Guerra abierta en la Casa Blanca por la política con Venezuela

Trump fue breve, pero no ambiguo. «¿Ha vuelto o no ha vuelto?», preguntó, como si le sorprendiera la noticia o como si quisiera marcar distancia con las gestiones previas de su propio Gobierno. Después añadió que no se oponía a nada y que Machado es admiradora suya, una fórmula que, en el lenguaje del trumpismo, equivale a uno de los mayores avales políticos que puede conceder el presidente.

En apariencia, era una frase más en una conversación de madrugada a bordo del avión presidencial. En realidad, una declaración con consecuencias dentro de una Administración dividida por el futuro inmediato de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, la consolidación provisional de Delcy Rodríguez en Caracas y el terremoto que ha dejado miles de muertos y ha dado a Washington un papel central en la reconstrucción. La guerra interna en Washington sobre Venezuela, sin embargo, dista mucho de haber acabado.

El comentario de Trump sorprende porque llega después de que su propio Gobierno haya frenado, bloqueado o desaconsejado en dos ocasiones el regreso de Machado a Venezuela. La primera tentativa se produjo a través de Curazao. La segunda, por Panamá. En ambos casos, la dirigente opositora, ganadora moral y política de las elecciones que el chavismo impidió que disputara directamente y que acabó representando Edmundo González Urrutia, intentó volver para acompañar a los venezolanos tras los seísmos del 24 de junio. En ambos casos, la operación quedó abortada.

Dos visiones sobre Venezuela

La Casa Blanca no ha querido presentar abiertamente esos episodios como un veto político. En Washington se habla más bien de prudencia, de seguridad, de evitar una crisis en medio de una emergencia humanitaria y de no añadir presión a un país devastado. Pero el resultado práctico fue el mismo: que Machado no entró en Venezuela. Y ahora Trump, en público, deja constancia de que no se opone a su regreso.

Esa contradicción revela una batalla de fondo. En la política estadounidense hacia Venezuela se han enfrentado dos visiones, dos estrategias. Una, más pragmática, considera que la prioridad absoluta debe ser estabilizar el país después del terremoto, sostener la interlocución con Delcy y evitar cualquier movimiento que pueda poner en riesgo la operación de ayuda y reconstrucción en la que Estados Unidos ha invertido ya más de 310 millones de dólares (unos 270 millones de euros). La otra cree que esa estabilización no puede hacerse a costa de relegar a quienes ganaron las elecciones de 2024 ni de rehabilitar, aunque sea de forma indirecta, a figuras clave del chavismo.

La primera visión se ha impuesto hasta ahora. Es la que ha llevado a Washington a trabajar con las autoridades ‘de facto’ en Caracas, a coordinar la ayuda humanitaria con el aparato del Estado venezolano y a pedir a Machado que espere. Sus defensores sostienen que la entrada de la líder opositora, en plena emergencia, podía provocar manifestaciones, choques internos, tensiones con el régimen y una percepción de que Estados Unidos estaba utilizando la ayuda humanitaria para instalar un nuevo poder político. Para ellos, no era el momento.

La segunda visión, sin embargo, ha ganado fuerza en los últimos días. Sobre todo después de la difusión de imágenes de Diosdado Cabello, número dos histórico del chavismo, junto al encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, y el general Francis Donovan, jefe del Mando Sur. Las fotografías y vídeos, difundidos por cuentas próximas al chavismo y especialmente al entorno de Cabello, mostraban al ministro del Interior venezolano en una posición de interlocución con representantes estadounidenses.

La escena causó malestar en Washington y en Florida. Cabello sigue imputado en Nueva York por narcoterrorismo y continúa asociado a una recompensa de hasta 25 millones de dólares (21,8 millones de euros) por información que conduzca a su arresto o condena. Durante años, Estados Unidos lo presentó como uno de los principales responsables del llamado Cartel de los Soles. Verlo ahora departir con altos cargos norteamericanos, en el marco de la respuesta al terremoto, ha alimentado la acusación de que la Administración Trump está normalizando a uno de los rostros más duros del chavismo.

El chavismo entendió de inmediato el valor de esas imágenes. No fueron difundidas de forma casual. En Caracas, donde también hay facciones enfrentadas, el entorno de Cabello tenía interés en mostrarlo como un actor inevitable, reconocido por los estadounidenses y situado en el centro de la reconstrucción. En Washington, en cambio, la lectura fue más incómoda. Para los republicanos de Florida, donde el voto venezolano y cubano sigue teniendo peso, la imagen de Cabello estrechando la mano de representantes de Estados Unidos puede convertirse en munición electoral para los demócratas.

Hubo un claro movimiento dentro del campo que prefiere sustentar a Delcy en los últimos días: filtraciones interesadas con duras palabras hacia el otro bando. El medio ‘Axios’ publicó primero que altos cargos de la Administración acusaban a Machado de «oportunismo político grotesco» por intentar volver a Venezuela tras el terremoto. Fuentes anónimas del Gobierno afirmaban que la dirigente quería una foto entregando ayuda estadounidense, que buscaba aparecer protegida por marines y que su regreso podía convertir la operación humanitaria en una crisis política. La información reflejaba una posición muy dura contra Machado dentro de la Administración.

Ese relato ha provocado malestar entre quienes conocen las gestiones de la líder opositora. Según fuentes familiarizadas con las conversaciones, Machado había trasladado garantías de que su objetivo no era organizar una campaña ni desafiar de inmediato al poder de Delcy, sino acompañar a los venezolanos en un momento de emergencia nacional. Su equipo sostiene que no pretendía apropiarse de la ayuda estadounidense ni provocar un levantamiento, sino regresar a su país después de meses de exilio forzado y de haber sido privada de pasaporte por la dictadura.

La segunda filtración fue aún más reveladora. ‘Axios’ publicó después que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, había actuado por su cuenta o había comunicado mal la política estadounidense a otros países sobre los planes de Machado. Según esa versión, Landau habría transmitido señales confusas a Curazao y Panamá, lo que generó dos días de tensiones internas en el Departamento de Estado, discusiones diplomáticas y malestar con los partidarios de Machado.

Landau, el blanco interno

El ataque contra Landau no es menor. El número dos de la diplomacia estadounidense no pertenece al círculo más estrecho de Marco Rubio, aunque ambos comparten una línea dura contra regímenes de izquierda en América Latina. Landau, exembajador en México, es respetado en sectores conservadores y en el entorno trumpista. Ha sido uno de los funcionarios más activos en la política de visados contra dirigentes extranjeros considerados hostiles a Estados Unidos. En Washington se le conoce también por su papel en la nueva ofensiva ideológica del Departamento de Estado contra aliados de la izquierda latinoamericana y europea.

Culpar a Landau sirve para algo más que explicar una confusión diplomática. Permite a una facción de la Administración opuesta al acercamiento a Machado trasladar responsabilidades por una política que empieza a tener costes. Si Machado no puede entrar en Venezuela porque Washington lo desaconseja, si Cabello aparece legitimado en fotografías con funcionarios estadounidenses y si la Casa Blanca queda del lado de Delcy Rodríguez mientras posterga a la dirigente más popular de la oposición, alguien tiene que asumir el desgaste. En ese contexto, Landau se ha convertido en blanco interno.

El papel de Rubio también es delicado. Durante años, el actual secretario de Estado fue una de las voces más duras contra Maduro y Cabello en el Senado. En 2017, su seguridad fue reforzada tras informes de inteligencia que apuntaban a amenazas vinculadas al entorno de Cabello. Ya en la Administración Trump, Rubio ha defendido que la política hacia los jerarcas chavistas no ha cambiado. Pero ahora dirige un Departamento de Estado que coordina la mayor operación estadounidense en Venezuela en años con autoridades en las que figuran dirigentes del régimen.

Eso explica parte de la tensión. Rubio tiene que equilibrar tres exigencias difíciles de conciliar: mantener la presión histórica sobre el chavismo, garantizar la operación humanitaria y evitar que el regreso de Machado desborde una transición que Washington quiere administrar por fases. La prioridad inmediata es la estabilidad. Pero la estabilidad, en Venezuela, tiene un precio político alto si aparece asociada a Delcy y Cabello.