Cómo el «huachicol» se convirtió en México en un delito comparable al narcotráfico (y por qué es central para Trump y Sheinbaum)

Mucho de este último episodio del huachicol tiene que ver con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Su agenda de lucha contra del tráfico de drogas y el crimen organizado ha significado una presión enorme para las autoridades mexicanas, que han debido reforzar sus estrategias de persecución a fenómenos como éste.

A eso se suma algo que para muchos no está desvinculado de Trump: Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, implementaron la campaña más ambiciosa que un gobierno mexicano haya lanzado en contra de este delito.

Hace poco, García Harfuch volvió a divulgar los resultados de su cartera en menos de un año: cientos de detenidos, decenas de carrotanques asegurados y recuperación de más de 40 millones de litros de gasolina robada.

El año pasado, sin embargo, se registró la cifra de robo de combustible más alto en 15 años, según el Observatorio Ciudadano de Energía (UCE).

Al tiempo de todo esto, el huachicol está en el centro de un escándalo político que sacude a la coalición oficialista por el presunto involucramiento de dirigentes del estado de Tabasco en parte de la estructura criminal petrolera.

¿Qué es, pues, el huachicol, y cómo se convirtió en la industria delictiva más grande de México?

El término al parecer viene del maya, que llama «huach» al «ladrón». Se le añadió el sufijo «col» en referencia a una actividad ilegal. Pero también existe la teoría de que viene del latín «aquati», que significa «aguado».

A principios de siglo XX se usaba para definir el acto ilegal de adulterar el licor, pero con el tiempo fue trasladado al mundo del combustible, aunque con una connotación similar que sugiere adulterar.

El robo de combustible en México es un delito centenario, pero la primera versión del huachicol contemporáneo surgió de las entrañas de Pemex, la petrolera del Estado mexicano creada en 1938.

«Fueron los mismos empleados de Pemex quienes empezaron a robar combustible», dice Ana Lilia Pérez, una de las periodistas que más ha investigado el tema. «Y ellos, para que no se notara la ordeña, mezclaban el producto con otras sustancias».

Lo robaban de muchas formas, pero la principal era con tomas clandestinas —algunas precarias, otras sofisticadas— a lo largo de los oleoductos. Pemex estima que cada año los delincuentes abren un promedio de 10.000 tomas clandestinas.

Hoy se calcula que hay cerca de 22.000 tomas activas, casi dos por cada estación formal de gasolina.

«Durante años fue un problema que nadie quiso ver», señala Pérez. «Los gobiernos no hacían nada por detenerlo y, gracias a eso, cada vez fue más grande».

Pero no solo gracias a eso: ante el boom económico del narcotráfico, los carteles encontraron en el huachicol la manera más eficiente de lavar sus activos al tiempo que generaban nuevos ingresos poniendo redes de gasolineras y, en ellas, vendiendo gasolina contrabandeada o robada.

«Desde 2006 los narcos se meten de lleno en el huachicol en complicidad con empresarios, transportistas, gente del sector energético, de aduanas, de impuestos», explica la periodista, que ha entrevistado varios capos del narco sobre el tema.

«Fue una forma para ellos de tener una industria tan grande y lucrativa como el narcotráfico, pero que nadie estaba mirando», añade.

Creció tanto que hasta le crearon un santo: el «Santo Niño Huachicol», un Divino Niño Jesús que, en lugar de llevar báculo y flores, carga un bidón y una manguera.

Andrés Manuel López Obrador, quien gobernó de 2018 a 2024, fue el primer presidente que lanzó una lucha frontal contra el delito: se blindaron campos petroleros, los transportistas recibieron escoltas, se inhabilitaron decenas de miles de tomas ilegales y se recuperaron poco menos de 8 millones de litros, casi lo mismo que Sheinbaum ha incautado en menos de un año.

Pese a que AMLO —quien llegó a decir que el delito estaba «prácticamente eliminado»— hizo esfuerzos inéditos, los expertos aseguran que el huachicol nunca creció tanto como en su gobierno, no solo porque las tomas clandestinas siguieron aumentando, sino porque la diversificación del negocio se consolidó.

«Las medidas de AMLO, aunque las primeras, fueron insuficientes», dice Pérez.

El petróleo es un capítulo especial de la historia mexicana.

La industria, surgida a finales del siglo XIX, estuvo hasta 1938 en manos de empresas extranjeras que gozaban de acceso fácil a los recursos y pagaban pocos impuestos.

Ese año, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria, lo que convirtió a Pemex en un símbolo de soberanía para una nación enfrentada al imperialismo europeo y estadounidense.

En las décadas del 70 y 80 México llegó a ser uno de los mayores productores de crudo del mundo gracias al descubrimiento del campo Cantarell, en el Golfo de México.

Pero, mientras tanto, los otros campos se abandonaron. Pemex se concentró en la administración de Cantarell y, al cabo de dos décadas, el campo dejó de dar a abasto.

Con eso llegaron las deudas, los escándalos de corrupción, las pérdidas y luego, para rematar, el huachicol. Encima, cayó el precio internacional del petróleo.

La industria petrolera mexicana dejó de ser lo que era. Pemex, que tiene 130.000 empleados, casi 500 campos de producción y 6 refinerías a media máquina, es hoy la petrolera más comprometida del mundo con una deuda de US$20.000 millones.

En 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto dio fin a 76 años de historia nacionalista aprobando una reforma energética que volvía a permitir la inversión extranjera.

«Antes de 2013, como Pemex era el único en la industria, no se tenía medido cuánto se perdía por cuenta del huachicol», dice Diana Pineda, abogada y consultora en el tema de la firma Sainz.

«Era un problema sin detectar que, cuando se detecta, fruto de los requisitos que exigía la apertura, se dan cuenta que es enorme, y entonces las nuevas empresas, que pensaban invertir en oleoductos para agilizar el transporte, se dieron cuenta de los riesgos, y eso dio con un boom del transporte de carrotanque por carretera y del trasvase por barco», asegura.

Para evitar el robo, entonces, la nueva industria decidió transportar el petróleo y sus derivados por carreteras y mares.

En México, producto del nacionalismo petrolero, la gasolina terminada tiene un impuesto alto de importación que busca proteger la industria local. En cambio, los derivados necesarios para refinar no tienen impuesto.

Y es ahí, aseguran las expertas, que surge el «huachicol fiscal», un delito que no busca precisamente robar combustible, sino estafar a los servicios de aduanas e impuestos —y, de paso, a los usuarios— importando combustible falso o rendido.

Hay estados mexicanos, sobre todo en los fronterizos del norte, donde la mitad del combustible consumido el año pasado fue contrabandeado, según Fuelpricing, una página mexicana que monitorea los precios de combustible.

Un tercio de los casi US$30.000 millones que ha perdido México a cuenta de esta industria ilegal se atribuye al huachicol fiscal, según el OCE.

El paso del huachicol de robo a delito fiscal hizo grande a la industria, permitió a los carteles diversificarse e involucró a decenas de funcionarios y empresarios mexicanos que ahora están en el ojo de las autoridades estadounidenses.

Y no solo mexicanos. El huachicol fiscal implica una triangulación de importaciones con empresas estadounidenses. Este año, Estados Unidos ha sancionado a ciudadanos y empresas mexicanos, y ha arrestado a una decena de acaudalados empresarios estadounidenses que supuestamente están involucrados en el esquema.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha dicho que «el robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo son fuentes de ingresos para la actividad narcoterrorista del CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generación), ya que proporcionan una lucrativa fuente de ingresos para el grupo y le permiten sembrar el caos en México y Estados Unidos».

Además del CJNG, se sabe que el Cartel de Sinaloa tuvo una pujante red de gasolineras, que el Cartel del Golfo es pieza clave de la triangulación con EE.UU. y que el Cartel de Santa Rosa de Lima es una organización exclusivamente dedicada a este delito.

Ahora los carteles son, según Estados Unidos, organizaciones terroristas, con lo que cualquiera que esté relacionado a ellos puede ser imputado.

Cualquiera como, por ejemplo, la élite política del Estado de Tabasco, en el sur del Golfo de México, considerado el «edén del huachicol» y donde el gobierno de Sheinbaum ha hecho la mayor parte de sus recientes decomisos.

El exsecretario de Seguridad tabasqueño, Hernán Bermúdez Requena, tiene orden de captura por asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Está prófugo.

Y su exjefe, el exgobernador Adán Augusto López, que es hoy senador y jefe de bancada de Morena y solía mostrarse como gran amigo de AMLO, está contra las cuerdas. El congresista ha negado haber tenido conocimiento de actividades ilegales durante su mandato en Tabasco.

Sheinbaum ha dicho que no va a emitir juicios sin pruebas, pero que tampoco va a proteger a nadie.

Cuando se habla de huachicol fiscal se suele decir que su gestión es imposible sin el aval de las autoridades. Ahora que Sheinbaum y Trump parecen alineados en su persecución, esas autoridades podrían revelarse.

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