El apagón cumple un año sin que se haya producido ninguna dimisión

Esta semana se cumple un año de la caída de todo el sistema eléctrico que dejó sin luz a la España peninsular, a Portugal y a una reducida parte del sur de Francia. Un incidente energético sin precedentes tras el que el país ha cambiado la forma de comprender y operar el sistema, y por el que todavía ningún responsable ha asumido responsabilidades de ningún tipo.

El 28 de abril de 2025 ya figura en las páginas de la historia nacional como el día del apagón. En torno a las doce y media de la mañana de aquel día primaveral, todas las luces y dispositivos conectados a la red se apagaron: los semáforos y demás señales visuales que requieren de electricidad, los trenes, los ascensores, los ordenadores… 15.000 megavatios se habían esfumado sin dejar rastro. Por suerte, los hospitales y centros sanitarios pudieron funcionar sin demasiadas complicaciones al contar con sistemas supletorios. Poco a poco, la telefonía y las telecomunicaciones fueron apagándose, sumándose así al gran apagón. Por lo general, y en contra de lo que cabía esperar, no cundió el pánico, en buena medida por la hora a la que se produjo, por el buen clima de aquella jornada y por la rapidez con la que se corrigió la situación. Sin embargo, prácticamente toda la economía se paralizó durante una jornada, con pérdidas millonarias -todavía sin quien las afronte- y las actividades esenciales saliendo al paso como pudieron. La peor consecuencia del cero eléctrico fue la pérdida de siete vidas humanas.

Ataques cruzados

La jornada estuvo marcada por el desconcierto y la falta de información, mientras que en la sombra Red Eléctrica (REE) y las energéticas trataban de manera coordinada de restablecer el sistema y recuperar la normalidad. Poco a poco, la luz se fue recuperando desde determinadas islas energéticas y gracias a las instalaciones con capacidad para arrancar sin luz. También al apoyo tanto de Marruecos como de Francia, que se vieron obligadas a desconectarse para evitar un mal mayor pero que contribuyeron a la reposición del sistema. En menos de 24 horas, toda la Península había recuperado el suministro eléctrico, en una heroicidad aplaudida por todos los organismos energéticos. Pero concluidos los halagos, comenzó la búsqueda de culpables y la depuración, todavía no concluida, de responsabilidades.

Descartado el ciberataque como hipótesis, con el paso de los días varios actores y diversas tecnologías fueron señalados. Desde Red Eléctrica, responsable de la operación del sistema, se deslizó que determinadas plantas de generación, en propiedad de compañías energéticas, incumplieron con sus obligaciones; desde el Gobierno, en un primer momento se insinuó que las nucleares -en pleno debate por su extensión de vida útil- no contribuyeron a solventar el problema, mientras que desde las energéticas se señaló casi desde el primer momento al operador del sistema por no programar suficiente generación síncrona -es decir, ciclos combinados- el día anterior, sobre todo después de conocer que uno de los dos grupos programados se declaró inoperativo. Todo ello, enmarcado en una jornada de altísima penetración de la fotovoltaica en el mix, marcando máximos históricos de los que presumía el propio Gobierno.

Mes y medio más tarde, el 17 de junio, el Gobierno presentó su informe de conclusiones sobre el apagón: un documento técnico, con innumerables tachones por motivos de confidencialidad, en el que el Ejecutivo repartió culpas por igual y puso de moda el origen multifactorial. Red Eléctrica, por su parte, publicó su propio informe un día más tarde, desviando su culpabilidad y atribuyéndosela a las eléctricas, y estas devolvieron el golpe una semana más tarde.

Mientras el sector aguardaba las conclusiones del panel de expertos de Entso-e como la única voz acreditada para resolver el entuerto, generadores, distribuidores, comercializadores y consumidores constataron la presencia de un fenómeno que llegó para quedarse, al menos en el corto y medio plazo. Desde el día inmediatamente posterior al apagón, Red Eléctrica comenzó a operar el sistema de manera reforzada, haciendo uso de un buen volumen de gas, como antídoto ante nuevos apagones mientras el sistema se prepara para un mejor control de la tensión. Este mayor uso del gas, incorporado a la factura mediante servicios de ajuste, ha supuesto hasta la fecha un sobrecoste de más de 666 millones de euros, según difundió recientemente la propia filial de Redeia, que o bien se traslada a los consumidores o bien lo soportan las propias compañías.

Causa ‘multifactorial’

Entretanto, Entso-e, la organización de operadores de redes eléctricas europeas, publicó dos informes que, si bien supusieron un buen diagnóstico de males del sector, no cumplieron las expectativas a la hora de señalar culpables. De nuevo, el adjetivo ‘multifactorial’ incluía y a la vez eximía a todos los actores involucrados de responsabilidad. De manera muy resumida, el último informe, publicado el pasado 20 de marzo, concluyó que el apagón no fue el resultado de un fallo aislado, ni de una sola avería, ni tampoco de una incidencia imposible de prever. Fue, más bien, la consecuencia de una suma de factores que se fueron encadenando hasta desbordar la capacidad de respuesta del sistema. Y para despejar cualquier duda, sus autores hicieron hincapié en que el documento no tenía la pretensión de establecer responsabilidades o culpas, ya que no están facultados para hacerlo, dejando la pelota en el tejado de las autoridades competentes del país.

Precisamente, el último en sumarse a la retahíla de informes fue la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que concluyó en su particular informe que el incidente eléctrico pudo haberse evitado con las herramientas normativas, regulatorias y mecanismos destinados a garantizar el suministro de las que disponía el sistema. Cabe señalar que la propia CNMC se desdijo durante todo este proceso, ya que en primer lugar su informe sí iba a señalar culpables, para luego quedarse únicamente en indicar posibles mejoras del sistema.

Dos comisiones gemelas

A lo largo del último año, la clase política se autoconfirió la potestad de dirimir culpabilidades. Así, durante meses, diferentes rostros del ámbito gubernamental, regulador, operador y empresarial pasaron por el Senado para ofrecer su propia versión de los hechos. Con obligación de comparecer, asistieron, entre otros, la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, su antecesora, Teresa Ribera, o el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard; también acudieron Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, Roberto García Merino, CEO de Redeia (matriz de REE) o Concepción Sánchez Pérez, directora general de Operación de REE; asimismo lo hicieron Cani Fernández, presidenta de la CNMC, o Rocío Prieto, directora de Energía de la CNMC; y los CEO de algunas de las principales compañías energéticas del país, como Mario Ruiz-Tagle (Iberdrola) o José Damián Bogas (Endesa).

La comisión, de carácter no vinculante, se desarrolló con acusaciones cruzadas, especialmente entre REE y las eléctricas; la primera -REE-, señaló a las segundas por poseer determinada generación que se disparó de manera incorrecta, incumpliendo la normativa para el control de tensión. «Podemos demostrar que la oscilación extraordinaria que empezó a las 12.03, de 0,6 Hz, provino de la mala gestión y del mal control de una planta fotovoltaica de alta intensidad instalada en la provincia de Badajoz, que se comportó de forma indebida y que provocó que el sistema se sintiera mucho más vulnerable como consecuencia de esa doble oscilación», apuntó durante su respectiva comparecencia Corredor; las segundas -las eléctricas-, por no planificar correctamente los servicios de ajuste necesarios para la jornada del 28 de abril, al disponer únicamente de una central de ciclo combinado para el control de tensión. «Lamentablemente, solamente hay un responsable, y ese responsable es el que tiene que garantizar la seguridad de suministro de este país, y además tiene que garantizar que no haya ningún fallo en el control de tensión, y ese es Red Eléctrica», declaró en la comisión Marta Castro, directora de regulación de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que aglutina los intereses de Iberdrola, Endesa o EDP.

La comisión estuvo fuertemente marcada por los audios que algunas compañías aportaron con conversaciones de aquel día entre operadores de Red Eléctrica y de los centros de control de las eléctricas. Todos ellos, en mayor o menor medida, revelan que la fragilidad del sistema no surgió el día del apagón, si bien REE criticó su publicación y su descontextualización.

Tras su escucha, la comisión dio por concluida su labor de investigación recientemente, el pasado 16 de abril, con un documento de conclusiones teñido de azul por la mayoría que el PP posee en la Cámara Alta, en el que se señala al Gobierno, a REE y a la CNMC como responsables de la interrupción del suministro energético. De forma desglosada, el documento sostiene que el Ministerio para la Transición Ecológica «incurrió en responsabilidad supervisora por incumplimiento de su función de tutela sobre el operador eléctrico». También atribuye a REE una «omisión antijurídica de sus obligaciones de garantía del suministro», al considerar que no adoptó con la debida antelación medidas preventivas pese a conocer la fragilidad del sistema. Y en paralelo, responsabiliza a la CNMC por «funcionamiento anormal del servicio público», tanto por haber mantenido sin actualizar desde el año 2000 hasta junio de 2025 el procedimiento de operación 7.4, relativo al control de tensión por parte de las energías renovables, como por no haber publicado un informe público sobre las causas del incidente.

Un año y los que quedan

El último capítulo de esta historia, que apunta a ser interminable, se divide en dos. Por un lado, el pasado lunes echó a andar la comisión de investigación del apagón del Congreso, prácticamente idéntica a la que se llevó a cabo en el Senado pero que parte desde donde lo dejó la otra. Hasta la confección de este texto, únicamente han pasado por la sala Ruiz-Tagle, Bogas, y el presidente de Naturgy, Francisco Reynés.

Por otro lado, la CNMC, pese a que en su informe no señaló culpables, el órgano regulador ha comenzado a ‘disparar’ contra las eléctricas, comunicando la apertura de expedientes sancionadores.

Hasta el momento se han abierto medio centenar de expedientes, y desde el sector auguran que faltan otros tantos por llegar. Según explicó el órgano presidido por Fernández, la CNMC «ha detectado diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas». No obstante, añade, «los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial».

De todos los expedientes, la inmensa mayoría son de carácter ‘grave’, y solo dos de carácter ‘muy grave’. En función de la gravedad, todas ellas disponen ahora de un plazo de nueve o 18 meses para formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas que estimen procedentes.