Habitantes de la zona rural de Cali advierten riesgos de desplazamientos por excesivos avalúos catastrales: ‘Vendo parcela para pagar el predial’
📅 🕐 15 Abr 2026🔗 Fuente: eltiempo.com🕑 4 min de lectura
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Habitantes del corregimiento de La Buitrera en Cali encendieron las alarmas por lo que consideran graves irregularidades en el proceso de actualización catastral rural, advirtiendo impactos económicos, sociales y ambientales que podrían afectar la permanencia de familias campesinas en el territorio.
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La Mesa de Gobernanza de La Buitrera,que agrupa organizaciones comunitarias, ambientales y líderes locales, intervino ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para respaldar una acción popular contra el distrito de Cali, en la que se cuestionan presuntas fallas en la implementación del catastro multipropósito.
Según la comunidad, el ajuste de avalúos —oficializado mediante una resolución de diciembre de 2022— ha generado incrementos en el impuesto predial que califican como “imposibles de asumir”, especialmente, para familias que dependen de la tierra para su sustento.
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Siguen los reclamos por el catastro multipropósito y los pagos del predial en zona rural de Cali. Foto:Michel Romoleroux
Incrementos que generan preocupación
Uno de los principales cuestionamientos es el aumento “desproporcionado” en los avalúos catastrales que, de acuerdo con denuncias de los habitantes, supera los límites establecidos para zonas rurales.
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Advirtieron que esta situación no solo impacta la economía de los hogares, sino que estaría provocando un fenómeno de desplazamiento económico, en el que propietarios se ven obligados a vender o abandonar sus predios ante la imposibilidad de asumir las nuevas cargas tributarias.
Reclamos por el catastro multipropósito y los pagos del predial en zona rural de Cali. Foto:Michel Romoleroux
Hallazgos de la Contraloría
Las denuncias fueron revisadas por la Contraloría distrital de Cali, que en informes de 2024 identificó inconsistencias en el proceso de actualización catastral.
Entre los principales hallazgos se destacan deficiencias en la recolección de información predial, visitas de campo consideradas superficiales, cobertura insuficiente frente al total de predios rurales y posibles inconsistencias entre los avalúos y la realidad económica del territorio.
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Según la comunidad, estos elementos ponen en duda la validez técnica del proceso.
Habitantes del corregimiento aseguran que el trabajo de campo fue limitado. Señalan que, en sectores con cerca de 2.500 predios, solo se realizaron unas pocas visitas antes de expedirse la resolución que actualizó el 100 % del catastro rural.
“Se hicieron avalúos masivos sin verificación predio a predio”, advirtieron voceros comunitarios, quienes consideran que esto compromete la legalidad del proceso.
Más allá del aspecto tributario, la comunidad alertó sobre posibles consecuencias ambientales. La Buitrera está compuesta en gran parte por zonas de reserva forestal y áreas de regulación hídrica.
Según denuncian, la metodología aplicada no distingue adecuadamente estas condiciones, lo que podría incentivar la urbanización informal y el fraccionamiento de tierras en zonas protegidas.
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“Esto termina castigando a quienes han conservado el territorio y favoreciendo dinámicas de urbanización”, señalaron.
Delegados de la mesa de gobernanza sostuvieron que, de no suspenderse los efectos de la resolución, podrían presentarse procesos de cobro coactivo, embargos, pérdida de predios por incapacidad de pago, aceleración del desplazamiento rural y mayor presión urbanística sobre áreas ambientales.
Ante este panorama, la comunidad solicitó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca suspender provisionalmente la resolución, mientras se toma una decisión de fondo.
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De manera paralela, a través de un derecho de petición radicado ante la Alcaldía de Cali, estos moradores pidieron respuestas claras sobre el proceso y la implementación de correctivos frente a las irregularidades denunciadas.
“La situación no es solo catastral, es social, ambiental y territorial”, concluyeron miembros de la mesa de gobernanza, insistiendo en la necesidad de revisar el modelo aplicado en la zona rural de la ciudad.