El Tesoro sale en defensa de los aranceles de Trump

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió este viernes la estrategia arancelaria del presidente Donald Trump, pese al revés judicial que limitó el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) como base legal para imponer nuevos gravámenes.

La Corte Suprema, con una mayoría de 6-3, concluyó que la administración había abusado de esa legislación de 1977 al emplearla para justificar la mayor parte de los aranceles aplicados desde abril. El tribunal sostuvo que la IEEPA no autoriza al presidente a crear impuestos en tiempos de paz, una facultad que la Constitución reserva al Congreso.

Bessent: los aranceles “funcionan”

En una entrevista con Fox, Bessent aseguró que los aranceles han sido efectivos para llevar “muy rápidamente” a otros países a la mesa de negociación. Incluso defendió la posibilidad de aplicar tarifas elevadas —mencionó un 45% como ejemplo— para presionar la reducción de barreras no arancelarias, subsidios y restricciones comerciales contra Estados Unidos.

El funcionario añadió que, si la vía de la IEEPA enfrenta obstáculos judiciales, la administración puede recurrir a otros instrumentos legales, como las secciones 232 y 301 de la legislación comercial, que permiten imponer medidas por motivos de seguridad nacional o prácticas desleales.

También recordó que la Corte Suprema ha reconocido amplias facultades del presidente en materia comercial, incluida la posibilidad de decretar embargos totales, y llamó a los países a respetar los acuerdos alcanzados con Washington.

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Un fallo que impacta la tarifa global del 10%

La decisión del Supremo afecta la tarifa global del 10% a las importaciones, los aranceles “recíprocos” aplicados a socios comerciales y los gravámenes adicionales del 25% impuestos a México y Canadá para presionar acciones contra el tráfico de drogas como el fentanilo.

Tras el fallo, Trump anunció desde la Casa Blanca que impondrá un nuevo arancel global del 10%, esta vez bajo un marco legal distinto y sin requerir la aprobación del Congreso.

Con información de EFE