Trump blinda a Delcy hasta que celebre elecciones en Venezuela dentro de un año

Esa condición es la clave de una maniobra que va mucho más allá del litigio por el que se desencadena. La Casa Blanca necesita a Delcy para mantener la estabilidad interna de Venezuela, garantizar las exportaciones de petróleo y preparar una transición política. Al mismo tiempo, hay bajo secreto de sumario un conjunto de expedientes judiciales que pueden reactivarse si deja de cumplir los compromisos adquiridos tras la captura de Nicolás Maduro.

La estrategia responde a un horizonte que comienza a definirse en la Casa Blanca. Según fuentes conocedoras de las deliberaciones consultadas por ABC, la Administración empieza a asumir que las elecciones presidenciales venezolanas deberán celebrarse dentro de aproximadamente un año, dada la presión en esa dirección de un grupo de senadores y diputados. No serán inmediatas, como reclama una parte de la oposición, pero tampoco se pretende que la presidencia interina se prolongue indefinidamente. Hasta entonces, Delcy Rodríguez seguirá siendo para Trump una garantía de orden y, a la vez, una dirigente vigilada muy de cerca, y sin autonomía real.

La intervención del Ejecutivo en Washington se produjo en el caso de Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar José Marval, tres estadounidenses que denunciaron haber sido secuestrados, detenidos arbitrariamente y torturados por los aparatos de seguridad venezolanos.

El Departamento de Justicia presentó el mes pasado ante el juez Darrin Gayles una declaración formal de inmunidad. El argumento no entra en las acusaciones ni sostiene que Rodríguez sea inocente. Se limita a afirmar que EE.UU. la reconoce desde el 5 de marzo como jefa de Estado y que, mientras ocupe ese cargo, no puede ser sometida a la jurisdicción de un tribunal estadounidense.

La Administración pidió que las reclamaciones contra ella sean desestimadas con una figura que se llama «sin perjuicio». En términos prácticos, esto significa que podrían ser recuperadas cuando deje el cargo pues no es una absolución ni un cierre definitivo sino una suspensión vinculada a su permanencia en el poder.

El juez ya había concedido más de 314 millones de dólares (275 millones de euros) a los demandantes frente a Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Alex Saab y otros dirigentes que no comparecieron. La sentencia consideró acreditadas, por incomparecencia de los acusados, las denuncias sobre palizas, descargas eléctricas, aislamiento prolongado y otras formas de maltrato. Delcy quedó fuera mientras se esperaba la posición del Ejecutivo.

La demanda civil de Kenemore no es el único frente judicial que inquieta a la presidenta interina. Delcy ha figurado desde al menos 2018 en archivos de la agencia antidroga estadounidense. En 2022, la DEA la clasificó como «objetivo prioritario», una categoría reservada para personas consideradas relevantes en investigaciones sobre narcotráfico. Su nombre apareció en cerca de una docena de expedientes relacionados con presunto lavado de dinero, contrabando de oro, contratos públicos y vínculos con Alex Saab.

De momento no ha sido acusada formalmente. Fiscales de Miami preparaban un posible borrador de acusación por corrupción y blanqueo de fondos procedentes de la petrolera estatal PDVSA entre 2021 y 2025. Según esas fuentes, la existencia de ese trabajo había sido comunicada verbalmente a Rodríguez como una forma de presión. El hoy jefe del Departamento Justicia, Todd Blanche, negó públicamente la información cuando la publicó la agencia Reuters, diciendo que no hay causas abiertas.

Posteriormente, los fiscales evitaron avanzar en investigaciones sobre Rodríguez para no poner en peligro la estabilización del país. El Departamento de Justicia respondió que nunca existió una investigación que pudiera ser cerrada, aunque los documentos de la DEA confirmaban el prolongado interés de las autoridades por ella.

Fuentes consultadas por ABC añaden que Rodríguez supo que existían dos líneas en Florida: una en el sur del estado y otra en Tampa. Ambas quedaron paralizadas después de la captura de Maduro. Se trata, según esas fuentes, de actuaciones bajo secreto judicial, con participación del FBI y discusiones internas sobre posibles vulneraciones de garantías básicas.

La combinación de esas amenazas es deliberadamente ambigua. No hay una acusación pública contra Rodríguez, pero tampoco una exoneración y los expedientes permanecen de ese modo como una reserva de presión para impedir que rompa con Washington o trate de perpetuarse.

Excluidos otros gerifaltes

La protección concedida a Rodríguez no se extiende al resto de la cúpula chavista. Cabello y Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador, continúan expuestos a la causa penal estadounidense por narcoterrorismo. Cabello y Padrino, el jefe de la Defensa venezolana, arrastran acusaciones y recompensas por presuntos delitos de narcotráfico. El hijo de Maduro también figura en la acusación federal de Nueva York junto a su padre, Cilia Flores y otros dirigentes.

Maduro y Flores, capturados el 3 de enero, permanecen encarcelados en Brooklyn y serán juzgados a partir del 1 de junio de 2027, según fijó este miércoles el juez que lleva el caso. Ambos se han declarado inocentes. La defensa de Maduro pretende alegar inmunidad soberana y cuestionar la legalidad de la operación militar que lo llevó desde Caracas hasta Nueva York, una inmunidad que sí se ha concedido a Delcy.

La situación de Cabello es más compleja. Estados Unidos trabaja con él porque controla el Ministerio del Interior, los servicios de inteligencia, la Policía y una parte de las estructuras armadas que pueden garantizar o sabotear cualquier transición.

Tras los terremotos de junio, Cabello apareció en fotografías junto al encargado de negocios estadounidense, John Barrett, y el jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan. Las imágenes causaron indignación entre los opositores, porque mostraban a altos funcionarios estadounidenses tratando con un dirigente por cuya captura Washington había ofrecido millones de dólares.

Según fuentes estadounidenses, la publicación y explotación política de esas fotografías por parte de Cabello causó malestar en parte de la Administración. Washington consideraba los contactos una necesidad operativa para coordinar la emergencia, no un acto de rehabilitación. Cabello intentó presentar las imágenes como prueba de que EE.UU. había aceptado su permanencia en el aparato de poder.

La oposición venezolana comienza a asumir que ese es el plan de Trump sin matices: mantener a Rodríguez durante la fase de estabilización y recuperación, abrir un proceso político controlado y llegar a elecciones aproximadamente dentro de un año. El senador Bernie Moreno, aliado de Trump y republicano de Ohio, ya ha pedido que junio de 2027 sea la fecha, algo en lo que le apoyan los legisladores de su partido.

Marco Rubio ha anunciado que las primeras conversaciones formales de transición comenzarán en agosto. El formato elegido reúne al Gobierno interino con representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015. Dinorah Figuera, respaldada por Washington, aparece como principal interlocutora de la oposición institucional, mientras Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, dirige la delegación chavista.

Fuentes opositoras consultadas por ABC admiten con resignación que Trump ha optado por la continuidad temporal de una parte del chavismo. Han transmitido a la Administración que Delcy no es una tecnócrata neutral aparecida después de Maduro, sino una dirigente central del sistema durante años.

«Delcy es tan parte del aparato criminal como Maduro», resume una de esas fuentes, que distingue entre aceptar una transición gradual y legitimar a quienes participaron en la represión. Pide no ser identificada abiertamente por temor a represalias dentro de la Administración Trump, que no ha sido muy receptiva a las críticas opositoras venezolanas.

También existe preocupación por que Rodríguez utilice la presidencia interina para convertirse en candidata. Un abogado contratado por ella en EE.UU. afirmó en documentos de registro que planeaba presentarse a las próximas elecciones, aunque todavía no hay fecha ni condiciones acordadas.

La relación de Trump con Rodríguez ha sido deliberadamente ambivalente desde la captura de Maduro. El 4 de enero, apenas un día después de la operación, Trump advirtió que ella pagaría un precio «probablemente mayor que Maduro» si no hacía lo correcto. Días después, tras hablar con ella y recibir los primeros compromisos sobre petróleo y cooperación, la describió como una «persona estupenda» con la que EE.UU. trabajaba muy bien.

Rodríguez ha respondido con gestos de obediencia. Reabrió las relaciones diplomáticas, permitió el regreso de funcionarios estadounidenses, reorganizó el gabinete con personas de su confianza y entregó decenas de millones de barriles de petróleo a EE.UU. El diario ‘The Financial Times’ asegura que EE.UU. ha ingresado de 13.000 millones de dólares (11.400 millones de euros) por la venta del crudo venezolano, pero la Administración Trump no revela qué ha hecho con ese dinero.

Recientemente, la revista The New Yorker describió cómo la Casa Blanca utiliza la posibilidad de favorecer el regreso de Machado para mantener inquieta a Rodríguez. Según un veterano operador citado por la revista, el mensaje es que Delcy no debe acomodarse porque Washington puede recuperar en cualquier momento a la dirigente opositora como alternativa.

Existe además un elemento menos evidente. Rubio acaba de anunciar en una tribuna en el diaro ‘The Wall Street Journal’ una ofensiva para «desmantelar» la Corte Penal Internacional de La Haya «ladrillo a ladrillo», al considerar que amenaza la soberanía estadounidense.

La Corte mantiene abierta la investigación sobre posibles crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela desde 2014. La pesquisa fue reanudada después de que los jueces concluyeran que las investigaciones internas del régimen no cubrían suficientemente los hechos examinados.

El ataque de Rubio contra la institución no se refiere expresamente a Rodríguez. Sin embargo, en el contexto venezolano puede ser interpretado como una señal: si coopera, garantiza la transición y negocia una salida, Washington no parece interesado en entregarla a la Justicia internacional.

La Casa Blanca necesita que Delcy mantenga unido al chavismo durante la reconstrucción y que conduzca al país hacia unas elecciones. Delcy necesita que EE.UU. conserve su inmunidad, paralice las investigaciones y contenga a sus adversarios.