Denuncian impunidad en ataque contra activistas en Colombia

Organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron que, a seis meses del atentado contra el activista venezolano Yendri Velásquez y el analista Luis Peche en Bogotá, el caso sigue sin avances y en total impunidad.

En un pronunciamiento difundido este 15 de abril, Civicus y otras ONG advirtieron que no se han identificado a los responsables ni se han producido detenciones por el ataque ocurrido el 13 de octubre de 2025.

Ese día, hombres armados dispararon contra ambos al salir de un edificio residencial en la capital colombiana.

Las organizaciones expresaron su preocupación por el riesgo que continúan enfrentando los defensores de derechos humanos venezolanos en el exterior y alertaron que este caso podría encajar en un patrón de represión transnacional.

Velásquez, fundador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ e integrante de Amnistía Internacional Venezuela, había salido del país tras denunciar persecución

En agosto de 2024 lo detuvieron, desaparecieron forzosamente y sometieron a torturas, según el comunicado, cuando se dirigía a una sesión de la ONU en Ginebra.

Ese mismo día le anularon el pasaporte.

Posteriormente solicitó refugio en Colombia en octubre de 2024, pero para la fecha del atentado aún no había recibido respuesta, pese a que había transcurrido más de un año desde su solicitud.

Exigen una investigación urgente e imparcial

El documento también recuerda que el 10 de diciembre de 2025 varios expertos de Naciones Unidas enviaron comunicaciones a los gobiernos de Colombia y Venezuela solicitando información sobre el caso y medidas de protección para Velásquez.

Hasta ahora, aseguran, no se han reportado avances en la investigación penal.

Ante esta situación, las organizaciones pidieron al gobierno colombiano acelerar una investigación “urgente, exhaustiva e imparcial”, que incluya la posibilidad de participación de actores estatales venezolanos, así como reforzar las medidas de protección para las víctimas y otros activistas en riesgo.

También instaron a implementar una política pública que agilice las solicitudes de refugio y a establecer protocolos específicos para proteger a defensores de derechos humanos que puedan ser blanco de acciones fuera de sus países de origen.

A las autoridades venezolanas les solicitaron cooperar con la investigación y responder a las comunicaciones enviadas por los mecanismos de la ONU.

El pronunciamiento fue respaldado por organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Freedom House, WOLA, la Federación Internacional por los Derechos Humanos y el Centro Robert F. Kennedy, entre otras.