De dónde surgió la idea de que una pequeña ciudad de Colorado es la «zona cero» del Tren de Aragua en EE.UU. (y cuán real es)

Hacia las 11:15 de la noche, sentada junto a su marido en el salón, Romero revisaba en su teléfono las imágenes de una de las cámaras de seguridad de su puerta cuando vio a unos sujetos.

Unos empuñaban rifles de asalto y pistolas, otros hablaban por el celular, y, todos a cara descubierta, irrumpieron en el apartamento de enfrente, el número 301, para poco después desaparecer escaleras abajo.

A los pocos minutos escucharon gritos en español en la calle —»Cállate»—, seguidos de disparos «de armas de seis calibres distintos».

Aquello acabaría con la muerte de su vecino, Oswaldo José Dabión Araujo, un venezolano de 25 años, aunque eso Romero aún lo desconocía.

Tampoco se imaginaba que el video que estaba viendo en su celular acabaría volviéndose viral, colándose en los discursos de campaña del por entonces candidato presidencial Donald Trump.

Pero ¿cómo se llegó a esa idea? ¿Y qué es lo que la narrativa y los intereses entrecruzados que la construyeron nos dejan ver sobre la presencia real de la banda venezolana?

«En Aurora se juntaron todos los ingredientes, fue un caldo de cultivo perfecto, una bomba de tiempo», le dice a BBC Mundo el venezolano Jesús Meleán, quien lleva años viviendo en el área y como editor del medio local El Comercio de Colorado ha cubierto el tema en detalle.

«Estaban todas las condiciones dadas para que elementos criminales explotaran a una población vulnerable y para que eso alimentara una agenda política. Una lástima, realmente, en una ciudad abierta e históricamente diversa como esta».

Y es que con sus 400.000 habitantes, Aurora es una comunidad en la que las minorías son mayoría.

Según el más reciente reporte socioeconómico municipal (2022), en los últimos cinco años la población que se identifica únicamente como blanca se redujo en un 5%, mientras el 30% se identifica como latino, el 17% como afroestadounidense y el 7% de origen étnico asiático.

Una quinta parte de los habitantes del municipio nació en otro país, un porcentaje que ha ido en aumento en las últimas décadas. El informe identifica 58 naciones de origen, siendo México la más común, aunque también hay residentes nacidos en Etiopía, El Salvador, Vietnam, Corea del Sur o India.

Además, el 33% de los vecinos habla una lengua distinta al inglés en casa, en el 20% de los casos el español, y en las escuelas del municipio conviven 14 idiomas.

En los últimos dos años y medio a esa pluralidad se le han sumado parte de los 43.000 residentes provenientes de Venezuela establecidos en el área metropolitana de Denver.

El pico de esa inmigración se registró en diciembre de 2023, con cientos de venezolanos llegando a la zona cada día.

Muchos lo hicieron directamente desde la frontera con México, en autobuses fletados por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, con el objetivo de presionar a esta y otras «ciudades santuario», aquellas con normas que amparan la no colaboración de sus autoridades municipales con las federales en materia de inmigración.

La alcaldía de Denver, en manos de los demócratas, acondicionó una serie de hoteles y destinó recursos para albergarlos. Cuando estos quedaron saturados, con ayudas públicas de por medio y unas organizaciones como intermediarias, los migrantes se instalaron en apartamentos.

Muchos encontraron un nuevo hogar en Aurora, limítrofe con Denver pero con una renta media más baja y, por tanto, una oferta de alojamiento más barata.

Así, acabaron en los bloques de Edge at Lowry, como vecinos de Cindy Romero, o apenas unas cuadras más allá, en los apartamentos de Fitzsimons Place o en los de Whispering Pines, todos ellos operados por CBZ Management, una empresa con un historial de negligencias.

Desde mayo de 2023, funcionarios de la alcaldía de Aurora habían estado tratando de obligar a CBZ a arreglar los tres complejos de apartamentos en mal estado en el deprimido corredor East Colfax, que conecta Denver y Aurora.

Aunque registros de inspecciones que se remontan a 2020 —años antes de la llegada de los inmigrantes venezolanos— ya dan fe de plagas de ratas, paredes y techos deteriorados en las viviendas.

En marzo de 2024, algunos de los inquilinos hicieron llegar a medios locales videos y fotos de goteras, habitaciones inundadas, pedazos de techo desprendidos y basura acumulada en los pasillos.

«Llevo reportando moho a los gerentes desde la misma semana en la que llegué aquí», le dijo Alyssa Alva, quien tiene un hija de 10 meses, al canal Denver7.

En julio, el propietario ofreció una nueva explicación de por qué no podía reparar los edificios: pandilleros venezolanos se habían apoderado de ellos y los administradores se habían visto obligados a huir.

Ese mes, un tiroteo en los apartamentos de Fitzsimons Place se había saldado con dos heridos. La policía detuvo a Jhonnarty Dejesus Pacheco-Chirinos, de 24 años, y Jhonardy José Pacheco-Chirinos, de 22, dos hermanos venezolanos que, según la prensa local, «tenían aterrorizados al vecindario».

Las declaraciones juradas de los arrestos obtenidas en las siguientes semanas por The Denver Gazette revelarían que la policía sospechaba de su pertenencia al Tren de Aragua, también conocido como TdA en EE.UU.

El alcalde de Aurora, el republicano Mike Coffman, y la concejala Dannielle Jurinsky, repitieron la afirmación no verificada de CBZ en entrevistas con medios. «Tenemos áreas en nuestra ciudad que, desafortunadamente, han sido tomadas, y tenemos que recuperarlas», le dijo Coffman a un presentador de la radio.

Aunque más adelante ambos trataron de bajar el tono con una declaración conjunta — «las afirmaciones exageradas alimentadas por las redes sociales y ciertos medios simplemente no son ciertas»— , el daño ya estaba hecho.

Para Emily Goodman, del East Colfax Community Collective, una asociación que ofrece asesoría y asistencia en cuestiones de vivienda, el de Aurora es «un ejemplo de manual» del uso de un chivo expiatorio.

«No estoy diciendo que no exista criminalidad en el área. Definitivamente existe, pero no creo que utilizar a los recién llegados como chivo expiatorio por unos edificios que llevan años en un estado deplorable sea una representación precisa de por qué estaban ocurriendo las cosas de la manera en la que estaban ocurriendo», subraya.

Los apartamentos en cuestión fueron clausurados y sus vecinos desalojados. La oficina del fiscal general de Colorado confirmó entonces que estaba investigando a CBZ Management, citando violaciones del reglamento.

BBC Mundo trató de contactar sin éxito con la empresa, que en sus redes sociales informa que, con el litigio en marcha, no hará comentarios ni ofrecerá entrevistas.

«En un intento de desacreditar este hecho con fines políticos y evitar la responsabilidad gubernamental, algunos han difundido información falsa sobre nuestra situación», reza un hilo de X en el que CBZ explica su versión de lo ocurrido.

Recién designada «organización delictiva transnacional» por el Departamento del Tesoro bajo la administración de Joe Biden —al relevarlo en la Casa Blanca, Trump doblaría la apuesta, nombrándola «organización terrorista transnacional»—, una serie de incidentes apuntan a que las autoridades locales y estatales ya estaban al tanto de la posible presencia del Tren de Aragua en el área antes del tiroteo en los apartamento de Aurora.

La balacera, ocurrida el 28 de julio y a la que los medios no dieron excesiva cobertura, coincidió sin embargo con otro evento que, según el editor Jesús Meleán, marcó un punto de inflexión en toda esta historia.

Algo que echó más leña al fuego y ayudó a reforzar la idea, que ya estaba tomando forma en la mente de ciertos políticos y residentes, de que con la inmigración venezolana habían llegado al área afiliados del TdA.

Con motivo de las elecciones presidenciales en Venezuela de julio de 2024, miembros de la comunidad se empezaron a reunir en el aparcamiento de un centro comercial, para celebrar lo que anticipaban sería una sonada derrota de Nicolás Maduro. Llegaron a ser entre 3.000 y 4.000, según cálculos de las autoridades.

Al filo de la medianoche, cuando Maduro se proclamó vencedor, hicieron sonar las bocinas en señal de protesta, comenzaron a entorpecer el tráfico y hasta se reportaron disparos al aire.

Decenas de mensajes haciéndose eco del suceso inundaron las redes sociales, entre ellos uno de la concejala Jurinsky que advertía que una multitud había «tomado» una parte de la ciudad.

«Puede que las elecciones de noviembre sean las más importantes de sus vidas, de las vidas de sus hijos, de las de sus nietos. De nuevo, ¡Todos merecen la verdad!», escribió.

En los meses que restaban para los comicios presidenciales en EE.UU., Aurora fue acaparando cada vez más protagonismo.

Ante la pregunta de si conocía a los seis hombres armados que quedaron registrados por la cámara de seguridad de su puerta, Cindy Romero no duda.

«Eran ilegales que habían llegado con la última oleada», exclama en referencia a la inmigración venezolana. «Sabía que andaban en algún tipo de actividad criminal, pero no que eran parte de una pandilla transnacional», reconoce.

Eso último, que las investigaciones policiales a día de hoy no han establecido, se lo diría la concejala Jurinsky, tras haberla ayudado a mudarse a otro apartamento a decenas de kilómetros de allí.

«Aurora tiene un gran problema de pandillas», denunciaría Jurinsky después de que el video de Romero se hiciera viral, tras ser enviado por ella misma a un periodista de la cadena Fox 31. El gobierno municipal y el departamento de policía de la ciudad siguen negando hasta el día de hoy que eso sea cierto.

A Trump, por entonces en plena carrera hacia la presidencia de EE.UU., le faltó tiempo para echar mano del incidente en la pequeña ciudad de Colorado para reforzar su discurso de «a más inmigración, mayor criminalidad».

El aún candidato lo mencionó al enfrentarse a la demócrata Kamala Harris en el debate de septiembre. «Vamos a llevar a cabo la mayor deportación de la historia de nuestro país», dijo ese mismo mes en una conferencia de prensa en su club de golf en Los Ángeles. «Y empezaremos por Springfield —una localidad de Ohio donde, según el hoy presidente, los migrantes se estaban comiendo los perros y gatos de la población local— y por Aurora».

En octubre, durante un acto de campaña en la ciudad, el republicano bautizó su campaña de expulsiones masivas como Operación Aurora. También describió la localidad como una «zona de guerra», mientras el alcalde Coffman insistía en que los incidentes eran «aislados» y los reportes «exagerados».

A las reacciones de las autoridades y representantes de las fuerzas del orden locales se les sumaron declaraciones de políticos y activistas de distintos colores y de dentro y fuera del estado, unos agitando el cóctel migración-criminalidad, otros denunciando una «campaña de desinformación».

Trump ganaría las elecciones en noviembre, y desde su primer día en el Despacho Oval empezaría a impulsar su agenda antiinmigración.

Mientras, en una visita a Colorado, el entonces jefe interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Derek Maltz, aseguró que el «centro de comando y control» de TdA se encontraba precisamente en el estado.

Lo denominó «la zona cero de algunos de los criminales más violentos» del país, algo que los expertos consultados por BBC Mundo ponen en duda.

«Me siento muy herida por la comunidad aquí y por cómo se ha manejado todo», confiesa Shannon Peterson cuando BBC Mundo visita el barrio en el que se encuentra el complejo Edge at Lowry casi un año después de que el video grabado en él se volviera viral.

Lo dice mientras le damos la vuelta a la manzana para llegar desde su casa a los seis bloques que, tras ser clausurados en febrero, lucen hoy desangelados, con las ventanas tapiadas y rodeados de una verja adornada con carteles que advierten en rojo: «No traspasar».

«Toda la situación se manejó fatal, ¿y de quién fue la culpa? ¿De Trump, que simplemente se comportó como Trump? ¿O de aquellos tan desesperados por oponerse a él que desafiaron la razón y pusieron en riesgo a otras personas?», pregunta de forma retórica esta estadounidense, maestra de inglés como lengua extranjera y casada con un mexicano.

Cansada de la inseguridad y de que los representantes tanto en el concejo municipal como en el Congreso estatal no hicieran caso de sus llamados —dice—, organizó una patrulla vecinal, para conocer mejor la situación, generar conciencia a través de charlas y hacer presión.

«Sabía que tenía que hacer algo, y también que yo sola no podría», reconoce.

Fue puerta a puerta, y así conoció a Olga, quien vive a escasos metros de los infames inmuebles.

Por aquel entonces esta guatemalteca con ciudadanía estadounidense que lleva tres décadas en el país estaba tratando de vender la casa que comparte con su marido e hijos.

«Pero pasaban los meses y nadie la quería», se lamenta, al tiempo que pide omitir su verdadero nombre y detalles que puedan llevar a identificarla, por temor a una retaliación.

Ambas dicen sentirse ahora más aliviadas, no solo por el cierre del complejo, si no también por el cambio en cómo se gestionan –y comunican– los incidentes violentos desde que el Departamento de Policía de Aurora tiene una figura permanente al frente. Es una opinión que comparte la mayoría de los entrevistados por BBC Mundo para este reportaje.

Todd Chamberlain sustituyó como jefe de policía a Heather Morris, quien cubría el puesto de forma interina, en septiembre. Es la sexta paersona en el cargo en cinco años.

El pasado 9 de junio, cuando nueve hombres armados fueron captados con una cámara de seguridad causando estragos en otro complejo residencial de Aurora, Chamberlain salió al paso con una rueda de prensa. «Esto puede sonar a déjà vu. Lo estamos abordando de forma activa, efectiva e inmediata», aseguró ante los medios.

El Departamento de Policía de Aurora declinó la solicitud de entrevista de BBC Mundo, como también lo hizo el despacho del alcalde.

Por medio de un comunicado atribuido a su portavoz Jennifer Soules, el gobierno municipal volvió a subrayar que «ni el TdA ni ninguna otra entidad o grupo criminal ha tomado el control de toda la ciudad».

«El Departamento de Policía de Aurora, en asociación con agencias del orden locales, estatales y federales, confirmó que individuos selectos con conexiones con el Tren de Aragua parecían tener como objetivo a otros migrantes venezolanos en tres complejos de apartamentos situados en un radio de dos millas», reza el comunicado.

Asegura además que la criminalidad se redujo en un 20% en 2025 con respecto al año anterior, siguiendo una tendencia que venía ya a la baja.

Y concluye: «La historia completa y precisa de Aurora es aquella en la que la seguridad pública es una prioridad máxima y la ciudad está logrando avances significativos año tras año en la protección de sus residentes».

Pero entonces, ¿cuál es la presencia real del Tren de Aragua en Aurora y el área metropolitana de Denver?

A principios de febrero, decenas de agentes federales, con ropa táctica y granadas de humo, llevaron a cabo redadas en varias propiedades del área metropolitana de Denver.

«Andamos aquí hoy en busca de miembros del Tren de Aragua, de pandilleros de Venezuela», explicó en un video colgado en X Caleb Vitello, el entonces director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE.UU.

Ante esa misma pregunta, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) solo se refirió, en general, a más de 273.000 arrestos y a la deportación 239.000 «extranjeros ilegales» hasta el 30 de junio.

Sin embargo, en una rueda de prensa a finales de junio, la fiscal general Pam Bondi anunció que hasta esa fecha se había arrestado a 2.711 miembros del TdA en el país.

«Creo que todos en esta sala estamos de acuerdo en que se trata de una de las organizaciones más violentas del mundo», subrayó, y se jactó de los «significativos avances de la operación para desmantelarla».

Sin embargo, no todos están convencidos de ello.

Tim Macdonald, el director legal de la rama de Colorado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) cree que las redadas masivas en el estado responden a «la falsa narrativa de Trump sobre una ciudad tomada por la pandilla».

ACLU representa legalmente a algunos de los detenidos.

«Y en los casos en los que hemos estado involucrados, sabemos que las acusaciones son absolutamente frívolas y débiles, que la administración Trump y los funcionarios de ICE los han atormentado con acusaciones de que son miembros de Tren de Aragua basadas en algo que nunca se sostendría en un tribunal y que no tiene fundamento en los hechos», dice Macdonald.

Pero entonces, ¿qué hay de cierto en la afirmación del anterior jefe de la DEA de que Aurora es —o fue— la «zona cero» del TdA en EE.UU.?

«Ciertamente hemos visto elementos de liderazgo en el terreno en Colorado, y se debe a que el estado ha sido uno de los principales destinos para los migrantes venezolanos en EE.UU», le dice a BBC Mundo David Olesky, agente especial a cargo de División de Campo de las Montañas Rocosas de la DEA.

Aunque advierte de la dificultad de distinguir de si se trata de miembros originales de la banda o de asociados. «A veces representa un reto, porque no es que los pandilleros tengan una credencial que los acredite como parte de una u otra banda», explica.

«Lo importante realmente es investigar en qué conducta ilegal están involucrados e identificar las redes, y ese es nuestro foco», añade.

La DEA forma parte de la fuerza de tarea conjunta integrada por agencias locales, estatales y federales para combatir el TdA en Aurora desde agosto de 2024.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI), que también participa en el esfuerzo, rechazó la solicitud de entrevista de BBC Mundo.

Daniel Brunner, un agente especial retirado del FBI experto en organizaciones criminales que sí accedió a hablar con este medio, niega tajante que el epicentro de la organización criminal en EE.UU. esté en esta ciudad de Colorado.

El ahora investigador y consultor en seguridad, quien considera que el Tren de Aragua está presente al menos en una veintena de estados del país, duda que incluso tenga una «zona cero».

«El TdA entró con tal rapidez a EE.UU. que no pudieron establecer un comando y control claro como, por ejemplo, la (pandilla salvadoreña) MS-13, que tiene un estructura bien marcada, con líderes de programas, clicas (células), porque surgió en los 80», explica.

El Tren de Aragua lleva apenas tres años en el país norteamericano, concuerda Brunner con otros especialistas, y calcula que tendría allí entre 500 y 700 «miembros originales».

«Aunque están reclutando a jóvenes y hay otras 2.000 personas que dicen que pertenecen a la pandilla, cuando en realidad no», subraya.

Para conocer la dimensión del fenómeno y el nivel de amenaza que supone en territorio estadounidense, Brunner insiste en que es necesario llevar a cabo investigaciones en el marco de la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas.

Esta ley, más conocida como RICO por sus siglas en inglés, permite procesar a las organizaciones y sus miembros como crimen organizado y presentar cargos de terrorismo contra sus líderes.

«Pero eso toma mucho tiempo, incluso años, y la administración Trump quiere resultados rápidos», zanja.

Cindy Romero vio solucionada, en parte, su situación. Dice vivir mucho más tranquila en su nuevo apartamento al otro lado de la ciudad, aunque su familia siga residiendo en Aurora.

Cuando el 11 de octubre pasado Trump llegó a la ciudad para un mitin político, invitó a la mujer al escenario y aplaudió su valentía.

«Por Cindy, la izquierda radical ya no puede decir que nunca pasó», proclamó el aún candidato.

«A veces me preguntan si no siento que Trump me utilizó», le dice hoy Romero a BBC Mundo.

«Yo les contesto que, en realidad, fui yo quien lo usó a él».

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.