Denuncia por ruido de vecinos en Santa Marta termina en agresión física contra extranjero: víctima sufrió fractura de tabique

«Hoy no pido favores, pido protección, investigación seria y cumplimiento efectivo de la ley», sentenció Dave Rivard, ciudadano canadiense residente en el sector de Nueva Galicia, en Santa Marta, tras denunciar una violenta agresión física que le causó una fractura de tabique.
Rivard, quien junto a 16 vecinos ha liderado una batalla legal desde marzo de 2025 contra el ruido extremo y la operación de talleres ilegales de motos, asegura que el conflicto escaló a la violencia debido a la falta de atención de las autoridades.
Pese a registrar picos de hasta 116.3 decibeles y presentar múltiples denuncias por amenazas de tinte xenófobo, el afectado sostiene que las instituciones han fallado en garantizar la convivencia, dejando a la comunidad vulnerable ante represalias.
Un historial de denuncias
Desde marzo de 2025, Rivard, respaldado por una petición comunitaria firmada por 16 vecinos, ha acudido a la Secretaría de Gobierno, la Policía Nacional y autoridades ambientales para denunciar actividades ruidosas y emisiones contaminantes provenientes de viviendas del sector.
Dave Rivard presentó fractura de tabique. Foto:Cortesía
Según los documentos que EL TIEMPO conoció y que fueron presentados a las autoridades locales, el ciudadano canadiense ha intentado utilizar todas las vías legales, incluyendo derechos de petición, quejas, llamadas al 123 de la Policía y audiencias, sin que se produzca un cese efectivo de las perturbaciones.
El conflicto, considera el extranjero, tomó un tinte discriminatorio el pasado 23 de marzo, cuando el denunciante reportó ante la Policía haber sido abordado en vía pública por uno de los señalados.
Según el relato de Rivard, fue intimidado con frases xenófobas relacionadas con su nacionalidad canadiense, sugiriendo que por ser extranjero no debería «molestar» y advirtiéndole que, de continuar con las quejas, su integridad física correría peligro.
El agresor habría justificado sus acciones alegando que la comunidad lleva «40 años haciendo lo mismo«, pretendiendo otorgar un carácter de legalidad por antigüedad a actividades que el afectado señala como ilícitas.
Siguió la agresión
La respuesta oficial de la Policía Nacional, bajo el radicado SIPQRS No. 855374-20260310, ha generado controversia.
La Policía de Santa Marta aseguró que investiga la situación. Foto:Prensa Alcaldía de Santa Marta
La institución manifestó que, al no tratarse de establecimientos de comercio abiertos al público sino de viviendas familiares, sus facultades se limitan a la verificación de documentos y actividades preventivas bajo la Ley 1801 de 2016.
Además, la policía sugirió que el uso de cámaras de seguridad por parte del denunciante podría estar vulnerando la intimidad de los vecinos señalados, enmarcando el caso como un simple «tema de convivencia» que debe resolverse ante un inspector.
Tras esta respuesta y la persistencia de las quejas, la situación pasó de la intimidación verbal a la agresión física directa. Rivard asegura que la golpiza fue una represalia directa por sus constantes reclamos y por intentar recuperar un equipo de medición de decibeles.
Pese a que el ciudadano ya formalizó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación aportando los informes médicos, sostiene que hasta la fecha no ha recibido medidas de protección efectivas ni acompañamiento por parte de las entidades distritales, mientras que los eventos de ruido y las presuntas actividades industriales en zona residencial continúan sin control.
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