La Justicia paraliza el polémico fondo de 1.800 millones de Trump para recompensar a sus aliados

La orden judicial ha sido dictada por Leoni Brinkema, juez del estado de Virginia y nombrada en la década de 1990 por el presidente demócrata Bill Clinton. En ella, exige a la Administración Trump que se abstenga de forma cautelar de «tomar cualquier nueva acción para la creación u operatividad del Fondo contra la Utilización de la Justicia como Arma, que incluye la transferencia de dinero al fondo», «considerar cualquier reclamación interpuesta al fondo» o «desembolsar cualquier compensación desde el fondo».

La decisión cautelar de la juez se produce cuando este fondo todavía no se ha acabado de conformar. Se trata de una creación del Departamento de Justicia y su máximo responsable, el fiscal general interino, Todd Blance, todavía no ha elegido a los cinco miembros que formarán una comisión que decidirá quién será compensado.

Este proyecto es el resultado de una vieja disputa de Trump con el Departamento de Justicia y un ejemplo de cómo el presidente de EE.UU. utiliza la maquinaria del Estado para sus propios fines políticos y personales.

El multimillonario neoyorquino tenía interpuesta una demanda por 10.000 millones de dólares por la filtración de sus datos fiscales. Llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para abandonar esa demanda a cambio de la creación de este fondo, que además tiene una gran ventaja para él: incluye una estipulación por la que Hacienda no podrá hacer ninguna inspección fiscal ni a él, ni a sus familiares ni a sus afiliados.

El fondo de compensación provocó un escándalo en EE.UU. Apuntaba a una manera de hacer llover dinero público a sus aliados. Entre los beneficiados más probables están los más de 1.500 trumpistas que fueron encausados por su participación en el asalto violento al Capitolio del 6 de enero de 2021, una jornada trágica y bochornosa para la democracia estadounidense.

Trump no solo indultó a todos ellos nada más regresar al poder el año pasado –incluso a aquellos convictos por delitos violentos, como la agresión a policías, o por liderar una sedición–, ahora también busca darles dinero. Algo similar podría ocurrir con aquellos involucrados en tramas ilegales para tratar de dar la vuelta a los resultados electorales en 2020, que dieron la victoria a Joe Biden frente a Trump.

El Departamento de Justicia ha asegurado que el fondo estará abierto a todo aquel que sienta que ha sido perseguido judicialmente por razones políticas, incluso a los demócratas. Pero la desconfianza es abundante frente a una Administración que está utilizando a ese mismo Departamento de Justicia para ir contra los rivales de Trump. Es lo que ha ocurrido con adversarios políticos como el que fuera director del FBI, James Comey, o la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Y que ahora se amplía a ciudadanos no implicados en política, como E. Jean Carroll, la mujer que logró condenar a Trump por violación en la vía civil, con indemnizaciones millonarias. Es difícil pensar que los cinco miembros seleccionados por Blanche -que fue abogado personal de Trump antes de que se lo llevara al Departamento de Justicia- vayan a ser otra cosa que un instrumento del presidente de EE.UU.

La creación del fondo ha sido demasiado difícil de digerir incluso para muchos republicanos, que se esfuerzan en no llevar la contraria a Trump en nada. «No soy un gran fan», reaccionó el líder conservador en el Senado, John Thune, gran aliado del presidente, cuando conoció la idea.

La creación y dotación del fondo ha supuesto, de hecho, una revuelta republicana contra Trump en el Congreso, algo muy poco habitual. Fue una de las razones por las que la semana pasada no salió adelante la votación de una ley para financiar una política prioritaria para Trump, la de su mano dura con la inmigración.

El fondo de Trump quedará bloqueado, por ahora, hasta el próximo 12 de junio, cuando la jueza Brinkema ha vuelto a citar a las partes.