El crimen de Ronald Ojeda entra en su fase decisiva en Chile con el cerco a seis miembros del Tren de Aragua – AlbertoNews

De las decenas de crímenes que ha cometido el Tren de Aragua (TDA) en Chile, el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024, es el que de manera más clara revela cómo se estructura esta organización criminal transnacional, nacida en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, y que cambió delincuencia en el país sudamericano hasta transformarse en un problema grave.

El País

Tras el asesinato del disidente del régimen de Nicolás Maduro, que para la Fiscalía tuvo un móvil político, está implicada una de las células más violentas que han actuado en Santiago, Los Piratas de Aragua, comandada desde el exterior por Carlos Francisco Gómez Moreno, apodado Carlos Bobby —jefe del TDA para Sudamérica— y liderada en la capital chilena por Rafael Enrique Gámez Salas (o Adrián Rafael Gámez Finol), el Turko, además de Alfredo José Henríquez Pineda, conocido como el Gordo Alex.

Más de dos años después el caso ha entrado en su fase decisiva: comenzó la audiencia de preparación del juicio oral, una etapa en la que el tribunal depura las pruebas, y los fiscales Héctor Barros y Alex Cortez han presentado unos 200 testigos y acusado a 20 miembros de Los Piratas por distintos delitos. De ellos, seis están vinculados al asesinato de Ojeda.

Entre los imputados, por ahora solo uno de los máximos jefes —los pures, en la jerga del Tren de Aragua— enfrentará el juicio por el crimen de Ojeda: el Gordo Alex. Los máximos líderes, que fueron destinados a Chile por El Niño Guerrero, abatido el pasado 12 de junio en el Estado de Bolívar, al sur de Venezuela, están en prisión en el extranjero: Carlos Bobby en Colombia, a la espera de que se tramite la petición de la justicia chilena para que sea juzgado en Santiago. En el caso del Turko, en tanto, el pasado 2 de julio Estados Unidos aprobó su extradición a Chile: es considerado una pieza clave, pues quien coordinó la operación, para lo que él mismo creó un grupo WhatsApp.

Otros involucrados huyeron tras el secuestro y, según dijo el fiscal Barros en una reciente entrevista con EL PAÍS, del 21 de junio, “en la causa de Ronald Ojeda, que es de conmoción internacional [era refugiado político en Chile], tenemos siete personas que están con orden de detención en Venezuela, y que nunca ha sido detenidas por las autoridades venezolanas”.

Ronald Ojeda tenía de 32 años. Fue secuestrado a las 3.10 de madrugada del 21 de febrero de 2024, en ropa interior, desde su departamento en el piso 14 de un edificio en el municipio de Independencia, al norte de Santiago, frente a su esposa y su pequeño hijo. El grupo de delincuentes se vistió con falsos uniformes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). El caso terminó de la peor manera: fue hallado dentro de una maleta enterrado bajo cemento en una barriada informal de la comuna de Maipú, con señales de tortura. Un método que el TDA —su célula Los Gallegos— ya había usado en Arica, en extremo norte chileno, en otros crímenes espeluznantes.

A diferencia de otros secuestros cometidos por el Tren de Aragua en Chile, en el caso de Ojeda no se pidió dinero por su rescate, lo que alertó rápidamente a la Fiscalía de que era un delito inusual. En abril de 2024, dos meses después de que el exmilitar fue hallado asesinado, Barros aseguró que el móvil del crimen fue político y dijo que el secuestro “se organizó” desde Venezuela”. Lo do dijo por el perfil de la víctima: era un activo opositor a Maduro y lo manifestaba de forma pública.

Meses después, con la investigación avanzada, el fiscal fue más allá y dijo que Ojeda “siempre fue un problema para el Gobierno venezolano”. “Nuestros antecedentes van dando cuenta de que el encargo (del crimen) lo hizo el Gobierno venezolano a través de Diosdado Cabello”, señaló a EL PAÍS.

Una bandera pirata

El Tren de Aragua opera en Chile aproximadamente desde 2019 y ha expandido sus tentáculos en 14 de 16 regiones, cometiendo delitos como secuestros, homicidios, sicariatos, extorsiones, venta de drogas, tráfico de migrantes y explotación sexual. La facción que estuvo tras el crimen de Ojeda, según la acusación de la Fiscalía, debe el nombre al Turko, pues fue él —autorizado por Carlos Bobby— quien creó un grupo de WhatsApp en el que sumó con los integrantes de la banda y usó como ícono la imagen de una bandera pirata. Gálmez era un alto jefe, secundado por el Gordo Ale en Santiago.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, fue el Turko quien señaló en el WhatsApp de la banda que para cometer el secuestro de Ojeda el grupo debía ir vestido como policías de la PDI chilena, y que aquello estaba autorizado por los estamentos superiores del TDA. Por eso es considerado como quien participó de la planificación, y el que dio las primeras directrices, además de ordenar de guardar el secreto de la operación. Gálmez huyó a Estados Unidos, desde donde será extraditado.

Los papeles de la Fiscalía revelan también cómo se organizaron para ejecutar el crimen de Ojeda, que tuvo una cuidadosa planificación. Por ejemplo, el automóvil Nissan Versa que se usó para sacarlo de su departamento fue conseguido nueve días por Edgard Benítez Rubio. En el secuestro participaron, según la investigación de Barros, Henríquez Pineda (el Gordo Ale), Wimner Rivas Olivares, Julián Iglesias Hoyos, Yolvi Miguel González Arcaya y Julio César Iglesias Pineda.

Yolvi González se tomó una selfie, 10 días antes del secuestro, vestido de detective de la PDI, un informe similar al que la banda usó para sacar a la fuerza a Ojeda de su departamento. Y Julio Iglesias está sindicado como uno de los que se encargaron de sepultar y ocultar el cuerpo del exmilitar. Su detención, en enero de 2025, provocó un fuerte impacto en quienes lo conocían: era un amable conserje de un edificio en el municipio de Ñuñoa, al oriente de Santiago, y los residentes lo consideraban como un funcionario ejemplar.

Por el crimen de Ojeda, la Fiscalía pide penas para los involucrados que van desde los cinco años de cárcel a presidio perpetuo calificado (40 años de prisión efectiva).