Pedro Rodríguez: ¿Cuándo dejó la vileza política de ser una excepción para convertirse en un método?

Las dos últimas semanas en España constituyen un estudio de caso, tan perfecto como deprimente, sobre cómo la proliferación de infamia política no deja de interferir en el trabajo de una larga serie de servidores públicos esenciales para el funcionamiento de lo que el Artículo 1.1 de la Constitución española define como un Estado Social y democrático de Derecho:

– La Guardia Civil (UCO), que a pesar de las represalias procedentes de su propia Dirección General y una carencia de medios más que negligente, cumple con su deber.

– La Policía Nacional (UDEF) que cuando no tienen sobre la chepa al DAO, mini-DAO, los maxi-comisarios Villarejo o mafias como la Kitchen, saben perfectamente lo que tienen que hacer.

– Los jueces independientes que, pese a que algunos desbarren con Fernando VII, cumplen con su obligación más allá de presiones, descalificaciones y proyectos planteados para quitarles la responsabilidad de instruir sumarios como los que estamos conociendo.

– La Fiscalía Especial Contra la Corrupción, que gracias a su autonomía técnica con respecto a los mangoneos del «su-fiscal-general», también es capaz de hacer su trabajo.

A esta lista habría que añadir también a nuestras Fuerzas Armadas y diplomáticos. Los militares saben perfectamente que no se puede jalear el expansionismo territorial de Marruecos ni tardar 72 horas en desplegarse en Valencia. El servicio diplomático tiene muy claro que la política exterior de España debe promover nuestra seguridad y prosperidad, y no servir de tapadera para negocios tan opacos como particulares.

En ningún caso, el hecho de que todos estos funcionarios cumplan con su obligación no debería ser un acto de resistencia heroica contra políticos dispuestos a todo para tapar su obscena corrupción.