El presidente de Conindustria, Luigi Pisella, se reunió con los integrantes de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) de 2020 para presentarle las observaciones del gremio al proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, aprobado en primera discusión el pasado 25 de agosto.
Pisella pidió a los diputados, encabezados por el presidente de la Comisión de Finanzas Jesús Faría (Psuv), que se regulen no solo los tributos estadales y municipales, sino los nacionales por considerarse muy altos para la industria. Advirtió que ello «empuja» a las empresas a la informalidad, mientras que las que sí pagan sufren «una tributación enorme y están en riesgo».
Asimismo, señaló que la industria nacional compite en desventaja con los productos terminados que se importan y están exonerados de impuestos.
Piden incluir al sector privado
En líneas generales el gremio respalda la propuesta de ley, que según versiones extraoficiales obedeció a una solicitud de empresarios y comerciantes por los elevados impuestos que venían cobrando Gobernaciones y Alcaldías. Sin embargo, economistas y políticos han señalado que el Ejecutivo viola la autonomía municipal y estadal prevista en la Constitución al pretender centralizar el cobro de impuestos.
El proyecto de ley que de acuerdo con el chavismo busca «atacar caos» en el cobro de tributos estadales y municipales, contempla la creación de un Consejo Superior de Armonización Tributaria (artículo 26), integrado por representantes de tres gobernadores, tres alcaldes y autoridades del Poder Ejecutivo Nacional (Ministerio de Economía y Finanzas y el Seniat).
La instancia funcionará como un órgano de consulta para el ejercicio de las potestades tributarias de los estados y municipios, en coordinación con la política nacional y la aplicación de la ley.
Al respecto, Conindustria plantea que se debe incluir a tres representantes del sector privado, «que puedan aportar conocimientos, experiencias y situaciones del sector empresarial que coadyuve a la consecución de medidas y resultados positivos en este proyecto de Ley, su implementación y seguimiento».
Se acota en el documento, consignado a la AN con mayoría del chavismo, que dicha representación del sector privado será ejercida por personas designadas por los gremios empresariales con participación nacional.
Otro cambio a la propuesta de ley es la reducción de 3% (artículo 30) a 2% de los ingresos brutos obtenidos, de la alícuota del impuesto municipal a la actividad económica de industria, comercio, servicios o de índole similar.
«Debemos considerar que un tributo que tome como base los ingresos brutos, está afectando la generación directa de los recursos con los cuales se compran las mercancías, se pagan los sueldos y salarios y se genera la utilidad para realizar las inversiones necesarias para seguir trabajando y generando valor en el país, en función de este aspecto, 3% se consideraría un monto considerablemente alto», reza el documento.
El gremio de industriales alertó que la generación de alícuotas tributarias «tan altas», generan un efecto de incremento en los precios que perjudican al consumidor final, además de que, se señala, la industria no puede aumentar el precio de venta porque es sustituido por importaciones.
Incentivos a la generación de empleos
En el artículo 34, Conindustria propone que se incluya en las rebajas al impuesto sobre actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios y de índole similar, de al menos 30% del monto a pagar a aquellas personas que ejerzan actividades económicas en el estado o municipio y demuestren haber incrementado su plantilla de empleados en al menos 10%, comparado con el ejercicio anual inmediatamente anterior.
«Consideramos que se debe incluir incentivos a la generación de empleos dentro del municipio, considerando el empleo como fuente primordial de generación de ingresos a las familias», se añade en la propuesta.
En cuanto a las tasas de los impuestos por gestión integral de desechos sólidos, se propone que se tome en consideración la cantidad de desechos que por la naturaleza de la actividad económica se generan, «en la búsqueda de una adecuada contribución para aquellos que más desechos sólidos generan», es decir que paguen más los que generan más basura.
En el artículo 46 del proyecto de ley se establece que la tasa de gestión integral de desechos sólidos no puede exceder un monto en bolívares equivalente a 0,02 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) en el caso de contribuyentes residenciales y 0,04 para contribuyentes industriales o comerciales.
«Coincidencia»
Durante el encuentro en el Palacio Federal Legislativo este miércoles 7 de septiembre, Faría reiteró que el Ejecutivo camina hacia una reforma tributaria que cree un sistema nacional «viable, justo y socialista». Recalcó que el gobierno de Nicolás Maduro «hace esfuerzos para normalizar todo el tema impositivo».
Dijo que la AN de 2020 está dispuesta a elevar las recomendaciones al Ejecutivo, trabajar en el tema arancelario nacional y cómo puede resultar beneficiada la industria nacional. Expresó que existe coincidencia en darle «la mayor protección» a la industria criolla para que pueda recuperar la normalidad «luego del impacto del bloqueo» y fortalecerse ante la competencia internacional.
El exministro de Comercio Exterior advirtió a la representación de Conindustria que si bien el Ejecutivo está abierto a «corregir» todo lo que afecte al sector privado, va encaminado hacia una «economía mixta» en la que el sector privado tiene su función pero el Estado también.
Hizo votos además porque este tipo de diálogo se mantenga, así como la «convivencia pacífica y democrática» entre los privados y Miraflores.
«Esperamos que ese camino no se rompa en el futuro», agregó.
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
Publicado el: 2022-09-07 17:03:24
En la sección: Economía – Efecto Cocuyo