El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) denunció este lunes un nuevo traslado irregular de varios detenidos vinculados a la denominada “Operación Gedeón”. De acuerdo con la organización y los familiares, el movimiento se habría realizado durante la madrugada de este lunes desde el Fuerte Guaicaipuro hacia el Centro Penitenciario Yare III, en los Valles del Tuy.
Los allegados de los reclusos afirmaron que no fueron informados del procedimiento y que tampoco se les permitió confirmar el estado físico de los detenidos tras el traslado. A esto se suma la incertidumbre por otros presos de perfil militar que permanecían en el mismo recinto y cuyo paradero, aseguran, continúa sin esclarecerse.
Los familiares recuerdan además que algunos de estos ciudadanos ya habían sido trasladados anteriormente desde el centro penitenciario de Ramo Verde, tras cumplir condenas, pero posteriormente habrían pasado largos periodos en incomunicación y aislamiento, lo que ha incrementado la preocupación por su situación actual.
Traslados sorpresivos generan crisis familiar
Clippve advierte que este tipo de acciones se ha repetido en distintos momentos y forma parte de un patrón que, según la organización, expone a los detenidos a traslados sorpresivos, aislamiento prolongado y condiciones que sus familiares describen como tratos crueles o inhumanos. En ese contexto, señalan que la falta de información oficial profundiza la angustia y deja a las familias dependiendo de versiones extraoficiales.
Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado por parte de las autoridades penitenciarias que explique las razones del traslado ni el estatus actual de los afectados.
Ante la ausencia de respuestas institucionales, los familiares de los detenidos hicieron públicas varias exigencias, comenzando por la libertad inmediata de todos los presos políticos vinculados a la “Operación Gedeón” y de quienes permanecen privados de libertad por razones políticas en el país. También pidieron el cese de los traslados sin aviso y de los periodos de aislamiento.
Del mismo modo, exigieron información clara, verificable y oportuna sobre la ubicación y condiciones de cada detenido, así como garantías plenas para su integridad física y mental, además del respeto a los derechos de comunicación y visitas familiares.
Finalmente, rechazaron el uso del término “readaptación” como justificación de los aislamientos prolongados, al considerar que se trata de una práctica que encubre medidas de castigo bajo una denominación administrativa.
