El Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha emitido una grave denuncia sobre las condiciones de reclusión en la cárcel de Yare II, ubicada en el estado Miranda, alertando sobre la posible comisión de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los detenidos.
La organización, que monitorea la situación de los presos políticos en Venezuela, detalló que los reclusos estarían enfrentando una severa crisis alimentaria y constantes agresiones físicas.
Hambre y desnutrición
Según los testimonios de los familiares recopilados por el comité, los detenidos estarían pasando hambre debido a que la comida suministrada en el penal es catalogada como «muy mala e insuficiente». Indicaron además que los reclusos dependen casi por completo de los escasos alimentos que sus familiares logran ingresar durante las visitas, las cuales apenas duran 20 minutos y se realizan cada 15 días.
Golpizas y amenazas
La denuncia subraya un patrón de violencia sistemática dentro de Yare II:
- Agresiones físicas constantes: Se reporta que varios detenidos habrían sido golpeados de manera reiterada, recibiendo «tablazos y agresiones físicas constantes».
- Hematomas extensos: Como consecuencia de las golpizas, los presos presentarían «extensos hematomas en distintas partes de su cuerpo».
- Amenazas a familiares: La situación se agrava con el reporte de que los familiares de los presos han sido amenazados para que no denuncien las condiciones y los maltratos.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos enfatiza que estas prácticas son contrarias a la Constitución, el derecho internacional y las Reglas Mandela (Normas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos).
La organización exige al Ministerio Público (@MinpublicoVEN) y a la Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Vzla) que brinden atención inmediata a estas denuncias, garanticen la protección de los detenidos y sus familiares, e inicien una investigación urgente e independiente para determinar responsabilidades.
Finalmente, el Comité hizo un «urgente llamado a la comunidad internacional» —incluyendo organizaciones de derechos humanos, mecanismos multilaterales y gobiernos democráticos— a «alzar su voz» para acompañar a las familias y evitar daños irreparables a las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.
