Contraloría advierte desfinanciación del PAE y riesgo de cobertura en 2026 | Gobierno | Economía

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, presentó los resultados de la evaluación de la ejecución de la política pública del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con énfasis en el déficit financiero y las fallas estructurales en su operación.

Durante el foro “Una mirada a la Alimentación Escolar en Colombia”, el jefe del órgano de control señaló que la desfinanciación se mantiene como uno de los principales factores que afectan la prestación del servicio en el país y genera impactos directos en el acceso a alimentación para estudiantes del sistema oficial.

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Según el informe, en 2025 el PAE atiende a 5,57 millones estudiantes con un presupuesto de $5,27 billones. Sin embargo, 1,28 millones estudiantes no reciben el alimento escolar y se requerirían $1,21 billones adicionales para garantizar la cobertura. Para 2026, el análisis indica que serían necesarios $1,3 billones adicionales para cubrir a 1,6 millones de estudiantes que quedarían por fuera del programa si no se asegura la financiación.

Los resultados entregados muestran disparidades entre regiones, pues departamentos como Amazonas, Casanare y Guaviare no alcanzan el 50% de cobertura. En total, 19 de los 32 departamentos se encuentran por debajo del promedio nacional de cobertura de 79% registrado en 2023. En Sahagún, Córdoba, la cobertura fue cercana al 23%. La Contraloría espera que esta entidad territorial alcance el 50% en 2026. Adicionalmente, regiones como Llanos, Pacífico y Centro Sur, que presentan menores niveles de seguridad alimentaria, reciben proporcionalmente menos recursos per cápita.

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El órgano de control señaló que el programa enfrenta dificultades históricas relacionadas con retrasos en contratación, problemas de suministro y suspensiones del servicio. En 2023, 2.570.291 estudiantes no recibieron la alimentación escolar durante su jornada académica. Esta cifra se verificó tanto en los hallazgos de auditorías como en reportes de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar. Rodríguez afirmó que las deficiencias en supervisión y control son recurrentes, especialmente en regiones como Llanos, Eje Cafetero y Centro Oriente.

En materia fiscal, la Contraloría indicó que durante 2024 y 2025 se identificaron 30 hallazgos por $7.974 millones, con 48% asociados a sobrecostos y 47% a pagos sin soportes. Entre 2020 y el primer semestre de 2025 se registraron más de 813 hallazgos, de los cuales 185 tienen incidencia fiscal por más de $55.500 millones.

De esa cifra, más de $33.000 millones corresponden a sobrecostos, equivalentes al 61% del total. En 2023 se evaluaron recursos por $1,9 billones y se identificaron 27 hallazgos fiscales por $7.964 millones, concentrados en las regiones Pacífico, Centro Sur y Llanos.

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Para garantizar la cobertura total en 2026 se requieren $1,3 billones adicionales para evitar que 1,6 millones de estudiantes queden por fuera.

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Según el informe, problemas en cocinas, comedores, equipos de refrigeración, acceso a agua potable y menaje afectan a 135.629 estudiantes, principalmente en las regiones Caribe y Centro Oriente, mientras que encuestas señalan impactos en 281.224 estudiantes. Se suman incumplimientos en la compra mínima de productos locales del 30%, con el 47% de las sedes sin priorización de insumos locales y alta dependencia externa en regiones como Centro Oriente y Pacífico.

El contralor destacó también los efectos positivos del programa en reducción de deserción escolar. De acuerdo con análisis académicos citados, se ha observado una disminución entre 10% y 25% en deserción y repetición de grado.

Respecto a la infraestructura y operación, afirmó que “se evidenciaron problemas en la funcionalidad de las cocinas, comedores inadecuados, deficiencias en equipos de refrigeración, falta de acceso a agua potable y menaje insuficiente”.

Al cierre de su intervención, Rodríguez sostuvo que “la Contraloría General de la República insta a tomar medidas concretas y efectivas para mejorar la implementación de políticas públicas que garanticen el pleno desarrollo de todos los colombianos”.

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DIANA K. RODRÍGUEZ T.
Periodista de Portafolio