Intención de derogar Ley del Estatuto de Roma en la AN: Ratifica falta de voluntad para investigar crímenes
Un cruce de anuncios y reacciones han protagonizado en los últimos días la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y el chavismo que controla el poder en Venezuela, lo que estaría a punto de derivar en una salida del Estado venezolano del mecanismo internacional que castiga crímenes de lesa humanidad en el mundo.
El pasado 1 de diciembre, el fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, anunció durante su discurso de instalación de la 24ª Asamblea de Estados Parte el cierre de su oficina en Caracas “ante la falta de avances concretos” en la cooperación del gobierno venezolano, en la investigación y castigo a las violaciones de derechos humanos.
En respuesta, la Asamblea Nacional (AN) aprobó un día después (3 de diciembre) un acuerdo en rechazo a las “expresiones de colonialismo jurídico contra Venezuela” por parte de la CPI.
Adicionalmente, dio luz verde en primera discusión a la derogatoria de la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la CPI que plantea que el Estado -que ratificó el Estatuto en el año 2000- deje de formar parte del mecanismo.
Expertos consultados por Efecto Cocuyo advierten sobre tres aspectos en torno a la medida del Parlamento venezolano:
- No es de su competencia, sino del Ejecutivo, la salida del país de la CPI.
- El juicio que se sigue en la Corte contra el Estado por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en las masivas manifestaciones antigubernamentales de 2017 sigue su curso, con posibilidad incluso de resultados en el corto plazo.
- La administración de Nicolás Maduro y la institucionalidad que controla envía un nuevo mensaje al mundo de atrincheramiento en el poder a cualquier costo.
Irregularidades
El abogado experto en Derecho Internacional Público, Simón Gómez Guaimara, sostiene que es potestad del Estado parte – en este caso representado por el Ejecutivo Nacional, por ser el venezolano un sistema presidencialista – el que debe tomar la decisión de denunciar el Estatuto de Roma a través de una notificación al secretario de Naciones Unidas (ONU) y no de la AN que es lo que pareciera con la aprobación, en primera discusión, de dicha derogatoria.
Hasta ahora, Maduro no se ha pronunciado sobre dicha intención. La Cancillería mediante un comunicado divulgado el 1 de diciembre se limitó a rechazar las declaraciones del fiscal adjunto de la CPI al señalar de “colonialismo jurídico” y de instrumentalizar la justicia con fines geopolíticos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que el Estado venezolano cumple con el Estatuto de Roma y pareció hacer una advertencia: “El Estado venezolano “seguirá ejerciendo acciones para defender su soberanía y sus derechos como nación, rechazando toda fórmula de «colonialismo jurídico» que pretenda utilizar la CPI con fines políticos contra los países del Sur Global”.
“La AN comete un exabrupto. El Parlamento puede aprobar los tratados antes de que el presidente de la República los ratifique, pero no existe precedente para el retiro. Al adelantarse la AN se socava el régimen de competencias de un sistema presidencialista y la Constitución que establece que es una potestad del Ejecutivo”, explicó el abogado.
“Una camarilla”
El representante de la ONG Provea en Europa, Calixto Ávila, coincide al enfatizar que el proyecto de ley aprobado en primera discusión no significa la denuncia del Estatuto de Roma.
“Todavía no es una ley aprobada; está en trámite y principalmente no es competencia de la AN la denuncia de los tratados internacionales que según el artículo 236, numeral 4 de la Constitución, corresponde al presidente de la República que tiene la potestad de dirigir las relaciones exteriores y celebrar y ratificar tratados internacionales como el Estatuto de Roma”, agregó Ávila.
De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución, los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela “tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno” y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.
Gómez Guaimara indicó que si bien es potestad del Ejecutivo el retiro de la CPI, estamos en un contexto en el que quien ejerce el poder en Venezuela no es legítimo por el denunciado fraude electoral de 2024 y la profundización de la violacion de los DDHH posterior a los comicios presidenciales, por lo que la AN debería proteger la constitucionalidad de dichos tratados que en este caso sancionan a quienes cometen crímenes de lesa humanidad.
“La imposición de sanciones previstas en el Estatuto de Roma son medios para proteger derechos humanos, previene la impunidad y asegura que los crímenes de lesa humanidad no se repitan. Aquí cabe la pregunta: ¿es constitucional que en una democracia el Estado deje de cumplir con el respeto a los DDHH y se retire del Estatuto? En Sudáfrica ocurrió: el máximo Tribunal no avaló el retiro y el Estado desistió de denunciar el Estatuto. En Venezuela los poderes públicos funcionan como una camarilla, no hay límites y se confunden funciones”, sostuvo el jurista.
Ley sin efecto
Aún falta que la AN proceda con la segunda discusión de la derogatoria de la ley, lapso en el que el Ejecutivo podría pronunciarse para hacer oficial la decisión, pero de no ser así, advierte Gómez Guaimara, la ley no tienen ningún efecto internacional y Venezuela seguirá siendo parte de la CPI. Igualmente, si Maduro denuncia el Estatuto ante el secretario general de la ONU (artículo 127 del Estatuto), la retirada se hará efectiva un año después de recibir la notificación.
La entrada en vigencia de la retirada un año después, apuntó Ávila, significa que todos los crímenes que se cometan que sean competencia de la CPI en territorio venezolano y durante ese lapso podrán ser investigados.
“La decisión de la AN es de carácter político, no surte efecto si el Estado no formaliza la denuncia del Estatuto ante el secretario de la ONU. Por otro lado, la CPI tiene plena competencia de continuar con la investigación contra el Estado venezolano que anunció el fiscal Karim Khan en 2021, previo examen preliminar iniciado en 2018 y conocer cualquier asunto relacionado antes del retiro, frente al agravamiento de la persecución política luego de las elecciones de 2024. El Estado no puede evitar que la CPI siga con ese mandato”, subrayó Gómez Guaimara.
El representante de Provea en Europa añadió que, según el mismo artículo 127 del Estatuto de Roma, la denuncia de dicho instrumento por parte del Estado venezolano no lo exonera de sus obligaciones, incluyendo las financieras. Recordó que Venezuela es en estos momentos el mayor moroso con las cuotas que deben cubrir los 124 Estados partes, con una deuda de 14.775.388 de euros.
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, al apoyar la derogatoria de la ley, recalcó que sirve para “mostrar el profundo desprecio” contra quienes por inacción avalaron el genocidio en Gaza, en alusión a la CPI, mientras denuncian violaciones de DDHH en Venezuela.
No hay voluntad política
El Parlamento aprobó además un acuerdo en rechazo a las “expresiones de colonialismo jurídico contra Venezuela” por parte de la CPI. La diputada Ilenia Medina, quien presentó el acuerdo, cuestionó que la Fiscalía de la CPI decidiera cerrar su oficina en Caracas, justo cuando la nación se encuentra «acosada y amenazada por el poder imperial», en alusión al creciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.
En el acuerdo se denunció el “irresponsable incumplimiento de los compromisos de cooperación y complementariedad» por parte de la Fiscalía de la CPI, al «no designar personal para su oficina en Caracas ni formular aportes a las iniciativas para la justicia venezolana».
“Venezuela no cumplió con el compromiso de cooperar, investigar los crímenes de lesa humanidad denunciados, ni con lo mínimo que era el intercambio de experiencias para fortalecer a la Fiscalía y los tribunales para que los juicios avanzaran. La decisión ya había sido comunicada al Estado desde el mes de octubre, por lo que es una respuesta en diferido. La iniciativa de la oficina en Caracas tuvo como intención por parte de Khan que Venezuela no se retirara del Estatuto, pero parece que fracasó”, apuntó Gómez Guaimara.
Para Ávila, las denuncias de falta de parcialidad de la Fiscalía y de la propia CPI formuladas en la AN y la medida de derogar la ley aprobatoria reflejan un profundo desconocimiento de las obligaciones contenidas en el Estatuto de Roma, específicamente en cuanto a la obligación que tiene el Estado de cooperar con la investigación.
“La obligación de la CPI es investigar crímenes de lesa humanidad cuando los Estados no cumplan con esa obligación que es lo que está ocurriendo en el caso de Venezuela, para que los jueces de la Corte decidan, la oficina no era una obligación. El esfuerzo del fiscal era para que se adaptaran las instituciones en Venezuela, pero encontró que no existe voluntad política y la decisión de la AN lo ratifica. No hay voluntad para investigar y sancionar a los responsables”, añadió.
Golpe a la mesa
Sobre Venezuela la CPI investiga crímenes como persecución política, encarcelamiento u otra privación severa de la libertad física, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual por parte de las autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y partidarios del gobierno de Maduro, durante las protestas de 2017.
Durante su discurso del 1 de diciembre, el fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, indicó que la investigación avanzaba, lo que también hizo suponer que el próximo paso podrían ser órdenes de captura contra funcionarios del Estado venezolano.
“Cuando el gobierno se ve acorralado le da un golpe a la mesa para tratar de romperla, como cuando Venezuela se retiró del sistema de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2013, por solicitud del gobierno de Hugo Chávez. Maduro se aferra al ejercicio del poder, se atrinchera más y se desprende de la fachada de respeto a la CPI y de cooperación”, sostuvo Gómez Guaimara.
A su juicio, una salida de la CPI no es positivo para la causa democrática en Venezuela porque implica además que Miraflores va cerrando más canales para un posible diálogo o negociación para la búsqueda de soluciones a la crisis venezolana y para la aplicación de una justicia racional. Afirmó que el chavismo procura impunidad para los crímenes cometidos.
Sobre la inminencia de órdenes de captura por parte de la CPI, Gómez Guaimara apuntó que desde el 7 de noviembre, los jueces de la Corte decidieron que la emisión de dichas órdenes de captura tuvieran carácter secreto con la finalidad de no poner sobreaviso a los implicados en crímenes de lesa humanidad y hacer más eficaz una detención como la registrada recientemente en Alemania contra el líder libio Khaled Mohamed Ali El Hishri.
“Las órdenes de captura sólo se harán públicas si los jueces de la Corte lo autorizan. Un criterio para la publicación es, por ejemplo, evitar que se sigan cometiendo crímenes por efecto disuasivo o cuando los implicados son muy difíciles de capturar como es el caso del presidente de Rusia, Vladimir Putin. En el caso de Venezuela pudiera ocurrir que ya existen o están por emitirse y por eso la reacción del oficialismo, pero no se tiene la certeza. No se sabe si pasará, Solo que una vez cerrada la oficina en Caracas no hay excusas para invocar la complementariedad”, aclaró el abogado.
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
En la sección: Política – Efecto Cocuyo
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