La abogacía madrileña considera un fracaso la Justicia digital y estima que vulnera el derecho de defensa

Casi la mitad de la abogacía madrileña está insatisfecha con la Justicia digital y solo una de cada cinco la aprueba. Los datos del recién presentado I Estudio ICAM sobre la Justicia Digital revelan una fractura sistémica entre la voluntad modernizadora de la administración y la realidad de los tribunales, otorgando a la implantación tecnológica un suspenso operativo de 2,6 sobre un total de cinco.

La lentitud de la Justicia desampara a autónomos, propietarios y consumidores

La contundencia de este diagnóstico no se basa en percepciones aisladas, sino en la validez técnica de su muestra empírica: el estudio recoge la experiencia directa de 1.373 profesionales en ejercicio, dotándolo de una precisión estadística con un margen de error de apenas el ±2,7%.

Además, esta radiografía se complementa con un dossier jurídico coordinado por magistrados de prestigio como Eloy Velasco y Joaquín Delgado, e incluye los análisis de juristas de la talla de Manuel Marchena, elevando este informe por encima del debate gremial para situarlo como un verdadero debate de Estado sobre la calidad democrática y las garantías procesales.

Esta insatisfacción no es rechazo a la tecnología ni tecnofobia: es una advertencia frontal sobre cómo se está implantando. Los profesionales denuncian que la digitalización apenas agiliza los procedimientos; de hecho, el 55,8% sostiene que la celeridad es una promesa incumplida, advirtiendo que, en muchos casos, los trámites digitales incluso dificultan el trabajo diario frente a un escaso 7,5% que percibe una mejora clara.

El acceso al Expediente Judicial Electrónico (EJE) sigue siendo un obstáculo diario y los fallos técnicos no encuentran una respuesta eficaz. En este sentido, Javier Mata, Diputado de Defensa de la Abogacía del ICAM, ha sido tajante al afirmar que un error en el sistema «no es una ‘incidencia informática’, sino una barrera al derecho de defensa que compromete la integridad del proceso», advirtiendo además de que «detrás de cada fallo tecnológico puede haber un ciudadano cuyas garantías procesales se vean comprometidas».

La magnitud del problema queda reflejada en los datos: un 57,7% de los abogados se enfrenta a documentos incompletos o mal incorporados, y un 51,5% denuncia la imposibilidad de acceder a grabaciones o archivos audiovisuales.

Estas deficiencias resultan especialmente críticas en la Justicia Gratuita. El Diputado Juan Manuel Mayllo ha subrayado que, en el Turno de Oficio, donde el 68,5% de los letrados sufre estos fallos con frecuencia, se provoca una «desigualdad de armas flagrante» que deja desarmado al abogado frente al sistema y multiplica la vulnerabilidad de los ciudadanos con menos recursos.

A esta asimetría se suma una profunda brecha en un pilar de los derechos fundamentales: el secreto profesional. La nota destaca que un 42,1% de los juristas confía poco o nada en que las plataformas actuales garanticen la confidencialidad y la seguridad de la información entre abogado y cliente.

Se trata de una vulnerabilidad sistémica que el ICAM exige erradicar, recordando que el secreto profesional no puede quedar condicionado por las limitaciones de seguridad técnica de un software.

Por otro lado, el informe abre un necesario debate sobre la presencialidad a través de los juicios telemáticos y las videoconferencias. La abogacía es pragmática y valora positivamente la tecnología cuando aporta una ventaja real: un 38,1% aprecia mejoras si se emplea en actuaciones concretas o sencillas.

Sin embargo, advierten de riesgos estructurales específicos cuando se trata de la médula del proceso judicial. Un 53,8% denuncia que la pantalla provoca una peligrosa pérdida de inmediación judicial, y un 56,6% subraya la dificultad para valorar adecuadamente pruebas clave, como la testifical y la pericial.

Frente a ello, los profesionales reclaman garantías y transparencia, especialmente ante la llegada de la inteligencia artificial (IA). El 59,3% de los abogados mira con preocupación este nuevo horizonte y exige que no se deleguen decisiones críticas en algoritmos. Por ello, un abrumador 75,7% exige que sea obligatorio declarar el uso de la IA en los procedimientos judiciales, advirtiendo sobre el riesgo de «errores y sesgos algorítmicos» (76,6%) que puedan derivar en una justicia deshumanizada y opaca.

Sobre todo, el colectivo exige poder participar en el diseño de las herramientas que utilizan cada día. El 95,4% de la abogacía reclama intervenir activamente en la creación y evaluación de estos sistemas. Consideran que la transformación digital de la Justicia debe ser auditada y co-diseñada por quienes la operan para evitar el colapso, reclamando protocolos eficaces, ya que hoy solo el 8,6% considera útiles los canales actuales de reporte de incidencias.

Para que este diagnóstico no se quede en un mero lamento, el ICAM ha establecido propuestas y líneas de acción urgentes. Por encima de todo, la prioridad absoluta para el 73,3% de los profesionales es garantizar que el acceso al expediente judicial electrónico sea completo y ordenado desde el momento de la personación. A esto se suma la exigencia de lograr la interoperabilidad entre territorios para evitar asimetrías (49,4%) y, de forma crítica, la implementación de protocolos de actuación inmediatos que impidan que un fallo del sistema derive en la pérdida de plazos o derechos del justiciable.

El estudio parte de una premisa esencial: la digitalización de la Justicia debe evaluarse no solo por su capacidad para modernizar los procedimientos, sino también por su impacto sobre el derecho de defensa, reconocido constitucionalmente, y sobre las garantías de la ciudadanía. Las dificultades de acceso al expediente, la imposibilidad de consultar determinadas actuaciones o la falta de respuesta ante incidencias tecnológicas pueden afectar directamente a la preparación de la defensa y al desarrollo del proceso.

Como ha explicado el Decano del ICAM, Eugenio Ribón, resumiendo la esencia de esta reclamación: «Nuestra obligación es estar pegados a la realidad de los colegiados, escuchar sus dificultades y actuar. Cuando defendemos que un abogado pueda acceder a un expediente completo, comunicarse confidencialmente con su cliente o reaccionar ante un fallo tecnológico, estamos defendiendo las garantías de toda la ciudadanía», concluye Eugenio Ribón.

Por ello, el informe concluye que cualquier avance tecnológico debe traducirse en una Justicia más accesible, pero también más segura y garantista. El ICAM trasladará las conclusiones de este estudio a las Administraciones competentes para impulsar las reformas necesarias y asegurar que la modernización actúe siempre como un escudo para la tutela judicial efectiva, y nunca como un obstáculo.