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MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) –
La Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, sin el apoyo de PP y Vox, la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que ahora se elevará a Pleno. Según señalaron este miércoles fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, la reforma se votará previsiblemente el proóximo martes 14 de julio.
En concreto, el informe definitivo sobre el Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ha sido aprobado este jueves con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios excepto PP y Vox.
Según ha explicado el diputado del PP Enrique Belda, en el debate previo a la votación, su voto en contra se debe a la ausencia de una memoria económica y de presupuestos, aunque no ha descartado su apoyo en el Pleno si esto se corrige. «Si nos dicen cómo pagan a partir de 2027 las nuevas prestaciones, podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar incluso antes que el Pleno», ha apuntado.
El texto, que ahora será elevado a Pleno, y que después será remitido al Senado, ha incluido la figura de la persona experta facilitadora procesal, a través de una enmienda transaccional.
En concreto, la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, añade una nueva disposición adicional, en la que se especifica que esta persona experta «trabajará con el personal de la Administración de Justicia y las personas con discapacidad para asegurar que estas comprendan y tomen decisiones informadas en los procesos judiciales», asegurándose de que todo el proceso se explique a través de un «lenguaje comprensible y fácil» y de que se proporcionen los ajustes y los apoyos adecuados.
Asimismo, los partidos que forman parte del Gobierno han incorporado una enmienda para que la financiación estatal de la dependencia sea del 50%, después de que el ejecutivo central haya aprobado una inyección de 6.200 millones de euros adicionales para las CCAA, según han destacado fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.
Las mismas fuentes han lamentado que el PP ha votado en contra de esta enmienda «a pesar de que este partido gobierna en numerosas CCAA y sus gobiernos regionales llevan años reclamando que la aportación estatal llegase al 50%». Según han precisado, actualmente, la ley no indica que la aportación estatal en dependencia deba llegar al 50% y «ahora se convertirá en norma».
Además, han criticado que en la década pasada, cuando el PP estaba en el Gobierno, «recortaron en más de 5.000 millones de euros el sistema de la dependencia durante los mandatos de Rajoy».
Fue el pasado 11 de diciembre cuando el Pleno del Congreso dio luz verde a la toma en consideración de este Proyecto de Ley, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras rechazar una enmienda a la totalidad presentada por Junts, con la que proponía devolver el texto al Gobierno. Todos los grupos parlamentarios votaron en contra de esta enmienda, excepto PP y Vox que se abstuvieron.
Desde entonces, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha apelado en repetidas ocasiones al consenso político y ha asegurado que el proyecto contará con la financiación necesaria. Precisamente, el Gobierno aprobó la semana pasada en Consejo de Ministros un Real Decreto Ley con «la mayor inversión en dependencia de la historia de la democracia»: 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.
Entre las mejoras que prevé la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, destaca la incorporación de más servicios y prestaciones al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y la supresión del régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia que se introdujo en el año 2012.
También establece la teleasistencia como un derecho, amplía la ayuda en el domicilio, incorpora medidas para desburocratizar los procesos administrativos, como la eliminación de cargas administrativas al equiparar automáticamente la dependencia a la situación de la discapacidad y contempla que amigos y vecinos puedan ejercer como cuidadores formales, permitiendo que reciban la prestación por cuidado en el entorno familiar.
