no ha tenido contacto con sus abogados y solo le han permitido la visita de la hija una vez

En el primer mes de su detención por cargos de terrorismo, la activista venezolana Rocío San Miguel ha permanecido incomunicada con sus abogados, a quienes se les ha impedido tener acceso a ella.

En la temida prisión de El Helicoide, catalogada como un «centro de torturas» por organizaciones de derechos humanos, San Miguel, experta en temas militares, enfrenta acusaciones vinculadas a un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro.

A continuación cuatro claves del caso

Indefensión

La detención de San Miguel tuvo lugar la madrugada del 9 de febrero cuando intentaba abordar un vuelo junto a su hija en el aeropuerto Simón Bolívar, que sirve a Caracas. Desde entonces, sus abogados han intentado comunicarse con ella, pero se les ha negado el acceso.

Presentada ante un tribunal con competencias en terrorismo ubicado en El Helicoide, se le obligó a aceptar un defensor público, una estrategia común en casos de presos políticos. Las acusaciones en su contra incluyen traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.

«Esa defensa pública nunca se ha comunicado con los familiares de Rocío», explicó Joel García, abogado de San Miguel, a AFP. «Nosotros fuimos designados por familiares para asistirla, pero eso no ha sido posible y el tribunal se excusa diciendo que no ha habido el traslado hasta el tribunal».

«Está en indefensión e incomunicación«, enfatizó.

Una única visita

Durante su detención, San Miguel solo ha recibido una visita, la de su hija Miranda Díaz, el 18 de febrero. La activista, de doble nacionalidad venezolana y española, lidera la ONG Control Ciudadano, que documenta casos de violaciones de derechos humanos de civiles y militares. San Miguel fue detenida junto a seis familiares, incluida su hija, de los cuales tres quedaron en libertad condicional.

«Por ella supimos que no había sido torturada» pero «desde ese entonces nadie más ha podido conversar con ella. No ha tenido acceso ni a familiares, amigos, abogados, nada», agregó García. «No se sabe de su estado anímico, de salud, si está comiendo… No se sabe nada, ni siquiera cómo o con quién esta recluida».

Exesposo detenido

Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, también está bajo custodia del servicio de contrainteligencia (DGCIM) por supuestas revelaciones de secretos políticos y militares, al igual que San Miguel. Los abogados no han tenido acceso al expediente.

Pruebas

La vivienda de San Miguel fue allanada días después de su arresto y las autoridades incautaron mapas y computadoras que el fiscal general, Tarek William Saab, presentó como «pruebas» de su presunta participación en una conspiración. Saab exhibió fragmentos de una «orden de operación» incautada a un militar detenido, donde se menciona explícitamente a Rocío San Miguel.

A pesar de que el plazo para que la Fiscalía concluya sus investigaciones vence en 15 días, según la ley, García, abogado de San Miguel, sostiene que su defendida «sigue sin contar con los medios y el tiempo necesario para defenderse». . Según la ONG Foro Penal, hay actualmente 263 «presos políticos» en Venezuela, incluyendo 19 mujeres.

Redacción Maduradas con información de AFP

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