Qué hace que el asesinato del alcalde Carlos Manzo siga causando indignación en México, un país marcado por la violencia

Aunque la razón del homicidio no está esclarecida, las autoridades apuntan al involucramiento del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los dos más grandes del país, y a una posible disputa entre una célula del cartel y un grupo de autodefensas en una zona rica en cultivos de limón y aguacate.

Mientras los detalles se revelan a cuentagotas, en el ambiente el homicidio del alcalde frentero que mataron un Día de Muertos parece estarse convirtiendo en un símbolo del hartazgo por el crimen en México.

La resonancia del homicidio mucho tiene que ver con el perfil del alcalde de este municipio de 400.000 habitantes, ubicado en un punto neurálgico de la millonaria industria del aguacate.

De 40 años, la popularidad de Manzo creció con rapidez en la política michoacana gracias a su estilo transparente y un discurso de «cero tolerancia» frente al crimen.

Como diputado y luego como alcalde, Manzo no tuvo reparo —a diferencia de muchos de sus colegas políticos en la región— en denunciar el «descontrol» de la violencia en Michoacán, en exponer la supuesta «complicidad» de los criminales con políticos y policías, en revelar los campos de reclutamiento y adiestramiento de niños por parte de grupos armados y en detallar con nombres y apellidos las redes de extorsión alrededor de la agroindustria.

Salido de las filas del partido oficialista de Morena, Manzo se lanzó la alcaldía como independiente con el objetivo de dar un mensaje de ruptura con los esquemas de poder tradicional. Su proyección política era no solo regional —sonaba como un posible candidato para la Gobernación—, sino también nacional.

En la alcaldía, desde octubre de 2024 Manzo quiso recuperar el control territorial del Estado en zonas disputadas, se alió con el gobierno federal para depurar policías y fiscalías, y llegó a cancelar eventos públicos simbólicos, como el Grito de la Independencia, para proteger a la población ante la sucesión de atentados.

«No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados», dijo en una entrevista.

Y en sus redes sociales añadió: «A mí me podrán matar. Me podrán levantar, intimidar, amenazar. Pero afuera hay un pueblo que exige justicia, que ya está cansado de las extorsiones. A mí me podrán chingar, pero se quedan con un tigre muy enfurecido, que es el pueblo de Uruapan. Así que, aguas, porque si nos tocan a uno, tocan a todo el pueblo de Uruapan».

Ese mensaje parece haber calado. Su Movimiento del Sombrero —una corriente que usa el sombrero de palma como símbolo de la lucha frontal contra el crimen— empieza a cruzar las fronteras de Michoacán.

Mucho de lo que el caso representa no es exclusivo de este estado en el occidente mexicano: en Guerrero, Zacatecas, Colima, Morelos y el Estado de México confluyen las mismas variables de captura institucional y fragmentación de grupos armados que produce constantes disputas.

En otros estados como Guanajuato, Chihuahua y Sinaloa el poder del crimen organizado es un ingrediente de la rutina que se traduce, casi todos los días, en homicidios y extorsión.

La emergencia de violencia en México, sin embargo, no es nueva: durante al menos dos décadas el país ha estado sumergido en esta situación y el poder del crimen organizado no ha hecho sino aumentar.

En Michoacán, de hecho, tres presidentes antes de Sheinbaum —Felipe Calderón en 2006, Enrique Peña Nieto en 2014 y Andrés Manuel López Obrador en 2021— lanzaron planes de pacificación y recuperación territorial. Ninguno funcionó.

Ante la ausencia de resultados de las medidas emprendidas por las autoridades, entre 2010 y 2013 diferentes grupos ciudadanos locales se aliaron y crearon escuadrones armados para contener la violencia con retenes, patrullajes, coordinación vecinal y enfrentamientos directos a los carteles.

Pero, en lugar de reducirla, las autodefensas aumentaron la violencia; y aunque ya no tienen la fuerza que hace 10 años, algunos de sus miembros crearon escisiones que hoy están en el centro de la disputa que, de forma indirecta, dio con el asesinato de Manzo.

Sheinbaum llegó al poder con una estrategia de seguridad que le dio resultados durante su alcaldía en Ciudad de México: fortalecimiento y depuración de fiscalías y policías, coordinación entre entidades civiles y militares y mejores salarios y capacitación técnica para los oficiales.

Para muchos, asesinatos como el de Manzo son una reacción a la campaña gubernamental.

Según las cifras oficiales, su estrategia ha dado resultados: se redujeron los homicidios en el país un 37%, se detuvieron a casi 40,000 personas por delitos de alto impacto y se destruyeron 1.500 laboratorios de producción de drogas ilegales.

Sin embargo, las desapariciones han aumentado en cerca del 13%, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Cada día se reportan un promedio de 41 personas desaparecidas.

«El caso de Manzo recuerda las desigualdades regionales que hay, porque mientras aparentemente todo va para mejor a nivel general, en algunas regiones específicas la violencia no cede», dice Carlos Pérez Ricart, analista político experto en Seguridad.

Y concluye: «Que su liderazgo tuviera fortaleza popular, que el crimen ocurriera en la Noche de las Velas (del Día de Muertos) y hubiera prensa, que su Movimiento del Sombrero tuviera resonancia nacional y que su esposa, Grecia Quiroz, lo haya sustituido en la alcaldía y suene para la gobernación, te muestra que, en realidad, esta historia está aún por escribirse».

El símbolo de Manzo apenas nace.

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