Sindicatos y jubilados exigen ante el Ministerio del Trabajo ajuste del salario mínimo

Trabajadores de la administración pública, gremios de educación, salud, el sector petrolero y jubilados se concentraron este jueves 26 de febrero de 2026 frente a la sede del Ministerio del Trabajo en Plaza Caracas. La movilización tuvo como fin la solicitud de un aumento salarial inmediato y la denuncia de la situación de precariedad que afecta a los empleados del Estado.

Representantes de organizaciones como la ONG Provea señalaron que el salario mínimo y las pensiones permanecen en 130 bolívares desde marzo de 2022. Esta cifra equivale actualmente a 31 centavos de dólar al mes tras la devaluación de la moneda local.

El modelo de remuneración actual se fundamenta en bonificaciones, como el «Bono de Guerra Económica» y el bono de alimentación, que suman un promedio de 160 dólares. Sin embargo, los sindicatos rechazaron este esquema debido a que los montos no tienen impacto en el cálculo de las prestaciones sociales, las vacaciones ni los aguinaldos.

La profesora Raquel Figueroa y el dirigente petrolero José Bodas entregaron un documento que contiene 17 peticiones específicas. El pliego incluye los siguientes puntos: establecimiento de un sueldo y pensión mínima que cubra el costo de la canasta básica; eliminación del sistema de bonos para reintegrar esos montos al salario base con beneficios de ley; libertad para los dirigentes sindicales y trabajadores bajo arresto; y reactivación de las convenciones colectivas y el cese de medidas contra la protesta.

El sector petrolero indicó que el país recibió más de mil millones de dólares durante el último mes. No obstante, los voceros afirmaron que estos recursos no se asignaron a la mejora de los ingresos de los empleados activos o jubilados.

Ante este panorama, diversos gremios universitarios acudieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a principios de febrero. Los demandantes interpusieron un recurso por el incumplimiento del artículo 91 de la Constitución, el cual establece que todo trabajador tiene derecho a un salario que le permita vivir con dignidad y cubrir sus necesidades básicas.