▷ Activos por la Luz denuncia: El racionamiento eléctrico es un instrumento de control social e incertidumbre #25Mar

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El Observatorio Ciudadano Activos por la Luz, organización que agrupa a unos 300 ciudadanos del estado Lara, emitió un enérgico pronunciamiento tras el anuncio gubernamental de un nuevo plan de racionamiento eléctrico nacional. La agrupación sostiene que esta medida se implementa en un contexto de fallas crónicas y una ausencia total de información pública veraz, lo cual vulnera el derecho constitucional a servicios públicos de calidad.

Según denuncian, el Estado incumple su deber de informar sobre las causas y la duración de esta crisis, presentando planes «transitorios» que carecen de justificación técnica y cronogramas claros.

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Un colapso estructural documentado por la ciudadanía

La gravedad de la situación quedó reflejada en las auditorías sociales del observatorio, las cuales revelan que entre 2022 y 2025 la región acumuló un total de 28,196 horas sin servicio eléctrico. Esta cifra equivale a sobrevivir 1,175 días en oscuridad total, o lo que es lo mismo, un apagón continuo de tres años y dos meses.

A pesar de estos datos alarmantes y de los constantes reclamos formales, la respuesta de Corpoelec consistió en un persistente silencio administrativo, lo que el observatorio califica como una falta de respeto hacia los más de 7 millones de suscriptores que dependen del sistema.

El origen de la crisis: Desinversión y falta de mantenimiento

Lejos de aceptar las versiones oficiales que atribuyen las fallas a «sabotajes» o factores climáticos, el consenso técnico y social apunta a un abandono prolongado de la infraestructura. Actualmente, cerca del 60% de la infraestructura nacional se encuentra inactiva o dañada por falta de inversión y mantenimiento acumulado durante una década.

Expertos e ingenieros citados en el documento señalan que la crisis resultó de una gestión gerencial deficiente, marcada por la corrupción en contrataciones, el uso de equipos obsoletos y la desprofesionalización del sector.

El impacto devastador en la economía y la salud emocional

Este escenario de inestabilidad eléctrica se convirtió en el principal «cuello de botella» para cualquier intento de recuperación económica en el país. En estados como Zulia y Anzoátegui, las fluctuaciones de tensión ya provocaron una caída estimada del 8% al 12% en la producción petrolera, poniendo en riesgo las metas de exportación.

Asimismo, la industria y la agroindustria operan apenas a la mitad de su capacidad, enfrentando costos operativos que suben hasta un 40% debido a la necesidad de usar costosos generadores diésel.

Más allá de lo económico, el impacto humano es profundo: el 90% de la población manifiesta una preocupación constante por la situación del país y un alto grado de vulnerabilidad psicológica.

Los cortes imprevistos funcionan como un estresor crónico que dispara cuadros de ansiedad, insomnio y una sensación de abandono institucional, afectando especialmente a niños, ancianos y pacientes que dependen de equipos médicos para sobrevivir.

Exigencias para una transición con luz

Ante lo que consideran una «normalización de la oscuridad», Activos por la Luz exige la publicación inmediata de cronogramas de racionamiento detallados y el establecimiento de metas verificables para la normalización del servicio.

El pliego de peticiones incluye una auditoría técnica independiente, la protección prioritaria para centros de salud y educación, y la creación de mecanismos de indemnización por los daños causados a los usuarios. La organización concluye advirtiendo que no existe vida digna ni democracia mientras el sistema eléctrico nacional siga en estado de precariedad estructural.

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