Corte Suprema de Perú ratifica un año más de prisión preventiva contra Pedro Castillo

La Corte Suprema de Perú confirmó la ampliación por 12 meses de la prisión preventiva que pesa sobre el expresidente Pedro Castillo, quien continuará privado de libertad mientras avanzan las investigaciones por un presunto caso de corrupción. La medida se suma a la condena de 11 años y cinco meses que ya cumple por su fallido intento de golpe de Estado.

La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente del máximo tribunal, que rechazó el recurso presentado por la defensa del exmandatario para dejar sin efecto la extensión de la medida cautelar.

En la resolución, divulgada este miércoles por medios peruanos, los magistrados concluyeron que el riesgo de fuga sigue presente y que las circunstancias del caso justifican mantener a Castillo bajo prisión preventiva.

El tribunal sostuvo que el arraigo domiciliario del exjefe de Estado es “incierto” y que el peligro de fuga permanece “vigente” y “agravado”.

Asimismo, la Corte consideró que existen elementos que apuntan a un eventual intento de solicitar protección internacional y advirtió sobre “a posible sustracción de la justicia dadas las facilidades de apoyo extranjero”, al recordar que la familia del expresidente se encuentra asilada en México.

Investigación por presunta red de corrupción

La ampliación de la medida cautelar está vinculada a la investigación que sigue el Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión, hechos que habrían ocurrido durante el mandato de Castillo.

De acuerdo con el expediente judicial, el proceso reviste una alta complejidad debido a que forma parte de una macroinvestigación que involucra a más de 90 personas y comprende el análisis de contratos y expedientes técnicos relacionados con distintas municipalidades del país.

Las pesquisas abarcan presuntas irregularidades en la compra de biodiésel por parte de Petroperú, supuestos sobornos vinculados a la adjudicación del Puente Tarata III y la emisión de un decreto de urgencia que, según la Fiscalía, habría favorecido la ejecución de determinadas obras municipales.

Con esta decisión, la prisión preventiva permanecerá vigente desde el 9 de marzo de 2026 hasta el 8 de marzo de 2027.

Fiscalía aún no presenta acusación formal

Aunque la Fiscalía sostiene que Castillo habría encabezado una organización criminal con una estructura jerárquica que operaba desde el Poder Ejecutivo, hasta ahora no ha presentado la acusación formal en este proceso, por lo que aún no se conoce cuál sería la pena que solicitará.

El exmandatario permanece recluido en el penal de Barbadillo desde el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido tras intentar disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción, una acción que derivó en su destitución y posterior arresto.

En noviembre de 2025 fue condenado a 11 años y cinco meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. Paralelamente, los tribunales han aprobado sucesivas ampliaciones de prisión preventiva en la investigación por presuntos hechos de corrupción.

Mientras tanto, a pocos días de la toma de posesión de la presidenta electa, Keiko Fujimori, continúa abierta la posibilidad de que el gobierno de transición encabezado por José María Balcázar evalúe conceder a Castillo una gracia presidencial, medida que podría permitir su salida de prisión.