Delcy Rodríguez anuncia el fin de la ley de amnistía en Venezuela mientras quedan 470 presos políticos

«La ley de amnistía ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, en cuanto a los beneficiados», ha manifestado en el acto oficial Delcy Rodríguez, que ha cifrado en 8.616 las personas «que tienen hoy libertad plena, otorgada a través de la ley de amnistía».

No obstante, las cifras de excarcelaciones indicadas por Rodríguez chocan con las difundidas por la ONG venezolana Foro Penal, que afirmó en la víspera que, «desde el 8 de enero de 2026, se han producido 768 excarcelaciones de presos políticos, de las cuales solo 186 han ocurrido como consecuencia de la amnistía».

Sin embargo, la presidenta encargada ha defendido la finalizada norma y ha remarcado que «surgió como consecuencia del recrudecimiento de la confrontación política en Venezuela que llevó a una agresión externa y nos llevó a la reflexión», aludiendo de este modo a la intervención militar en la que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, dejando asimismo más de un centenar de muertos en el país.

La actual mandataria interina venezolana ha querido ensalzar la ley de amnistía y ha llegado a afirmar que se sitúa «en un punto muy alto en relación a lo que fue la ley de amnistía en Sudáfrica, que duró siete años», en lo que podría ser una referencia a los procesos derivados de la llamada Comisión para la Verdad y la Reconciliación, establecidos en 1995 con el fin de impartir justicia restaurativa después del fin del régimen del apartheid.

Sin embargo, el sitio web de esta comisión dispuesto por el Ministerio de Justicia sudafricano fecha en 1997 el límite para presentar solicitudes de amnistía, mientras que las decisiones sobre ellas concluyeron en el año 2000, menos de cinco años después del establecimiento de la Comisión. De las 7.112, el organismo otorgó 849.

Asimismo, Delcy Rodríguez también ha querido comparar la ley de amnistía venezolana con «la ley de amnistía en España que todavía está aperturada desde el año 2024», refiriéndose así a la «Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña» del 10 de junio de 2024, destinada a los procedimientos judiciales y las condenas relacionadas con los eventos surgidos durante el ‘procés’.

«Grave atropello al Estado de Derecho»

Por contra, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha tachado el anuncio de «grave atropello al Estado de Derecho». «Una ley de esta naturaleza no posee límites temporales implícitos ni puede ser clausurada por una declaración administrativa del Ejecutivo», ha defendido en una publicación en redes sociales en la que ha alegado que «su vigencia es inherente a la existencia de las situaciones de persecución y detención arbitraria que debe subsanar».

«Pretender dar por concluido este instrumento de forma unilateral representa un acto de inseguridad jurídica que deja en absoluta vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal alarmante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en el ordenamiento jurídico», reza el mensaje.

JEP ha argumentado también que, además de «discriminatoria», la decisión de dar término a la ley de amnistía «anula el principio de progresividad de los Derechos Humanos y profundiza la brecha de impunidad».

«Lamentablemente, este desenlace confirma nuestra preocupación inicial: la ley ha terminado siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos», ha aquejado la ONG.

«Una verdadera reforma judicial y una reconciliación nacional no pueden construirse sobre la restricción de derechos vigentes; requieren el cumplimiento estricto de la ley y la apertura de canales transparentes que garanticen justicia real», ha insistido, antes de remarcar que «la libertad y la justicia no tienen fecha de caducidad, y no pueden ser sacrificadas en el altar de la conveniencia política».