OVP exige renuncia de Ministro por crisis carcelaria en Venezuela
El Observatorio Venezolano de Prisiones solicita la dimisión de García Zerpa ante la falta de atención médica, torturas y muertes ocultas en las cárceles.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) solicitó formalmente la dimisión del ministro Julio García Zerpa debido a la grave crisis carcelaria que azota al país.
La organización defensora de derechos humanos denunció que el Estado venezolano ignora sus deberes fundamentales hacia la población reclusa en todo el territorio nacional.
Los activistas señalan que el hacinamiento crítico y el retardo procesal destruyen la dignidad de miles de ciudadanos bajo custodia oficial. También reportan traslados arbitrarios y una falta total de garantías para la integridad física de los detenidos en los diversos centros.
El OVP sostiene que la gestión actual permite la propagación de enfermedades mortales y tolera tratos crueles de manera sistemática. Según la organización, el despacho penitenciario acumula escándalos graves por la opacidad en su manejo administrativo y operativo durante los últimos meses.
Las autoridades enfrentan cuestionamientos por la muerte de cinco personas en la cárcel de Yare III bajo circunstancias muy sospechosas. Mientras el Gobierno alega motines de bandas criminales, los sobrevivientes describen un escenario de torturas constantes y requisas violentas.
La situación empeoró tras conocerse el ocultamiento del fallecimiento del preso político Víctor Quero Navas por casi un año completo.
Esta negligencia administrativa refleja el desprecio institucional hacia las familias que buscan información veraz sobre sus seres queridos en cautiverio.
Además, el registro reciente de decesos por tuberculosis evidencia la ausencia de protocolos médicos efectivos dentro de los recintos penitenciarios. El Estado transfiere la responsabilidad de la salud a los familiares, quienes deben costear medicinas básicas sin apoyo gubernamental.
Los centros de detención carecen de higiene mínima y se convierten en focos de infección que vulneran los derechos humanos.
El OVP insiste en que la inacción del ministerio actual profundiza el sufrimiento de los privados de libertad. Por estas razones, la sociedad civil exige un cambio de mando urgente que garantice la vida en las prisiones.
Impacto de la crisis carcelaria y falta de atención médica
El sistema de salud dentro de los internados judiciales colapsó definitivamente bajo la actual administración del ministerio correspondiente. Los pacientes con enfermedades crónicas o infecciosas no reciben tratamientos oportunos ni aislamiento preventivo para evitar contagios masivos.
Esta desatención viola los convenios internacionales suscritos por Venezuela en materia de protección a poblaciones vulnerables y privadas de movilidad. Los familiares denuncian que deben pagar sobornos o suministrar insumos médicos que el Estado está obligado a proveer legalmente.
La falta de saneamiento ambiental en los pabellones incrementa la tasa de mortalidad por causas totalmente prevenibles con medicina básica. El OVP documenta casos donde la asistencia llega demasiado tarde o simplemente nunca aparece para los internos más necesitados.
Esta gestión ineficiente condena a los reclusos a una sentencia de muerte indirecta por desnutrición y patologías respiratorias. Resulta imperativo que las instituciones internacionales supervisen la realidad interna de estos centros de reclusión para frenar los abusos.
La opacidad informativa constituye otra violación grave que el despacho de García Zerpa mantiene como política de Estado permanente. Muchos familiares pasan meses sin conocer el paradero o el estado de salud real de los detenidos en centros remotos.
El caso de Quero Navas demuestra que el ministerio puede ocultar una muerte durante diez meses sin enfrentar consecuencias legales inmediatas. Esta falta de transparencia genera angustia extrema y constituye una forma de tortura psicológica para las madres y esposas.
El OVP reitera que el ministro debe responder por estas omisiones que vulneran la Constitución Nacional y los tratados vigentes. La comunidad internacional observa con preocupación cómo las cárceles venezolanas se transforman en depósitos humanos sin ley ni justicia.
Solo una reforma estructural y una nueva dirección podrán detener la degradación humana que sufren miles de personas hoy. La renuncia solicitada representa el primer paso necesario para reconstruir un sistema que actualmente solo produce dolor y muerte.
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