En busca de justicia para las víctimas civiles de la guerra en Siria

ROMA –  Cuando el Ejército sirio lanzó su ofensiva contra el bastión de los rebeldes del FSA (Ejército Libre Sirio) en Homs, en febrero de 2012, la seguridad de los civiles no fue un factor a tener en cuenta.
Las fuerzas leales al presidente Bashar al Assad utilizaron sistemáticamente artillería pesada contra el barrio de Baba Amr, donde el FSA había establecido un consejo militar, al tiempo que mantenían la zona sitiada con tanques, helicópteros y miles de tropas terrestres.

Muchos civiles murieron durante el mes que duró la campaña y la mayoría de los edificios del barrio eran escombros cuando el Ejército sirio lo capturó el 2 de marzo de 2012.

Aquella toma no fue el fin de la violencia.

Las fuerzas de seguridad gubernamentales y las milicias «shabbiha» leales a Assad llevaron a cabo varias ejecuciones extrajudiciales.

Posteriormente, los ataques del ejército sirio siguieron el mismo patrón en otros lugares.

La ciudad de Ar Rastan, situada entre Hama y Homs, y localidades de la región de Al Houla, a unos 30 kilómetros al noroeste de Homs, experimentaron tácticas similares durante la primavera de 2012 con asedios, bombardeos indiscriminados y ejecuciones extrajudiciales en violación del derecho internacional humanitario.

Los oficiales del ejército sirio implicados en las atrocidades, en las que murieron o resultaron heridos miles de civiles, tenían motivos para creer que nunca se enfrentarían a ninguna consecuencia por sus actos.

Hasta ahora.

Este mes de abril ha comenzado ante el Tribunal de Distrito de Estocolmo el juicio contra un general de brigada que dirigía la unidad de armamento de la 11 división del III Cuerpo del Ejército sirio en Homs y Hama por su papel en los ataques perpetrados entre enero y julio de 2012.

Se le acusa de complicidad en crímenes de guerra y el juicio es el primero que se celebra en Europa sobre ataques indiscriminados contra civiles en el contexto de la guerra por el ejército sirio.

Como tal, es la primera vez que las víctimas de estos ataques pueden hacer oír su voz en un tribunal de justicia independiente y tener la oportunidad de recibir reparación», dijo a IPS la abogada Aida Samani, asesora jurídica principal de la organización de derechos humanos Civil Rights Defenders.

Añadió que «un veredicto de culpabilidad enviaría una señal más a los Estados que buscan normalizar las relaciones con Siria, de que el Estado al que se están acercando es uno que ha dañado y está dañando sistemática y deliberadamente a sus propios ciudadanos».

El acusado sirvió en el ejército sirio hasta julio de 2012, cuando desertó. En 2015  se trasladó a Suecia «y no hemos visto nada que sugiera que haya abandonado el país», dijo Samani.

«En 2018, la Agencia Sueca de Migración lo denunció a la unidad de crímenes de guerra de la Policía sueca alegando, basándose en información dada por el propio acusado, que había sido un oficial de alto rango dentro del Ejército sirio en un momento en el que el Ejército estaba cometiendo crímenes de guerra», agregó la abogada.

Explicó que la Corte Penal Internacional (CPI) no podía hacerse cargo del caso porque Siria no ha ratificado su estatuto y los intentos que se han hecho en el Consejo de Seguridad de la ONU para remitir la situación en Siria a la Corte han sido vetados por Rusia y China.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

«Esto significa que la única posibilidad que tienen actualmente las víctimas de recibir reparación es a través de los tribunales de países, como Suecia, que tienen una legislación que permite a sus autoridades procesar y condenar a personas por crímenes de guerra cometidos en el extranjero», dijo Samani.

Actualmente hay ocho demandantes en el caso, algunos de los cuales sufrieron heridas o perdieron familiares cercanos en los ataques, mientras que otros vieron destruidas sus casas.

La fiscalía ha citado a 15 testigos, entre ellos los presenciales que pueden hablar de los hechos en cuestión.

También personas con información privilegiada, principalmente desertores, que pueden declarar sobre la participación de la 11 División en los atentados, así como expertos que pueden explicar la estructura militar del ejército y cuáles habrían sido las responsabilidades del general de brigada.

Samani dijo que el caso también podría sentar un precedente que se utilizaría posteriormente en relación con lo que está ocurriendo en otros escenarios de conflicto, como Ucrania y Gaza.

«Casos similares relativos a ataques indiscriminados cometidos en otros países distintos de Siria podrían aparecer en los tribunales nacionales de toda Europa», afirmó.

Esto supone que hay suficientes pruebas en el caso y que se cumplen los requisitos procesales para que las autoridades investiguen, procesen y condenen a los presuntos autores.

T: MF / ED: EG