La situación de Citgo:¿Por qué se llega a un posible remate y qué se puede hacer para evitarlo?
Es una situación que ya economistas y expertos petroleros venían alertando desde hace años: Venezuela está a punto de perder su activo más importante en el exterior, la filial de Pdvsa, Citgo.
El juez federal de la Corte de Distrito de Delaware, Estados Unidos, Leonard Stark dio luz verde el martes 25 de noviembre a la compra de Citgo Petroleum Corp que es también la sexta mayor refinadora de Estados Unidos por parte de Amber Energy Inc., filial del fondo de inversión norteamericano, Elliott Investment Management.
Aparte de la posible venta, el monto acordado también es objeto de polémica al punto de ser considerado como un remate: 5.890 millones de dólares, muy por debajo de las valoraciones sobre Citgo que oscilan entre 13.000 y 18.000 millones de dólares.
Citgo vale más
“El monto que se acordó, la valoración de la empresa, de casi 5.900 millones de dólares, es lo que determinó un perito que contrató el juez Stark que trabaja con él y que se llama el Special Master y el juez la aceptó. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de conocedores en la materia, Citgo vale más de 5.900 millones de dólares, claramente”, señaló el economista José Guerra.
En declaraciones a Efecto Cocuyo, el exdiputado explicó que en utilidades no distribuidas (en caja, en efectivo) Citgo tiene más de 4.000 millones de dólares y al estar bajo la protección del Departamento del Tesoro de EEUU, dichos recursos no se pueden distribuir entre los accionistas y se utilizan para los gastos operativos y de funcionamiento para mantener el potencial de refinación.
“Entonces, una empresa que tenga más de 4.000 millones de dólares, incluyendo las instalaciones, son tres refinerías (Lake Charles en Louisiana, Corpus Christi en Texas y Lemont en Illinois), redes de poliductos, oleoductos, más facilidades, no puede valer esa cantidad, vale mucho más”, subrayó.
Se ha indicado que la operación de venta, aún requiere la aprobación final de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro y de ser así se concretaría durante el primer semestre de 2026, para poner fin a casi 20 años de propiedad venezolana sobre Citgo. Vale recordar que la administración de Donald Trump extendió hasta el 20 de diciembre de 2025 la medida que protege a Citgo de cualquier embargo por parte de sus acreedores.
Citgo generaba entre 700 y 1.200 millones de dólares anuales en flujo de caja libre y era la principal fuente de divisas líquidas para el gobierno de Nicolás Maduro a través de remesas y créditos de combustible. Con su venta, Venezuela perdería para siempre la posibilidad de recuperar este activo.
Otras implicaciones
Aunado a ello, advierte Guerra, vienen otras implicaciones y es que se van a distribuir 5.900 millones de dólares – pero la deuda es por 21 millones de dólares– entre tres o cuatro empresas demandantes, a saber, la canadiense Crystallex, porque es la primera que demandó a Citgo en el 2008, con sentencia firme y sin posibilidades de apelación, tenedores del bono Pdvsa 2020 y Conoco Phillips.
“Y probablemente un cuarto, pero la lista que sigue, que tiene más de 15 o 20 empresas, esas se van a quedar por fuera, entonces estas van a seguir demandando. Ahora, ¿contra quién siguen? Contra nadie, porque ya dejó de ser de Venezuela, las demandas quedan ahí vivas contra la República, lo cual es un problema para cualquier arreglo de negociación de la deuda pública externa en el futuro. Hoy, incluyendo estas demandas y todas las deudas atrasadas superan los 150 mil millones de dólares”, advirtió el también profesor universitario.
Otra consecuencia es que la venta provocará el corte total del suministro de gasolina subsidiada desde EE.UU. Citgo enviaba mensualmente entre 80.000 y 120.000 barriles diarios de gasolina y diésel a Venezuela bajo esquemas de trueque o pago diferido.
Pdvsa, por su parte, queda reducida a ser una empresa operadora, exclusivamente dentro del territorio nacional, al perder acceso directo al mercado estadounidense, con producción en mínimos históricos, de menos de 900.000 barriles diarios y sin capacidad de refinación en el exterior.
“No se ha aprobado la venta”
“El juez todavía no ha aprobado la venta de las acciones de PDV Holding. Lo que decidió la Corte el pasado miércoles fue desechar las objeciones en contra de la recomendación a favor de la oferta presentada por Amber, filial de Elliot. La orden aprobando la venta debe ser dictada posteriormente. En principio, podría ser dictada el próximo lunes (1 de diciembre), pero todavía hay detalles procesales por resolver”, aclaró un abogado constitucionalista que prefirió mantener su nombre en reserva para esta nota.
Una vez se dicte la orden de venta, agregó, habrá terminado el proceso de subasta, lo cual no significa, recalcó, que las acciones vayan a ser vendidas de manera inmediata al grupo estadounidense Amber.
Pdvsa Ad Hoc (que controla Citgo bajo el reconocimiento de EEUU), desde 2019, emitió un comunicado este 26 de noviembre en rechazo a la orden de venta y anunció que apelará con una moción de suspensión ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito. La instancia designada por el Parlamento de 2015 aseguró que continuará ejerciendo todas las defensas que le otorga la ley para la protección de los activos.
Asimismo, Pdvsa Ad Hoc calificó la medida como una “venta forzada” y denunció que el proceso judicial ha estado lleno de deficiencias e irregularidades, debido a un “conflicto de intereses”, entre los asesores de la Corte, la empresa Elliott y los bonistas de los Pdvsa 2020.
¿Cómo se llega a este punto?
El 13 de febrero de 2019, la Asamblea Nacional (AN) dominada por la oposición, tras declarar vacante el cargo del presidente de la República y juramentar a Juan Guaidó como presidente interino designó una Junta Administradora Ad Hoc en Pdvsa, PDV Holding Inc y Citgo Petroleum Corporation, actualmente presidida por el exgerente de Pdvsa, Horacio Medina.
El Parlamento presidido por Guaidó se basó en el Estatuto que rige la Transición a la Democracia para restablecer la vigencia de la Constitución, con la finalidad de proteger los bienes de Pdvsa en EE.UU., de la administración de Maduro. Para entonces, Citgo se consideraba el octavo mayor refinador, con capacidad para procesar unos 750.000 barriles diarios de crudo y suministrar combustibles a una red de 5.000 estaciones de servicio en 30 estados de dicho país.
Al suprimir el gobierno interino en 2023, la AN de 2015 designó el Consejo de Administración y Protección de Activos, que, de acuerdo con el reformado Estatuto de Transición a la Democracia, es la figura que sustituyó a la presidencia encargada en la defensa de los activos de la República en el exterior.
La existencia de la Comisión Delegada Legislativa -que marca la continuidad de la AN de 2015 y que preside Dinorah Figuera- sigue siendo reconocida por EEUU.
“A esta situación con Citgo se llegó por dos hechos. En el juicio de Crystallex se apeló a la figura del alter ego, es decir, que el gobierno y Pdvsa debían ser lo mismo. Crystallex había sido expropiada por Hugo Chávez en 2008. Se buscó un acuerdo entre el gobierno a través de la CVG y Crystallex y no se pudo alcanzar porque Chávez siempre se negó a pagar. En consecuencia, Crystallex demandó ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) por 3 mil millones de dólares y el Ciadi aprobó por 1.200 millones de dólares. Maduro no lo pagó, eso fue en 2018”, señaló Guerra.
Dicha demanda, acotó, comenzó en 2009 y la decisión se produjo en 2018, por lo que quedó firme la sentencia.
“Pero lo que agravó todo fue el bono 2020 porque se emitió en septiembre de 2020, como refinanciamiento del bono Pdvsa 2017. Allí vino el otorgamiento de 50,1% de las acciones de Citgo en garantía de un bono que compraron inversionistas a una tasa de interés muy favorable para ellos. O sea, si el gobierno no pagaba ellos tenían el derecho a 51% de las acciones. El bono fue por 3.000 dólares, 1.500 se colocó en el mercado y 1.500 se obtuvo Rosneft, compañía rusa, que sí cobró oportunamente su acreencia. Al decretarse la moratoria de pago en noviembre de 2017 de toda la deuda pública, los bonistas y todos los acreedores corrieron a cobrar”, relató el exdiputado.
Al estar el gobierno de Maduro “quebrado”, sostuvo, los acreedores se fueron contra Citgo, amparados en la figura del alter ego según la cual gobierno y Pdvsa eran lo mismo.
“La responsabilidad claramente fue lo que Chávez hizo primero, porque expropió Crystallex, y Maduro después, porque no pagó la deuda. Y no la defendió, porque ellos no defendieron a Pdvsa en las cortes”, sostuvo Guerra.
El interinato por su parte y luego la Delegada que preside Figuera desde 2023 han solicitado sucesivamente la protección de Citgo a EEUU.
“Todas las reclamaciones pendientes en la Corte de Delaware corresponden a la deuda pública contraída por los gobiernos de Chávez y Maduro. Estas reclamaciones suman 20.000 millones de dólares, una parte pequeña del total de la deuda externa. Maduro, a fines de 2017, decidió cesar el pago de la deuda sin enfrentar su renegociación, debido al conflicto político con la AN de 2015. Esto aceleró las demandas contra Venezuela y Citgo”, expresó el abogado en coincidencia con Guerra.
Agregó que la “ilegitimidad continuada” de Maduro desde 2018 ha impedido al gobierno de Venezuela renegociar la deuda y las reclamaciones pendientes en la Corte de Delaware.
“El gobierno interino y luego la AN de 2015, reconocida como el gobierno de Venezuela en Estados Unidos, nunca tuvo la capacidad financiera y política de renegociar la deuda. Solo pudo dilatar la subasta de Citgo , lo que se logró efectivamente. En 2018 muchos pensaban que Citgo estaba perdida y, sin embargo, todavía sigue allí”, aseguró.
¿Qué opciones hay para preservar Citgo?
De acuerdo con el jurista, hay al menos dos condiciones para que se concrete la venta de Citgo. La primera es que una vez las partes apelen la orden de venta, esta no sea suspendida por la Corte de Delaware o por la Corte de Apelaciones. La segunda es que la Ofac autorice la venta mediante una licencia, debido a las sanciones internacionales que pesan sobre Pdvsa.
“Si la orden es suspendida en apelaciones, la venta no se ejecutará y sin la licencia de la Ofac, no se puede ejecutar la venta de las acciones de PDV Holding”, subrayó.
Guerra añade que hay que tomar en cuenta igualmente que la Ofac “no actúa sola”, sino que depende del gobierno de EEUU al ser una dependencia del Departamento del Tesoro. En este sentido, no cree que la solución venga por la vía jurisdiccional que ya se ha intentado y en la que se han gastado más de 30 millones de dólares en el juicio.
“Lo que ha protegido a la compañía de que no la hayan entregado es la protección, primero, que le dio Trump desde el año 2019; después se la dio (Joe) Biden por cuatro años y ahora, pues, estamos esperando. Es una decisión del presidente Trump y solo de él. Otros influirán, le dirán, pero es una decisión que tiene que tomar él y nadie sabe lo que puede pasar allí, pero ciertamente la compañía está en peligro de perderse”, concluyó el exdiputado.
El chavismo ha señalado al interinato con el apoyo de EEUU de “despojar” a la República de Citgo. En octubre de 2024, la AN pidió a la Fiscalía la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio (confiscación de bienes) contra exdiputados, funcionarios del interinato y partidos políticos que apoyaron, además de imputaciones por asociación para delinquir, usurpación de funciones públicas, apropiación indebida de bienes de la República, traición a la patria y violación al artículo 130 de la Constitución (deber de defender la patria), amenazas que no se han consumado hasta ahora.
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
En la sección: Economía – Efecto Cocuyo
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