El Supremo deja la puerta abierta a reabrir el proyecto en Mina Muga tras admitir varios recursos

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos de casación presentados por el Gobierno de España, los gobiernos de Navarra y Aragón, así como por la empresa Geoalcali contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) relativa a la concesión minera Goyo del proyecto Mina Muga.

La resolución del Supremo «abre ahora una revisión judicial completa sobre el procedimiento administrativo seguido en el otorgamiento de la concesión y supone un paso relevante para reforzar la seguridad jurídica aplicable a proyectos industriales y mineros que se desarrollan en varias comunidades autónomas», según ha informado Geoalcali en una nota de prensa.

Estos recursos se presentaron tras la sentencia dictada por el TSJN en septiembre de 2024, que anuló el procedimiento de otorgamiento de la concesión Goyo por una cuestión de carácter formal vinculada a la coordinación administrativa entre distintas administraciones públicas.

En concreto, la sentencia entendía que, desde un punto de vista procedimental, debía haberse articulado una concesión unificada en lugar de las tres concesiones coordinadas que fueron las que finalmente fueron otorgadas en el 2021.

No obstante, la resolución judicial no cuestionó en ningún momento la viabilidad técnica del proyecto Mina Muga, los estudios ambientales que lo respaldan ni ningún otro aspecto técnico, se indica en la nota de prensa.

La compañía ha explicado además que el proyecto mantiene plenamente vigentes autorizaciones y permisos técnicos y ambientales necesarios para su desarrollo, incluida su Declaración de Impacto Ambiental favorable única.

Según diversas estadísticas judiciales, únicamente una minoría de los recursos de casación contencioso-administrativos son admitidos a trámite por el Tribunal Supremo, por lo que la decisión conocida ahora pone de manifiesto la existencia de cuestiones jurídicas relevantes que merecen ser analizadas por el Alto Tribunal, indica la nota de prensa.

Un motivo por el que Geoalcali ha defendido que actuó «en todo momento siguiendo el criterio previamente trasladado por la Abogacía del Estado, que consideró adecuada la tramitación mediante tres concesiones mineras coordinadas -Goyo, Muga y Fronterizo- respetando tanto el marco competencial autonómico como la naturaleza suprarregional del proyecto aunque ello suponía una mayor complejidad en su tramitación.

El Tribunal Supremo ha identificado también en la admisión de los recursos cuestiones jurídicas de interés relacionadas con el alcance competencial y la legitimación de organizaciones ambientales para recurrir actuaciones administrativas ajenas a la normativa estrictamente ambiental.

Desde Geoalcali se ha valorado la decisión del Supremo como un paso muy relevante para un proyecto que acumula más de 15 años de tramitación rigurosa y exhaustiva».

En este sentido, han incidido en que «durante todo este tiempo, Mina Muga ha cumplido de forma escrupulosa todos los requerimientos técnicos, ambientales y administrativos exigidos por las distintas administraciones», por lo que, a su juicio, «la admisión de los recursos refuerza la solidez de un proyecto sostenible y estratégico tanto para España como para Europa.

Para Geoalcali, la revisión del caso por parte del Tribunal Supremo representa la vía más sólida y garantista para alcanzar una solución estable y definitiva para Mina Muga, un proyecto considerado estratégico para Europa por su contribución a la autonomía en el suministro de materias primas esenciales y a la reducción de la dependencia exterior de países como Rusia y Bielorrusia en potasa».

No obstante, la compañía ha indicado que el tiempo transcurrido y la complejidad del contexto regulatorio hacen necesario analizar con rigor el impacto de este nuevo retraso.

Además, Geoalcali continuará «trabajando de forma coordinada con las administraciones de Navarra, Aragón y el Gobierno de España para avanzar en el desarrollo del proyecto Mina Muga, aparte de seguir informando sobre la evolución del procedimiento judicial.

Según los datos del proyecto, se contempla crear aproximadamente 800 empleos directos y hasta 7.000 empleos directos e indirectos, además de generar más de 1.200 millones de euros en ingresos fiscales durante su vida útil.