Saverio Vivas | La prensa no debe ser el megáfono de la violencia

La prensa tiene el deber de informar sobre la violencia, pero no de convertirla en espectáculo. En una sociedad democrática, la libertad de expresión protege incluso las manifestaciones más radicales. Una cosa es informar sobre un hecho; otra muy distinta es convertir la propaganda de los violentos en noticia.

Ese dilema volvió a plantearse el pasado 24 de julio, cuando grupos de ultraizquierda radical se concentraron en la Plaza Bolívar de Caracas, junto al Palacio Federal Legislativo. Allí quemaron banderas de Estados Unidos e Israel y leyeron manifiestos contra los esfuerzos de la oposición y de sectores del oficialismo por encontrar una salida negociada a la crisis política venezolana.

Quemar banderas y expresar ideas radicales forma parte del ejercicio de la libertad de expresión. No cuestiono ese derecho. Lo que merece discusión es la forma en que los medios deciden cubrir este tipo de actos.

Libertad de expresión no significa responsabilidad cero

No se trata, en ningún momento, de promover la censura. Se trata de comprender que todos los actores sociales tenemos deberes ciudadanos que cumplir.

Existe una diferencia sustancial entre la censura estatal y la responsabilidad mediática. Los medios tienen el derecho —y el deber— de informar sobre los acontecimientos de interés público. Sin embargo, esa cobertura debe realizarse con criterio ético y con conciencia de sus consecuencias.

El ordoliberalismo y la defensa del orden democrático

Desde la perspectiva ordoliberal, el Estado no es un mero espectador, como propone el libertarismo radical. Su función consiste en garantizar el marco institucional que hace posible el ejercicio de las libertades.

La Escuela de Friburgo sostuvo que la libertad —económica y civil— no nace espontáneamente. Requiere instituciones sólidas, reglas claras y un Estado capaz de preservar el orden constitucional. Sin ese marco, la libertad termina siendo devorada por quienes utilizan las propias instituciones democráticas para destruirlas.

Karl Popper planteó este dilema en su conocida paradoja de la sociedad abierta. ¿Cómo proteger una sociedad libre sin permitir que sus libertades sean utilizadas para acabar con ella? Los venezolanos conocemos bien esa experiencia. Nuestra democracia fue erosionada desde sus propias instituciones hasta perder buena parte de las libertades que hoy añoramos.

Si organizaciones que recurren a la intimidación llegaran nuevamente a consolidar un poder absoluto, los medios que hoy amplifican su discurso contribuirían, aunque sea involuntariamente, a debilitar las mismas libertades que garantizan su existencia. Ningún incremento de audiencia justifica ese riesgo.

La democracia también debe saber defenderse

Karl Loewenstein desarrolló una idea complementaria mediante el concepto de la democracia militante (Streitbare Demokratie). Una democracia no puede comportarse de manera suicida ni permanecer neutral frente a quienes buscan destruirla mediante la violencia.

La libertad de prensa sigue siendo indispensable. Pero convertir la propaganda extremista en contenido de consumo masivo debilita las defensas de la propia República.

Informar no es hacer propaganda

Existe una diferencia esencial entre informar que ocurrió una manifestación con quema de banderas y convertir en noticia el manifiesto de quienes protagonizaron el acto.

El periodismo responsable informa los hechos, ofrece contexto, identifica responsabilidades y explica las consecuencias. Lo que no debe hacer es transformar un acto de intimidación en una plataforma de difusión para quienes buscan notoriedad mediante la violencia.

Cuando la autorregulación funciona

La autorregulación periodística no es una idea novedosa.

Tras la masacre de Christchurch, en Nueva Zelanda, la primera ministra Jacinda Ardern decidió no pronunciar públicamente el nombre del atacante. Los principales medios tampoco difundieron su manifiesto ni el video de la masacre. El objetivo era impedir que el terrorismo obtuviera la publicidad que buscaba.

La BBC mantiene protocolos similares para evitar amplificar mensajes que inciten directamente a la violencia. Del mismo modo, después de los atentados ocurridos en Francia en 2016, Le Monde decidió no publicar fotografías de los responsables para impedir su glorificación.

En ninguno de estos casos fue necesaria la censura estatal. Bastó la responsabilidad profesional.

Una violencia conocida y tolerada

Quienes participaron en esta manifestación no eran desconocidos.

Se trata de integrantes de grupos de choque que durante años han restringido la libre circulación en la Plaza Bolívar, ocupado espacios públicos e intimidado a ciudadanos, diputados y manifestantes de la sociedad civil. Los rostros que aparecieron en las pantallas son ampliamente conocidos por quienes frecuentan el centro de Caracas.

Una protesta tan violenta como incoherente

La utilización de banderas de Israel resulta particularmente reveladora.

Israel no forma parte del conflicto político venezolano ni interviene en los debates internos del país. La hostilidad exhibida durante la manifestación parece responder más a una agenda ideológica importada que a una reivindicación relacionada con los problemas nacionales.

Paradójicamente, uno de los pocos vínculos recientes entre Israel y Venezuela fue la cooperación humanitaria brindada tras la tragedia provocada por el doble terremoto. Quienes hoy convierten a ese país en blanco de sus consignas no destacaron precisamente por su solidaridad con las víctimas venezolanas.

El doble rasero del Estado

La difusión acrítica de estos actos ya comienza a producir sus efectos. En redes sociales proliferan llamados de grupos radicales para repetir acciones similares.

También resulta inevitable formular una pregunta: ¿dónde estaban los organismos de seguridad del Estado —SEBIN, DGCIM y PNB— mientras se desarrollaba esta manifestación en pleno centro de Caracas?

El contraste resulta evidente. Si otro grupo hubiera acudido a quemar banderas de Cuba o a lanzar consignas violentas contra aliados del oficialismo, la respuesta policial probablemente habría sido inmediata.

El verdadero deber cívico de la prensa

El periodismo tiene la obligación de informar, incluso sobre los episodios más desagradables de la vida pública. Pero informar no equivale a ofrecer una tribuna permanente a quienes utilizan la intimidación como herramienta política.

La libertad de prensa no se fortalece amplificando la violencia. Se fortalece ejerciendo un criterio editorial responsable, contextualizando los hechos y evitando que la búsqueda de audiencia convierta la propaganda extremista en espectáculo.

Porque cuando los medios dejan de informar para convertirse en altavoces de la violencia, no solo fracasa el periodismo: también se debilitan las instituciones que hacen posible una sociedad libre.