EE.UU. llegó a Zapatero investigando a Plus Ultra por blanqueo ligado al chavismo
Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) incorporados al sumario del caso Plus Ultra que señalan a José Luis Rodríguez Zapatero apuntan a que Estados Unidos no fue un mero observador externo en la investigación, sino un actor activo en la pista … financiera relacionada con el entorno chavista, posibles operaciones de blanqueo y evasión de sanciones estadounidenses.
El dato clave aparece al comienzo del informe 1908/26 de la UDEF, al que tuvo acceso ABC. La Policía Nacional sostiene que, «a través de los mecanismos de cooperación de los que dispone», Homeland Security Investigations (HSI), agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS), puso a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción una pista documental «relevante» para el procedimiento: la extracción telefónica de un móvil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas.
No se trata de una agencia menor. HSI es la rama investigativa especializada en criminalidad financiera transnacional, contrabando, sanciones y redes económicas internacionales que afecten a intereses estadounidenses. El propio informe español la define como la agencia encargada de perseguir organizaciones que utilizan «el comercio, el turismo y las finanzas internacionales» para operar. La UDEF añade además un detalle significativo: la información fue remitida desde Madrid por una oficina «con sede en la Embajada de los Estados Unidos».
Eso sitúa la cooperación en un plano mucho más sensible del que hasta ahora se conocía. No aparece como un intercambio informal de información, una mera consulta, sino como una colaboración institucionalizada entre la Policía española y una agencia federal norteamericana desplegada en la propia misión diplomática estadounidense.
La clave está en el motivo de ese interés. Según la UDEF, una de las líneas de investigación de HSI se centraba específicamente en Reyes Rojas y en actividades ligadas al «blanqueo de capitales y la evasión de sanciones impuestas por Estados Unidos», mediante determinadas compañías, entre ellas Plus Ultra Líneas Aéreas.
Ahí aparece el verdadero alcance internacional del caso. Estados Unidos lleva años persiguiendo redes financieras vinculadas al chavismo, PDVSA, el oro venezolano y las estructuras utilizadas para mover dinero bajo sanciones estadounidenses. La presencia de Plus Ultra en ese radar sitúa el caso muy lejos ya de un mero debate español sobre el rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El móvil de Reyes Rojas
Los documentos muestran además que HSI realizó en 2021 una extracción del teléfono de Reyes Rojas y que, tras considerar que la información podía resultar útil para sustentar cargos penales en España, «obtuvo las autorizaciones necesarias» para compartirla «para su uso en un proceso judicial en España». El informe no precisa si el mecanismo fue una comisión rogatoria, asistencia judicial mutua o cooperación policial directa, pero sí deja claro que existió un canal oficial de colaboración.
La importancia de la información norteamericana queda reflejada después a lo largo de decenas de páginas del sumario. Repetidamente, la UDEF identifica conversaciones y mensajes como «extraídos del terminal telefónico aportado por el HSI». Ese teléfono no aparece como una prueba secundaria, sino como una de las columnas vertebrales del relato policial español.
Los autos incorporan además otros elementos que ayudan a entender la posible jurisdicción estadounidense. El informe 1907/26 menciona sociedades en Florida, California y Delaware vinculadas al circuito financiero investigado. También identifica a Thinking Heads Americas LLC como sucursal estadounidense en Hallandale Beach, Florida, dentro del entramado de pagos bajo análisis.
Los documentos apuntan así a una cooperación desarrollada por cauces policiales, no diplomáticos
La sombra de Washington sobre Plus Ultra venía de antes. Ya en 2021, según un documento oficial de FinCEN, que es la agencia del Tesoro estadounidense encargada de combatir el blanqueo de capitales y proteger el sistema financiero norteamericano, una cuenta del banco suizo MBaer vinculada a un inversor investigado por presunto lavado de dinero relacionado con el chavismo recibió más de 519.000 dólares procedentes de Plus Ultra.
El propio Tesoro estadounidense sostiene que esa misma cuenta pagó salarios a una persona identificada posteriormente como facilitadora de operaciones de blanqueo y concluye que «probablemente» fue utilizada para lavar fondos derivados de corrupción pública venezolana.
El documento es especialmente relevante en este caso porque no se trata de una filtración policial ni de una sospecha mediática, sino de una propuesta formal de FinCEN bajo la Sección 311 de la Ley Patriótica, uno de los instrumentos más agresivos utilizados por Washington contra entidades consideradas de riesgo para el sistema financiero estadounidense. En ese texto, el Tesoro proponía prácticamente expulsar a MBaer del circuito financiero norteamericano por actuar presuntamente como canal para dinero ligado a corrupción venezolana, evasión de sanciones, redes rusas e incluso operaciones iraníes.
Litigio por impagos
A ello se suma otro elemento relevante, que Plus Ultra ya había quedado sometida a jurisdicción federal estadounidense en 2021. Una empresa norteamericana, Aircraft Engine Lease Finance (AELF), presentó una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York reclamando más de 6,2 millones de dólares por impagos relacionados con el alquiler de motores de avión. Los contratos aceptaban expresamente la aplicación de leyes del Estado de Nueva York, pagos en dólares y competencia de tribunales estadounidenses, además de incorporar cláusulas específicas relacionadas con blanqueo de capitales, sanciones económicas y normativa antiterrorista.
El litigio terminó meses después mediante una retirada voluntaria pactada entre las partes. El documento judicial cerró la demanda «con prejuicio», es decir, de forma definitiva y sin posibilidad de volver a presentarla por los mismos hechos. Eso apunta a una resolución privada del conflicto, de posible acuerdo, pago o renegociación, aunque las condiciones no figuran en el expediente judicial que ha podido revisar ABC.
Todo ello ocurrió además en un momento especialmente frío en las relaciones políticas entre Washington y el Gobierno español tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Trump no ha invitado oficialmente a Pedro Sánchez a Washington y el nuevo embajador estadounidense en Madrid, Benjamin León Jr., acaba de incorporarse a su puesto. Los documentos apuntan así a una cooperación desarrollada principalmente por cauces policiales y técnicos, no diplomáticos.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.abc.es
En la sección: Internacional
También te puede interesar
