Venezolanos y cubanos, los más afectados por pagos de trámites migratorios congelados en EE UU

Una investigación del Instituto Cato advierte que miles de migrantes, en su mayoría provenientes de Cuba, Venezuela y Haití, estarían pagando tarifas por procesos migratorios que permanecen sin respuesta, en medio de las restricciones impuestas por la administración de Donald Trump. El estudio incluso apunta a un posible perjuicio económico cercano a los mil millones de dólares.

El informe, elaborado por el director de estudios migratorios del centro, David J. Bier, sostiene que el sistema está recibiendo pagos por servicios que, en la práctica, no se están prestando.
“El gobierno está cobrando tarifas a inmigrantes y patrocinadores estadounidenses por servicios que no tiene previsto prestar. Se quedó con su dinero y ahora ni siquiera tramita sus solicitudes; en muchos casos, se niega incluso a denegarlas”, denunció.

De acuerdo con el análisis, más de 1,2 millones de solicitudes de beneficios migratorios de ciudadanos de estos tres países se encuentran estancadas, dentro de un total que supera los dos millones de trámites detenidos. La mayor parte corresponde a solicitantes cubanos, con unas 935.000 peticiones, seguidos por venezolanos (239.000) y haitianos (81.000).

Entre los procedimientos afectados figuran autorizaciones de empleo, residencias permanentes por vínculos familiares o laborales, solicitudes de asilo, procesos de naturalización y distintos tipos de visas, tanto de trabajo como de turismo.

Corrupción diplomática

El informe también señala prácticas internas que agravan la situación. Según Bier, el Departamento de Estado habría instruido a su personal consular para no informar a los solicitantes que tienen prohibido el ingreso al país, lo que prolonga la incertidumbre de quienes esperan una respuesta.

En este contexto, el investigador califica el mecanismo como un “fraude masivo”, al considerar que el gobierno está percibiendo ingresos por trámites que no avanzan. Estima que el monto involucrado alcanza los mil millones de dólares, incluyendo 543 millones asociados a solicitudes de cubanos, 138 millones de venezolanos y 56 millones de haitianos.

Políticas Trump y Biden generan trabas burocráticas

El estudio atribuye esta situación a una serie de decisiones adoptadas durante la administración Trump. Una de ellas es una proclamación que restringe la entrada legal y la mayoría de las visas a ciudadanos de 40 países, ampliando medidas previas que ya afectaban a 19 naciones, aunque en ese momento se mantenían excepciones para familiares directos de ciudadanos estadounidenses.

Como resultado, gran parte de las solicitudes de visa, tanto de inmigrante como temporales, terminan siendo rechazadas, aunque, según el informe, los funcionarios no estarían orientando adecuadamente a los solicitantes sobre estas limitaciones.

A esto se suman memorandos firmados por el entonces director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, Joseph Edlow, que ampliaron el congelamiento del procesamiento de solicitudes y ordenaron revisar beneficios previamente aprobados durante el gobierno de Joe Biden.

Además, el Departamento de Estado suspendió el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, bajo el argumento de que estos recurren en mayor medida a la asistencia social. Esta medida, destaca el informe, no tiene una fecha clara de finalización.

En conjunto, estas políticas terminan afectando a ciudadanos de 92 países, quienes, en la práctica, enfrentan fuertes limitaciones para emigrar legalmente a Estados Unidos.

Según el Instituto Cato, la superposición de restricciones no sería casual, sino parte de una estrategia que incrementa las trabas burocráticas hasta desalentar a los potenciales migrantes de continuar con sus procesos.