concedidas y que el resto de los diputados tuvo tiempo suficiente para evaluar el documento.
«Fui electa por el pueblo y actúo siempre de acuerdo a mi conciencia, como abogada, trabajé en la Contraloría del Municipio Mariño conozco los procedimientos, por lo que no puedo omitir nada irregular, porque la Contraloría regional también evalúa el informe de gestión y hubiera señalado de omisión al Consejo Legislativo», sostuvo.
El diputado regional de AP, Johan Yánez, rechazó que se improbara la memoria y cuenta de Morel Rodríguez y coincidió con este en que el Legislativo estadal debió primero interpelar a los funcionarios de la Gobernación antes de tomar una decisión. Dice estar seguro de que los errores se hubieran subsanado con la documentación necesaria.
«Había una intención política de los factores que votaron a favor de la improbación. El gobierno regional ejecutó más de 50 obras físicas y 120 mil de atención médica. La dinámica del estado ha cambiado en comparación con la gestión anterior», defendió.
En declaraciones a Efecto Cocuyo señaló que la Contraloría estadal tiene 90 días para presentar un informe, de los cuales restarían 30 días. Sin embargo Bruzual recordó que al exgobernador Alfredo Díaz también se le improbó el último informe de gestión (2021) antes de ser sustituido en el cargo tras las elecciones de ese año y aún la Contraloría estadal no se ha pronunciado sobre sus conclusiones.
Trabajadores también desaprueban gestión
No solo una mayoría del Consejo Legislativo desaprobó a Morel Rodríguez, trabajadores adscritos al despacho regional también. Edgar Brito, del sindicato de obreros, denunció que desde más de año y medio, la Gobernación incumple con el pago de cláusulas relacionadas con uniformes, bono recreacional, gastos médicos, útiles escolares, entre otras. La deuda, indicó, asciende a 112 millones de bolívares.
«La respuesta que nos han dado es que no tienen recursos, lo cual es falso porque la Gobernación sí ha generado recursos propios por timbres fiscales, zarpes de embarques, impuestos a las personas por ir a la isla de Coche», expresó a Efecto Cocuyo.
La situación, resaltó, afecta a más de 4.000 trabajadores entre empleados y obreros activos y jubilados, docentes y personal de salud. Advirtió que de no obtener respuesta del Ejecutivo regional antes de que culmine junio, recurrirán a jornadas de protestas, entre ellas un plantón frente al despacho de Morel Rodríguez.
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
Publicado el: 2023-06-25 09:15:00
En la sección: Política – Efecto Cocuyo