La juventud venezolana, víctima olvidada de una crisis prolongada

La crisis social, política y económica que atraviesa Venezuela ha golpeado con especial dureza a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Según organizaciones como Provea y la ONU, este grupo enfrenta violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, en medio de un contexto donde la violencia y la represión se han normalizado.

La falta de acceso a la educación, la salud, la alimentación y los servicios públicos, junto con la pobreza y la desintegración familiar causada por la migración forzada, ha configurado un panorama alarmante. Estas condiciones ponen en riesgo la estabilidad física y emocional de toda una generación que crece marcada por la precariedad y el abandono institucional.

Sin datos, sin protección

Distintos informes de derechos humanos han advertido sobre la gravedad de la situación. Un estudio elaborado por Gloria Perdomo y Gustavo A. Páez S., titulado “Violencia contra la niñez y la juventud en Venezuela: víctimas ignoradas e invisibles”, denuncia que no existe un sistema oficial de información que permita monitorear las vulneraciones de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ).

“Ninguna institución oficial ha generado el sistema de información estadística sobre la situación de los derechos de la niñez. Tampoco las autoridades competentes presentan el informe anual que exige la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”, señala el documento.

Los investigadores subrayan que no hay publicaciones oficiales sobre la magnitud de las muertes violentas de menores ni sobre las medidas tomadas para garantizar su integridad personal.

Violencia y represión en aumento

En los últimos meses, se ha evidenciado un incremento en los casos de violencia escolar y maltrato infantil, difundidos a través de redes sociales. Aunque estas publicaciones buscan visibilizar la problemática, el régimen se ha convertido en uno de sus principales promotores al permitir, e incluso ejecutar, actos de represión contra jóvenes.

Durante 2024, Provea registró múltiples secuestros y detenciones arbitrarias de menores de edad. En su cuenta de X, la organización advirtió:

“Este fenómeno es nuevo y extremadamente preocupante”.

La Misión de Determinación de Hechos de la ONU reportó al menos 158 niños y adolescentes detenidos arbitrariamente tras la represión postelectoral. Algunos de ellos presentan discapacidades y fueron acusados de delitos graves como terrorismo e incitación al odio.

El abogado y director de Cecodap, Carlos Trapani, explicó en entrevista con el periodista Mario Villegas que los comportamientos violentos en la juventud son reflejo de los patrones que observan en los adultos.

“Nosotros, como adultos, modelamos comportamientos a través del discurso, la agresión, la postura y la forma en que resolvemos los conflictos. Luego nos preguntamos por qué ese adolescente actúa así, pero probablemente proviene de un entorno donde la violencia marca la pauta”, señaló.

Trapani advirtió que los discursos descalificativos y las amenazas de las autoridades también constituyen un tipo de modelado social.

“Debemos entender que el adolescente está en proceso de crecimiento y que aún podemos intervenir de manera positiva para revertir esa cultura de violencia que se ha enquistado”, agregó.

El especialista recordó que el 21 de abril de 2022 se aprobó, en primera discusión, el Proyecto de Ley de Convivencia Pacífica Escolar y Prevención del Acoso Escolar. Sin embargo, la iniciativa no ha tenido avances significativos desde entonces.

Impunidad y abuso de poder hacia la juventud venezolana

Los abusos cometidos por funcionarios públicos y figuras vinculadas al gobierno refuerzan el mal ejemplo hacia la juventud. En el estado Miranda, una profesora fue detenida tras un incidente con un estudiante, presuntamente por influencia del padre del menor, militante del PSUV, según informó el medio local Notituy24.

Estos casos reflejan cómo el uso del poder y la impunidad agravan un entorno ya deteriorado, donde las víctimas menores de edad carecen de canales efectivos de protección y justicia.

La situación de la juventud venezolana constituye una de las expresiones más graves de la crisis humanitaria que vive el país. La violencia, la represión y la ausencia de políticas públicas de protección han convertido a los NNAJ en víctimas olvidadas de un sistema que vulnera su dignidad y su futuro.

Frente a este panorama, organizaciones civiles y expertos coinciden en que urge reconstruir las instituciones de protección, fortalecer la educación en derechos humanos y promover espacios de convivencia pacífica. Solo así podrá la juventud venezolana recuperar la esperanza y reconstruir su proyecto de vida en libertad y seguridad.

Artículo escrito por Rosangel Mendoza para El Nacional