Productores de arroz cuestionan resolución del Gobierno sobre libertad regulada de precios | Agro | Economía

Después de que el Gobierno anunciara la resolución a comentarios sobre someter el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada de precios, donde la medida incluye el establecimiento de un precio mínimo de adquisición para este producto agrícola no transformado, debido a alta concentración en la demanda y distorsiones identificadas en el mercado, los arroceros que están en paro han venido identificando una serie de vacíos legales en la norma.

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En concreto, el documento establece un precio mínimo de compra del arroz paddy verde, con el fin de proteger el equilibrio económico del mercado, garantizando que los productores reciban una remuneración justa y que el mercado funcione bajo condiciones de transparencia. En ese sentido, la cantidad total de producto a la que se aplicará este régimen durante el segundo semestre de 2025 asciende a 1.400.184 toneladas.

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Ahora bien, con ese contexto, Carlos Arturo Rojas, gerente de Usocoello y líder arrocero aseguró que en orden técnico la resolución tiene un vacío, en el sentido que no está mostrando la calidad con que el agricultor debe entregar el arroz, las impurezas y la humedad.

“Si sale una resolución sin determinarse con qué porcentajes de humedad y de impurezas se va a recibir, el molinero puede colocar cualquier tipo de trabas en la compra y aplicar una tabla durísima para los agricultores. Es fundamental tener una tabla de calidad del arroz en la entrega”, indicó.

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Es importante destacar que en Colombia el arroz se clasifica técnicamente según criterios definidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz). Con eso en la mesa, es ideal que contenga un porcentaje alto de granos enteros, de más del 60%, ya que si el mismo se fractura mucho durante la molienda, su valor comercial disminuye.

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Adicionalmente, este debe ser uniforme, sin manchas amarillas, negras o rojizas, además de seco, sin olor a fermentación o humedad. En materia de impurezas es común que en el arroz recién cosechado se incluyan piedras, tierra, palos o semillas de otras especies, pero la norma establece que el máximo de impurezas permitido esté entre el 2% y 3% en peso, dependiendo del tipo de arroz y la destinación (consumo o semilla).

Mientras tanto, la humedad es uno de los factores críticos en materia de arroz, teniendo en cuenta que afecta la conservación, el secado, el rendimiento industrial y el precio. Entre los parámetros es natural que un grano recién cosechado tenga una humedad de entre el 22% y el 26%. Además, el porcentaje óptimo de almacenamiento es entre el 12% a 14% y el aceptable para ingreso a secadoras es de hasta el 24%.

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Los arroceros señalan que la resolución no especifica los estándares de calidad, humedad ni nivel de impurezas exigidos en la compra.

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Los pagos y precios serían insuficientes

Por otra parte, otro de los vacíos que encuentran los arroceros en la normativa tiene que ver con la forma de pago, pues según Rojas, “en ningún lado” de la resolución aparece. “Recordemos que esa forma de pago es nociva para los agricultores. Ahora bajaron del 25% que pagaban a los 8 días, a solamente pagar el 15%. El otro 85% lo pagan a los 45 o 50 días. Aumentaron el porcentaje de mayor día y mayor tiempo. La resolución debe decir claramente cuál es el periodo de pago del industrial hacia el agricultor”, destacó.

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Así mismo, Aristides Valdez, presidente de la junta directiva del Distrito de Riego Asoprado, señaló que la resolución no es mala, pero insiste en que el monto que se le da al valor de la carga no es óptimo para recuperar los costos de producción y tener  ganancias.

De acuerdo con el borrador de resolución publicado por el Ministerio de Agricultura, se establece que el precio mínimo pagado al productor por tonelada por regiones, al igual que el precio por carga. Por ejemplo, se estableció que para el Bajo Cauca, el precio mínimo pagado al productor es de $1,54 millones, mientras que en el Centro es de $1,64 millones. En la Costa Norte se estableció en $1,56 millones, en los llanos de $1,50 y en los Santanderes de $1,61 millones.

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Líderes del sector denuncian que el plazo de pago se amplió hasta 45 o 50 días, afectando el flujo de caja del agricultor.

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Mientras tanto, los precios por carga son de la siguiente manera: en Bajo Cauca se estableció en $192.991, en la zona Centro por $205.673, en la Costa Norte por $195.748 y en los Llanos y Santaderes por $188.580 y $201.262, respectivamente.

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“Esa es solo una parte de la causa de la protesta. La otra son los incumplimientos de los pactados. Todos los agricultores están bien bravos. La gente no quiere saber nada del Gobierno porque prometieron unas cosas y no cumplieron”, apuntó Valdez.

Una fuente consultada por Portafolio y que pidió no ser identificada, indicó que el Ministerio de Agricultura se habría “ahorrado” el paro arrocero si hubieran escuchado a Fedearroz respecto al incentivo del almacenamiento. En ese frente, destacó que este ha sido uno de los mecanismos más criticados, pero que ha funcionado en el sector y otro punto es que ya habían propuesto un plan de ordenamiento productivo.

Incluso, detalla que el Gobierno indicó que se estaba dando crédito para los agricultores, pero en una situación como la actual donde el ingreso no cubre siquiera los costos de producción y otros, los arroceros no van a tener forma de cumplir con las obligaciones financieras adquiridas.

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Productores temen que los industriales no acojan la medida, argumentando falta de recursos para pagar el precio mínimo establecido.

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Los vacíos jurídicos que señalan los arroceros

De acuerdo con Carlos Arturo Rojas, gerente de Usocoello, en materia de vacíos jurídicos existen unos elementos que habla la resolución y que dependen del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y, según el líder arrocero, no se especifican dentro de la norma.

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“Mientras esos elementos no estén, la resolución sale coja. Ahora el otro problema es que el industrial se acoja a la resolución. Nosotros hemos considerado que no lo va a hacer porque se va a imposibilitar hacerlo. Ellos podrían decir que no pueden pagar a ese precio y deciden no comprar. Primero, para que no lo investigue la Superintendencia y segundo, porque podría decir que no hay recursos para pagar eso”, dijo.

Agregó que en ese punto, la preocupación se basa en que si el industrial dice “no compro”, se agotan las posibilidades sobre a quién vender el arroz. “Esas son las situaciones que se están dando con la resolución que expide el Ministerio y que está colgada para observación y comentarios”, concluyó.

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DIANA K. RODRÍGUEZ T. 
REDACCIÓN PORTAFOLIO