Vecinos en Caroní exigirán anular la ordenanza de recolección de desechos

La Asamblea de Ciudadanos de Caroní exigirá ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de la recién promulgada reforma parcial de la Ordenanza para la Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos.

Dicha ordenanza entró en vigencia el pasado 12 de diciembre.

En este sentido, el líder de la organización ciudadana, Simón Yegres, alegó que el 40 % de la ordenanza abarca sanciones y multas hacia los usuarios, tanto residenciales como comerciales. Asimismo, ofrece un amplio rango de acción al ente prestador del servicio, en este caso, Fospuca Caroní.

La nueva normativa busca adaptar la ordenanza a lo dictaminado por la Ley de Armonización Tributaria. Además, presenta multas desde 18 hasta 300 dólares y, a su vez, clasifica a los usuarios en residenciales (urbanos y rurales) y no residenciales (comerciales, industrias y servicios).

“Queremos transmitir una alarma a quienes residen en nuestro municipio. No nos referimos solo a comerciantes, también ciudadanos cualesquiera porque nos afecta a todos. La ordenanza que aprobó la Cámara Municipal de Caroní tiene un carácter represivo, sancionatorio y enriquecedor. Hay una situación extrema y es que todo cobro, ya no solo el relleno, sino el de la recolección de desechos, sería un cobro indebido e ilegal. Están cobrando algo totalmente al margen de la ley”, explicó Simón Yegres.

Adicional a esto, indicó: “La ordenanza de aseo urbano tiene 100 artículos y 39 son de sanciones. Es decir, el 40 % de la ordenanza son sanciones. 33 artículos son multas. Todo tipo de multas. De esas 33, 24 son para la condición de residente. No es para comerciante, es para residente. No van a tener capacidad para cobrar tantas multas”.

Exigen nulidad de la ordenanza de recolección de desechos

Yegres aseveró que ya culminaron el papeleo para viajar a Caracas la próxima semana y denunciar el carácter confiscatorio, así como las irregularidades que existen dentro de la ordenanza. A su vez, afirmaron que presentarán el reclamo y la solicitud de nulidad de la ordenanza ante el Tribunal Supremo de Justicia.

“Vamos a proceder utilizando el artículo 22 de la recién aprobada Ley de Coordinación y Armonización Tributaria que nos da la facultad, como ciudadanos, de solicitar la nulidad de esta ordenanza de aseo urbano. Hay una serie de violaciones de numerosos artículos de dicha ley. Esta normativa venía a la armonización de los tributos”, aseveró Yegres.

Con respecto al sistema tarifario, la normativa establece que se tomarán en cuenta para el cobro de la tasa, factores como la ubicación del local comercial, el tamaño, el uso del inmueble y la capacidad adquisitiva del usuario. Sin embargo, la Ley de Armonización Tributaria exige que la tasa sea pautada según el volumen y generación de desechos.

A su vez, la normativa establece que se mantendrá el sistema tarifario de la ordenanza anterior hasta que la alcaldía promulgue un nuevo decreto.

“Le dan a la concesionaria características de ente municipal”

“Es una cosa insólita. También para los residentes se puede cobrar por cualquier mecanismo. Esa empresa concesionaria puede amonestarlo por escrito en su casa, le puede ordenar limpiar o reparar algo que ella considere. Es una apreciación de una concesionaria que le puede dar órdenes de limpieza o reparación. Tiene esa atribución porque se la dan estos concejales y esos alcaldes. Si usted interpone un recurso administrativo por lo que le están cobrando y hace un reclamo, dice esa ordenanza que igualmente está obligado a pagar mientras eso se procesa. Es decir, si usted cree que le están cobrando demás, si el reclamo se lleva dos o tres meses allí, se puede volver a penalizar. Es algo leonino, extremista, enriquecedor. No es con la Alcaldía que te vas a entender, vas a pagar directamente a la concesionaria porque le dan características de ente municipal”, sentenció la vocería de la asamblea.

Por su parte, también denunciaron que la normativa recién promulgada multa a los usuarios, por ejemplo, por no clasificar los desechos. Esto mientras que en la ciudad no existen separadores ni plantas de clasificación de residuos.

Durante julio de 2023, el Tribunal Supremo de Justicia solicitó a la Superintendencia de Tributos de Caroní rendir cuentas sobre un recurso de amparo constitucional en el que se denunciaba el bloqueo del portal fiscal- prohibición de pago de impuestos- para quienes no estén solventes con el servicio de aseo urbano. Hasta ahora, el ente municipal continúa sin pronunciarse.

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