Por qué Perú se convirtió en el país más inestable políticamente de América Latina en el siglo XXI (y cómo solucionarlo)

Los expertos señalan las elecciones de 2016 en Perú como el momento determinante para la situación política actual del país.

El balotaje presidencial de ese año enfrentó al economista Pedro Pablo Kuczynski con Keiko Fujimori, la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien entonces estaba preso por corrupción y violación de derechos humanos durante su gobierno (1990-2000).

Kuczynski ganó por el margen más estrecho que las elecciones peruanas registraran en décadas.

Pero el partido de Fujimori tenía una mayoría absoluta en el Congreso. Y menos de dos años después logró derrocar al mandatario, salpicado por escándalos que incluían pagos de la constructora Odebrecht.

Si bien Kuczynski renunció a la presidencia, lo hizo cuando el Congreso se aprestaba a destituirlo por «incapacidad moral».

El proceso se apoyaba en el artículo 113 de la Constitución Política peruana, que habilita la vacancia de la presidencia de la República por «permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso» y que está en la carta magna desde el siglo pasado.

Esa definición amplia fue utilizada al final del gobierno de Alberto Fujimori y, tras la caída de Kuczynski, comenzó a emplearse con frecuencia por el poder Legislativo, según expertos como una herramienta de control discrecional sobre el Ejecutivo, sin las exigencias probatorias ni los plazos que suelen tener los juicios políticos.

Entonces se abrió lo que el politólogo peruano José Incio define como «una caja de Pandora» en las relaciones de poder dentro del país.

«Lo que estamos viendo desde 2016 hacia adelante es un Congreso súper empoderado: algunos le llamamos autoritarismo legislativo», dice Incio, profesor de ciencias sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú, a BBC Mundo.

«Se perdió el balance entre poderes, y eso hace que las élites que están en el Congreso tengan esta maniobra casi sin control con respecto al Ejecutivo», agrega.

Martín Vizcarra, quien era vicepresidente de Kuczynski y lo reemplazó, fue destituido por una moción de vacancia por «incapacidad moral» en 2020 por presuntos actos de corrupción.

Pedro Castillo corrió la misma suerte al año siguiente de ganar las elecciones de 2021, acusado de intento de autogolpe de Estado tras anunciar la disolución del Congreso para evitar su caída.

Lo sustituyó su vicepresidenta Dina Boluarte, quien en octubre pasado también fue destituida por «incapacidad moral» en medio de una crisis de seguridad pública.

Entonces asumió la presidencia Jerí, quien encabezaba la Mesa Directiva del Congreso, razón por la cual el martes bastó con una mayoría simple (no calificada como en los casos de vacancia) para destituirlo mediante censura por reunirse con empresarios chinos sin informar de ello.

Cynthia McClintock, una profesora de ciencia política en la Universidad George Washington, señala que la vacancia presidencial puede considerarse positiva si se emplea forma coherente y sin criterios partidistas «para fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la honestidad en el gobierno».

«El problema es que (en Perú) se utiliza de forma indebida» y «entran en juego motivos no tan nobles», dice McClintock a BBC Mundo.

Claro que la situación política de Perú está lejos de explicarse apenas por la forma en que el Congreso emplea el mecanismo de vacancia presidencial.

Los expertos observan que los partidos políticos se debilitaron en los últimos tiempos por la falta de confianza generalizada de la ciudadanía.

Esto produjo a su vez un aumento de los grupos con representación parlamentaria desde 2016 y una cantidad llamativa de candidatos a distintos cargos electivos.

En este escenario, sostiene Incio, se han fortalecido dos tipos de grupos en el Congreso: los que buscan poder político (como el fujimorismo, que mantiene la bancada más numerosa pese a que se redujo) y los que buscan desregulaciones por intereses particulares que van desde la educación hasta la minería informal.

Así, se ha vuelto más difícil alcanzar grandes acuerdos políticos y los presidentes han llegado al poder con menos respaldo legislativo, lo que los dejó más desprotegidos.

Castillo pasó al balotaje de 2021 con apenas 19% de los votos y Keiko Fujimori con 13%.

Para las elecciones del 12 de abril hay 36 candidatos presidenciales registrados, pero distintas encuestas sugieren que ninguno supera actualmente el 15% de la intención de voto y la mayoría tiene menos de 1%.

Tres de cada cinco peruanos (61%) evitaría confiarle las llaves de su casa a cualquiera de los postulantes a la presidencia, reveló una encuesta de Ipsos este mes.

Por ahora, todo indica que habrá una segunda vuelta en junio.

Carlos Meléndez, un politólogo peruano profesor de la Universidad de Lisboa, señala que desde 2016 los peruanos han elegido a sus presidentes con un «antivoto»: optaron por Kuczynski y Castillo para evitar un triunfo de Keiko Fujimori, que ahora es candidata por cuarta vez.

«El problema con los políticos peruanos es que hay dos características predominantes. Primero que, como son amateurs, (…) cometen muchos errores», dice Meléndez a BBC Mundo.

«Segundo», agrega, «se traicionan mutuamente: tu principal rival político no es tu opositor sino tu vicepresidente, porque es el que quiere que tú te caigas para ser presidente él mismo».

Cuando un país atraviesa problemas de desequilibrio de poder e inestabilidad, es lógico que surjan planteos de reformas políticas.

Pero en el caso de Perú, los expertos dudan de que eso funcionaría. En tiempos recientes se han intentado distintas reformas y todo parece haber empeorado.

Hoy parece improbable que los congresistas peruanos voten por reducir su propio poder.

De hecho, muchos advierten que el Legislativo se fortalecerá aún más este año cuando, por decisión del propio Congreso unicameral, reabra el Senado que fue eliminado hace 33 años.

Algunos razonan que cualquier solución debe pasar por un cambio en la clase política peruana.

«Y eso básicamente depende del elector», dice Meléndez, «que busque entre la oferta de más de 8.000 candidatos al Congreso a aquellos que no van a guiarse ni del error, ni de la traición».

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