31 ONG venezolanas y españolas condenaron los crímenes chavistas

Una treintena de asociaciones y ONG venezolanas y españolas se unieron para condenar de manera categórica los crímenes de odio promovidos o tolerados por el gobierno venezolano contra opositores políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas sociales y sectores vulnerables de la población.

«Exigimos justicia, verdad y reparación integral para todas las víctimas de estos crímenes, así como la investigación y sanción de los responsables materiales e intelectuales sin impunidad», según un manifiesto conjunto publicado este viernes en Madrid por organizaciones sociales y de los derechos humanos de varias partes de España.

Las ONG demandaron el «cierre inmediato y definitivo de todos los centros de tortura y detención clandestina del régimen, utilizados como instrumentos de terror y represión política». Y reclamaron el acceso irrestricto de organismos internacionales de derechos humanos para verificar la situación de los detenidos.

Igualmente, la disolución inmediata de los grupos armados responsables de acciones de terrorismo contra el pueblo venezolano y el procesamiento de sus miembros por tribunales democráticos.

En esta línea, hicieron un llamado en defensa de la libertad, de la dignidad humana y de todas las víctimas de la represión, la persecución política y los crímenes de odio ejercidos desde el poder en el país.

Suscriben Plataforma Ayuda Venezuela, Alianza Ciudadana por la Libertad de Venezuela, Coordinadora Iberoamericana Contra el Racismo, el Antisemitismo y la Intolerancia, Movimiento Contra la Intolerancia y Organización Geopolítica América Latina, entre otras entidades.

Crímenes contra presos políticos

«Denunciamos ante la comunidad internacional -prosiguen- la existencia de crímenes y presos políticos, detenidos arbitrariamente por motivos de conciencia, opinión o participación cívica, sometidos a procesos judiciales sin garantías, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como a la separación forzada de sus familias. Exigimos su liberación plena, inmediata e incondicional».

Demandaron también que cese «toda forma de criminalización de la disidencia». Y reafirmaron el compromiso con los principios universales de los derechos humanos, la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas.

«La memoria de quienes han sufrido persecución, exilio, cárcel o muerte nos obliga a no guardar silencio», argumentaron en el manifiesto.

También instaron a los gobiernos democráticos del mundo, a las instituciones europeas, a los organismos internacionales y a la sociedad civil a no aceptar ni normalizar la represión ni los crímenes, a vigilar de manera activa la situación del país y a acompañar al pueblo venezolano en su legítima aspiración de libertad, justicia, democracia y pleno respeto de los derechos humanos.

Y todo ello porque «la libertad no se negocia, la dignidad no se persigue, los derechos humanos no prescriben».

Finalmente, respaldaron de manera «clara y pública» a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia como «líderes legítimos del proceso de transición democrática en Venezuela».

EFE