Informe de la Misión de la ONU carece de fundamento, según el Gobierno

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El gobierno de Nicolás Maduro rechazó este lunes, 25 de septiembre, las acusaciones hechas por la Misión Internacional Independiente, aprobada en 2019 por la Organización de Naciones Unidas (ONU), sobre supuestas violaciones de derechos humanos en el país. Según el grupo, «la represión selectiva contra líderes sociales y políticos» está creciendo.

A través de un comunicado, el gobierno de Maduro expresó su más «categórico rechazo a las insólitas acusaciones falsas y sin fundamento» de la misión, que presentó este lunes su cuarto informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

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«La destemplada presentación del informe es parte de la estrategia que se pretende continuar contra Venezuela para mancillar su imagen y legitimar la imposición de criminales e ilegales medidas coercitivas unilaterales», indica el escrito. Además se cuestiona que los señalamientos de la misión carecen de «sustento metodológico».

A juicio de Venezuela, este informe proviene de unos mecanismos «paralelos, innecesarios y agresivos» que «alientan a los sectores nacionales e internacionales más extremistas a reincidir en la violación masiva de los derechos humanos de los venezolanos y en la desestabilización del país».

Asimismo, el gobierno de Nicolás Maduro reiteró que continuará cooperando con el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de DD. HH. «sobre la base del estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos, respeto al multilateralismo y diálogo constructivo».

Muestra de la represión política

Durante la presentación del informe, la presidenta de la misión, Marta Valiñas, señaló, como muestra «muy preocupante» de esa creciente represión la inhabilitación política de la precandidata presidencial opositora María Corina Machado.

Otros ejemplos han sido la intervención judicial del Partido Comunista de Venezuela por parte el Tribunal Supremo de Justicia y la condena penal a 16 años de prisión a varios dirigentes sindicales por participar en protestas por reclamos laborales.

«En Venezuela se siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y estas violaciones no son hechos aislados, sino que reflejan una política de represión de la disidencia y oposición al Gobierno que continúa», subrayó la jurista portuguesa.

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