Los 5 de Ulm: el controvertido juicio en Alemania que cuestiona el fuerte vínculo del país con Israel y la respuesta a las protestas a favor de los palestinos
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En Alemania estalló una controversia en torno al juicio a cinco activistas propalestinos, acusados de pertenecer a una organización criminal y de causar daños materiales por un valor superior a US$1,1 millones en las instalaciones de una empresa de defensa de origen israelí situada en la ciudad alemana de Ulm.
El caso de los llamados «5 de Ulm» ha suscitado un gran debate en Alemania —país que mantiene un apoyo histórico a Israel— sobre la manera de tratar a los manifestantes propalestinos, y podría sentar un precedente para el futuro.
Los cinco activistas —procedentes de Reino Unido, España, Irlanda y Alemania— están siendo juzgados en una sala de alta seguridad ubicada en la prisión de Stammheim, en Stuttgart, y permanecen en prisión preventiva desde el pasado mes de septiembre.
Todos ellos están vinculados al grupo Palestine Action Germany. Durante el juicio, la fiscalía y la defensa han mantenido un fuerte enfrentamiento en torno a si los acusados deben ser juzgados bajo el cargo de pertenecer a una organización criminal.
Los fiscales sostienen que Palestine Action Germany constituye una «organización criminal» dado que el propósito de sus actividades estaba dirigido a la comisión de «delitos graves». Este fundamento jurídico ha sido también aceptado en decisiones recientes adoptadas en casos similares.
No obstante, los abogados defensores de los activistas afirman que el delito principal que han cometido es el de daños a la propiedad. Sostienen que los cargos son desproporcionados y que se están «vulnerando los derechos de sus clientes a un juicio justo», un argumento que los fiscales rechazan.
En septiembre del año pasado, los cinco activistas irrumpieron en las instalaciones de Elbit Systems en Ulm —uno de los mayores fabricantes de armas de Israel, con filiales en varios países, incluido Reino Unido— y fueron detenidos poco después, tras haber publicado videos de sus acciones en las redes sociales.
En las imágenes se observa a los activistas portando carteles con la inscripción Palestine Action y gritando: «Alemania financia, Elbit Systems produce, Israel bombardea».
El video también los muestra pintando con aerosol la frase Baby Killers (asesinos de bebés) en las paredes.
La fiscalía los ha acusado de destrozar pantallas, ordenadores, equipos de medición sensibles y diversos dispositivos electrónicos.
Asimismo, los cinco han sido imputados por utilizar símbolos de Hamás, el grupo radical palestino que está proscrito en Alemania como «organización terrorista».
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Controversia
La sala de audiencias de la prisión de Stammheim, donde se celebra su juicio, fue también el escenario de un proceso judicial en la década de 1970 contra militantes de la violenta organización de izquierda Fracción del Ejército Rojo.
Sus abogados sostienen que esto transmite la impresión de que sus clientes son «individuos peligrosos» y conlleva el riesgo de que sean condenados sin un juicio apropiado.
La fiscalía ha declarado a la BBC que no solicitó ninguna «condición especial de detención».
Otros aspectos del caso también han suscitado controversia.
El cargo de pertenencia a una organización criminal se fundamenta en el artículo 129 del Código Penal alemán, el cual ha generado polémica en los últimos años.
Dicha disposición se ha utilizado cada vez con mayor frecuencia contra movimientos de protesta, como el grupo ecologista Última Generación.
En este sentido, Yasmin Khuder, de Amnistía Internacional, considera que su aplicación en el juicio de Stammheim resulta «altamente problemática».
«Este caso plantea el riesgo de que medidas concebidas, en realidad, para combatir la delincuencia organizada se estén utilizando ahora contra la protesta política», afirmó Khuder, argumentando que los cinco activistas estaban ejerciendo su libertad de expresión al amparo de la Constitución alemana.
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El caso alemán coincidió con un juicio celebrado en Reino Unido a principios de este mes, en el que cuatro activistas de Palestine Action fueron declarados culpables de daños criminales tras irrumpir en una fábrica de Elbit Systems cerca de Bristol en 2024.
Palestine Action ha llevado a cabo extensas protestas en Reino Unido. En julio de 2025, la organización fue proscrita como grupo terrorista.
La irrupción tuvo lugar con anterioridad a dicha medida, y los activistas fueron imputados en relación con los daños causados a la propiedad.
Uno de los activistas fue también declarado culpable por causar lesiones corporales graves.
La prohibición del grupo está siendo impugnada en Reino Unido. En febrero, el Tribunal Superior dictaminó que la designación como grupo terrorista era ilegal. El gobierno británico ha recurrido dicha decisión.
Khuder afirmó que la designación de Reino Unido «se aplicaba explícitamente a Palestine Action UK y no tenía alcance internacional». Y añadió: «También nos preocupa profundamente la reiterada referencia, en este caso, a la prohibición de Reino Unido en el marco de los procedimientos judiciales alemanes».
En 2023, el gobierno alemán prohibió diversas consignas por considerarlas «símbolos de Hamás», y ha intensificado la vigilancia sobre los manifestantes propalestinos; sin embargo, no ha calificado a Palestine Action como organización terrorista.
Si bien en Alemania se han dictado algunas condenas por el uso de frases y símbolos prohibidos, en la mayoría de los casos los tribunales resuelven de manera individual, dado que dichos elementos no han sido proscritos por ley.
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Escarmiento
Los cinco llevan ya ocho meses bajo custodia, mientras activistas y grupos de derechos humanos critican las condiciones en Stammheim.
Sus familias afirman que las autoridades alemanas están intentando hacer un escarmiento con ellos.
Kit Tricks, cuyo hermano de 25 años —Crow Walt Tricks— está siendo juzgado, declaró a la BBC que este permanecía solo en una celda durante 22 horas al día.
«La ONU considera [esto] confinamiento solitario», dijo Tricks, insistiendo en que Crow y los demás «no habían hecho daño a nadie».
La Fiscalía de Stuttgart comunicó a la BBC que «no había solicitado ninguna condición especial de detención en este procedimiento» y que las restricciones eran las habituales según la legislación alemana.
Sin embargo, Nicky Robertson, madre de la ciudadana británica de 25 años Hannah Hailu —conocida como Zo—, afirmó sentirse «absolutamente indignada y ultrajada» por el trato recibido por su hija, especialmente cuando fue conducida ante el tribunal esposada.
«Lo que buscamos es un juicio justo», declaró, «y lo que hemos visto hasta ahora no es muy justo».
Robertson busca el apoyo del gobierno de Reino Unido y asegura haber contactado a su diputado y haber escrito al embajador británico en Berlín. La Embajada británica en Berlín confirmó que estaba «prestando asistencia a dos ciudadanos británicos detenidos en Alemania y que mantenía contacto con las autoridades locales».
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Doctrina del «nunca más»
Joel Crisetig, analista de la organización Armed Conflict Location & Event Data, afirma que el enfoque marcadamente diferente de Alemania ante este caso tiene su origen en el pasado nazi del país y en la doctrina del «nunca más» —vigente tras el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial—, la cual ha moldeado tanto su política como su sociedad.
Se refirió a la célebre declaración de la excanciller Angela Merkel, según la cual, «la seguridad de Israel es una ‘razón de Estado’ de Alemania»; una postura que implica que el gobierno y la sociedad alemanes asumen una responsabilidad especial hacia el Estado de Israel y la protección de la vida judía en todo el mundo.
Por estas razones históricas, «el movimiento propalestino es mucho más débil en Alemania que en países como Reino Unido o Francia», señaló.
Sus investigaciones revelan que, durante el último año, Alemania ha registrado la mitad de manifestaciones propalestinas en comparación con su vecina Francia, y una cifra significativamente menor que la de Reino Unido.
Crisetig considera, asimismo, que la respuesta de Berlín ante el movimiento y las manifestaciones propalestinas es «más severa» que la de otros países.
«Este tipo de acciones —como la destrucción de la propiedad de una empresa israelí— resultan sumamente impactantes para la opinión pública alemana», declaró a la BBC. Estos factores han llevado a las autoridades a tratar el incidente de Ulm «con la misma seriedad que un caso de terrorismo», añadió Crisetig.
El juicio en sí tuvo un inicio caótico a finales de abril: los partidarios de los cinco acusados coreaban y gritaban «¡Palestina libre!», mientras que los abogados defensores se negaron a tomar asiento debido a que sus clientes se encontraban tras una mampara de cristal.
El proceso judicial continúa y, de ser declarados culpables, los «cinco de Ulm» se enfrentan a penas de hasta cinco años de prisión.
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.bbc.com
En la sección: BBC Mundo
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