Última legislatura del gobierno Petro: reformas, tensiones y pulseo preelectoral | Gobierno | Economía
Luego de la tercera legislatura del gobierno Petro, que transcurrió entre julio de 2024 y junio de 2025 y será recordada no por su capacidad de transformación, sino por haber sido un escenario de desgaste, confrontación y resistencia institucional, las ramas del poder público se preparan para el último período de sesiones antes del cambio de mando.
Tanto el Congreso como la Casa de Nariño llegarán al 20 de julio con unas relaciones erosionadas, luego de que lejos de consolidar una agenda estructural, el Ejecutivo operara bajo una lógica de mayorías fragmentadas, presión narrativa y gobernabilidad de ocasión, que derivó en una legislatura marcada por tensiones entre poderes, baja productividad normativa y una sensación persistente de que el país se movía en modo de campaña.
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Petro tuvo grandes derrotas
Uno de los hitos que selló la ruptura entre el Gobierno y el Congreso fue el rechazo del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2024, documento presentado por el Ministerio de Hacienda y que fue devuelto al evidenciarse un déficit sin fuente de financiación de $12 billones, convirtiéndose esta en la primera vez en décadas, que se optó por no avalar la hoja de ruta fiscal del Ejecutivo.
Este acto tuvo una doble carga, ya que fue un mensaje político de desconfianza y, al mismo tiempo, una advertencia institucional sobre los límites del populismo presupuestal en un escenario de restricción fiscal. Poco después, el presidente Gustavo Petro intensificó su ofensiva discursiva contra el Congreso.
Esta legislatura estará marcada por las próximas elecciones a la Presidencia y al Congreso.
Así mismo, tras varios bloqueos legislativos a sus reformas, el Gobierno anunció su intención de convocar una consulta popular por decreto, medida que fue ampliamente rechazada por partidos, juristas y organismos de control y el Senado no solo archivó la propuesta sin trámite, sino que elevó el tono en defensa de la legalidad, recordando que la iniciativa violentaba el principio de separación de poderes.
La reforma laboral fue el tercer gran episodio de esta legislatura, ya que después de haber sido archivada en la Cámara de Representantes en 2023, el proyecto fue resucitado en el Senado con trámite exprés y bajo amenaza de consulta popular. El mensaje de urgencia enviado por el Ejecutivo, sumado a una narrativa de presión sobre los legisladores, permitió su aprobación en medio de críticas por falta de deliberación.
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Sin embargo, los textos aprobados en ambas cámaras no coincidieron y aunque al final se dirimieron en conciliaciones, tomando lo que salió del Senado, ese suceso terminó siendo el símbolo de un estilo de gobernabilidad que privilegia la imposición sobre el consenso y que sacrifica la solidez normativa por logros políticos inmediatos.
Tonos elevados de ambas partes
Más allá de los hechos puntuales, lo que marcó esta legislatura fue el tono del Gobierno frente al Congreso, puesto que el presidente y varios de sus ministros emprendieron una campaña sistemática de desprestigio contra el Legislativo, al que señalaron como responsable de bloquear el cambio.
Esta legislatura estará marcada por las próximas elecciones a la Presidencia y al Congreso.
En sus intervenciones, Petro llegó a equiparar el ejercicio del control político con un “golpe de Estado institucional”, confundiendo deliberadamente el papel del Congreso como contrapeso con una supuesta conspiración contra su mandato, lo cual dejó secuelas en la confianza pública y en la estabilidad del sistema.
Prueba de ello es que, según un análisis de Orza, en los tres primeros años del gobierno Petro, se radicaron 100 proyectos legislativos desde el Ejecutivo y apenas 30 se convirtieron en ley, lo que representa una efectividad del 30%, la más baja en comparación con sus antecesores. Mientras Duque alcanzó un 60% y Santos superó el 50% en sus dos mandatos, la actual administración no logró consolidar mayorías ni sostener una agenda coherente.
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También hay que decir que el Congreso no se desmoronó y por el contrario, reafirmó su autonomía en los momentos clave y obligando al presidente Petro a negociar en varios momentos, para impulsar sus reformas. Esto lo hizo sin cohesión plena, sin una oposición unificada, pero con una mayoría legislativa que antes allanarse al Ejecutivo, buscó defender las formas del Estado democrático.
El último baile
La legislatura que comienza el 20 de julio de 2025 se perfila como la más políticamente condicionada del cuatrienio, ya que no solo es la última del gobierno Petro, sino que estará cruzada por la campaña presidencial y parlamentaria de 2026; en un escenario en el que el margen para impulsar reformas ambiciosas es prácticamente nulo.
La expectativa, compartida por congresistas, analistas y entidades técnicas, es que esta sea una legislatura centrada en una agenda mínima, técnica y viable; en la que el presidente Petro y sus alfiles deberá evitar a toda costa caer en un trancón legislativo, priorizando las apuestas políticas que necesita en el cierre de su gobierno.
Esta legislatura estará marcada por las próximas elecciones a la Presidencia y al Congreso.
Entre los proyectos que deben tramitarse por necesidad institucional destaca la Ley de Competencias Fiscales, clave para la implementación de la reforma al Sistema General de Participaciones, norma que permitirá que los entes territoriales incrementen su participación en el presupuesto nacional desde el 25% hasta el 39,5% en los próximos 12 años.
También será fundamental la presentación del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026, punto en el que después del fracaso del año anterior, se proyecta un debate candente, luego de que la Casa de Nariño hiciera oídos sordos a la crisis fiscal y se la jugara por aumentar el gasto.
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A la par del Presupuesto Nacional se espera que llegue al Congreso otro proyecto que ayudará a financiar estas cuentas. Se trata de la reforma tributaria, proyectada inicialmente en $19 billones, pero que no se descarta que pueda ser mayor y ayudará a recoger la plata que se necesita para evitar una crisis fiscal el otro año, y que no cuenta con mayorías en el Legislativo, ya que una nueva alza de impuestos sería difícil de defender en un contexto donde las alertas por burocracia y derroche están aumentando.
A esta nueva legislatura también llegan la reforma a la salud, largamente debatida y que podría encontrar apoyos si se despoja de dogmas; así como la reglamentación de la Jurisdicción Agraria que también tiene posibilidad de consensos, en la medida en que se enfoque como cumplimiento del acuerdo de paz y no como bandera ideológica.
Reformas del Gobierno
Pero también habrá reformas condenadas al fracaso, como la nueva versión del marco para la “paz total”, que incluiría beneficios penales a bandas criminales, y la reforma energética impulsada por el Gobierno para intervenir tarifas son propuestas que nacen polarizadas y con escasa viabilidad técnica y política.
Entre los proyectos a debatir también están la regulación de tarifas de energía, con una nueva propuesta del Gobierno que podría chocar con los gremios; la prohibición del fracking, impulsada por el Ministerio de Ambiente pese a la crisis de reservas; el intento por revivir el Ministerio de la Igualdad tras el fallo de la Corte; y una reforma alterna al Icetex, que presentará el Pacto Histórico frente a la de Catherine Juvinao.
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Así las cosas, el gran desafío de la cuarta legislatura no será transformar el país, sino evitar que se siga deteriorando; mientras que, en medio de crisis fiscales, económicas, sociales y de seguridad, el Congreso y el Ejecutivo deberán actuar con una dosis de responsabilidad institucional poco vista en años recientes.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.portafolio.co
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