¿Hasta dónde llega la nueva ley contra la piratería comercial?

En la antesala de la Navidad, la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión el Proyecto de Ley para Garantizar las Libertades de Navegación y Comercio frente a la Piratería, Bloqueos y otros Actos Ilícitos Internacionales, un instrumento legal que introduce penas de prisión de hasta 20 años y multas de magnitud inédita para quienes participen, directa o indirectamente, en acciones que afecten operaciones comerciales vinculadas al Estado venezolano.

La aprobación definitiva tuvo lugar el 23 de diciembre, apenas un día después de su primera discusión, según alertó la ONG Acceso a la Justicia, que advirtió sobre la ausencia de consulta pública, un requisito previsto en el artículo 211 de la Constitución para los proyectos de ley.

De lo que se conoce del texto aprobado, uno de los puntos más sensibles es el artículo 10, que amplía de forma significativa el espectro de conductas sancionables. La norma castiga no solo a quienes ejecuten actos de piratería o bloqueo, sino también a quien los «promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe» en ellos, cuando estén dirigidos contra personas jurídicas que mantengan relaciones comerciales con la República o sus entes.

Las sanciones previstas combinan penas privativas de libertad de entre 15 y 20 años con multas que van desde 100.000 hasta un millón de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

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El alcance de la redacción —amplia en los verbos y abierta en los sujetos— es lo que despierta mayor inquietud entre observadores jurídicos. Al no limitarse a actores directamente involucrados en actos ilícitos, la ley deja margen para interpretaciones extensivas sobre qué conductas podrían considerarse como favorecer o respaldar acciones contrarias a la navegación y el comercio.

Acceso a la Justicia recordó que, antes de su eventual entrada en vigencia, el instrumento debe ser promulgado por el presidente de la República y publicado en Gaceta Oficial.

El momento político en el que se aprueba la ley resulta revelador. La confiscación de buques petroleros venezolanos por parte de autoridades estadounidenses, bajo el argumento de violaciones al régimen de sanciones, reforzó en Caracas la narrativa de que el comercio exterior del país enfrenta actos de fuerza, bloqueo y apropiación de activos más allá de los cauces tradicionales del derecho internacional.

En ese contexto, la ley parece diseñada para endurecer el marco penal frente a cualquier colaboración —real o presunta— con acciones que interfieran el comercio venezolano, particularmente en sectores sensibles como el energético y el transporte marítimo.