Caso de Rocío San Miguel: criminalización de defensores
La organización Justicia, Encuentro y Perdón denunció que la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, ocurrida el 9 de febrero de 2024, constituye un acto arbitrario que desconoce abiertamente las garantías del debido proceso y refleja un patrón de persecución contra quienes defienden derechos fundamentales en Venezuela.
En un comunicado publicado en la red social X, la ONG subrayó que, aunque no ha sido condenada, San Miguel ya sufre las consecuencias de un encarcelamiento prolongado y sin causa judicial válida.
“Este hecho vulnera la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada en un plazo razonable con la asistencia de abogados de confianza”, expresó la organización, recordando que tales derechos están protegidos tanto por la Constitución venezolana como por tratados internacionales suscritos por el Estado.
San Miguel como blanco de criminalización
Justicia, Encuentro y Perdón advirtió que la privación de libertad de San Miguel no solo afecta a la abogada y su familia, sino que representa un ataque directo a toda la comunidad de defensores de derechos humanos. “Criminalizar su trabajo cívico y pacífico envía un mensaje de intolerancia institucional hacia la crítica, la verdad y la participación ciudadana”, indicó el comunicado.
La ONG enfatizó que la detención de San Miguel debilita aún más el espacio democrático en Venezuela, pues busca disuadir a otros activistas de continuar su labor de denuncia y acompañamiento a víctimas.
En su publicación en X, Justicia, Encuentro y Perdón exigió la liberación inmediata e incondicional de Rocío San Miguel. “Mantener en prisión a quienes defienden los derechos fundamentales de la sociedad niega toda posibilidad de justicia”, recalcó la ONG.
Desde el 9 de febrero de 2024, la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel permanece detenida arbitrariamente en Venezuela, en condiciones que desconocen de manera abierta las garantías del debido proceso.
A pesar de no haber sido condenada, Rocío San Miguel ya sufre las… pic.twitter.com/hllyqLv3EN
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) September 9, 2025
El caso de San Miguel ha generado preocupación en organizaciones nacionales e internacionales, que coinciden en señalar que su detención forma parte de un patrón sistemático de represión contra voces críticas en el país.
Antecedentes del caso
La abogada fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en La Guaira, cuando se disponía a viajar con su hija. Ambas fueron detenidas en los controles migratorios y luego trasladadas por cuerpos de seguridad del Estado. En los días siguientes, también fueron apresados dos hermanos de la defensora, el padre de su hija y su expareja.
Aunque varios de los familiares fueron liberados, San Miguel permanece detenida junto a Alejandro González de Canales, militar retirado y exgerente de Chevron. Ambos se encuentran recluidos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en la sede conocida como El Helicoide.
Proceso judicial
Las autoridades imputaron a San Miguel por los presuntos delitos de “traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”. Sin embargo, tras más de un año privada de libertad, su juicio no ha comenzado y la audiencia ha sido suspendida en repetidas ocasiones, lo que prolonga la incertidumbre sobre su situación.
Justicia, Encuentro y Perdón considera que estos retrasos procesales confirman el carácter político de la detención de San Miguel, convirtiéndola en un símbolo del hostigamiento institucional contra defensores de derechos humanos en Venezuela.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.el-carabobeno.com
En la sección: Noticias de Venezuela.
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